por
Janet Redman*
Parecería
ser que muy poco, tras dos semanas de negociaciones sobre el clima
donde importaron más los negocios que el clima, y donde hubo
más obstrucción deliberada que negociación.
El
abucheo sin precedentes a la subsecretaria para la democracia y
asuntos mundiales del Departamento de Estado estadounidense Paula
Dobriansky, fue mucho menos perturbador que los aplausos que
siguieron poco después. El dramático cierre de las
conversaciones ayudó a generar la impresión en la
opinión pública de que al haberse logrado consenso
sobre una hoja de ruta para las negociaciones de un tratado pos-2012,
algo útil había ocurrido en Bali.
de
Bali reafirma el poder de las grandes empresas y las instituciones
financieras globales que trabajan para ellas, sin comprometer a
ningún gobierno a reducciones tangibles de sus emisiones. La
afirmación de que Bali puede ser considerado un éxito
para aquellos que son más afectados por el cambio climático
– los residentes de los pequeños Estados insulares
amenazados por el ascenso del nivel de las aguas, los pobladores de
los bosques que enfrentan más pérdidas de tierras a
manos de las plantaciones de agrocombustibles-debe ser seriamente
cuestionada.
Más
comercio, más Banco
Las
propuestas de mitigación y adaptación al cambio
climático que se plantean en el acuerdo de Bali no son muy
detalladas, pero están lo suficientemente articuladas como
para que se pueda percibir que el comercio en créditos de
carbono, tanto a través de los mecanismos de Kioto ya
existentes como de los nuevos programas sectoriales previstos, será
probablemente el elemento central de un tratado mundial.
En
la hoja de ruta se esboza un Fondo de Adaptación que podría
reunir US$500 millones para 2012, y que sería administrado por
el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM o GEF por sus siglas en
inglés), en tanto que el fideicomisario sería el Banco
Mundial. Una de las propuestas sugiere aumentar las donaciones de los
países industrializados a ese Fondo, cobrándoles a tal
efecto un arancel de 2% sobre la recaudación de los proyectos
de compensación de emisiones de carbono (carbon
offset)
llevados a cabo en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio del
Protocolo de Kioto. Los partidarios y proponentes del Fondo de
Adaptación sostienen que al usar el MDL, los países
ricos se verían "obligados" a financiar proyectos de
energía limpia en los países más pobres.
El
capital total del Fondo es prácticamente insignificante al
lado de los US$50 mil millones que necesitará cada año
el mundo en desarrollo, según estimaciones de Oxfam, para
poder enfrentar los cambios en el clima. Pero al determinar que el
MDL es una de las principales fuentes de financiación para la
adaptación, el mandato de Bali perpetúa el comercio de
carbono como elemento en las futuras negociaciones. La propuesta
asegura que los países en desarrollo tengan un interés
creado cada vez mayor en el florecimiento de los mecanismos de
mercado, y asegura el rol del Banco Mundial en el establecimiento de
las reglas de ese mercado.
Aún
dejando de lado que el Banco ha continuado financiando a las
compañías de petróleo y gas con dineros públicos
por un monto que ronda los US$8 mil millones desde 2000 (82% de los
cuales se destinaron a proyectos de exportación de esos
productos a los países industrializados), la cartera
financiera de carbono actualmente existente en el Banco ha hecho muy
poco para mitigar el cambio climático o para apoyar el
desarrollo de energía sustentable para las 1.600 millones de
personas que no tienen acceso a la electricidad.
Hasta
la fecha, el Banco ha canalizado más de US$1.000 millones a
las industrias más destructivas del medioambiente en el Sur
global, provenientes de las compañías más
contaminantes en el Norte industrializado. Solamente un quinto de los
proyectos activos son de energía renovable, en tanto que el
80% de los fondos desembolsados han ido a parar a compañías
de carbón, metales, cemento y gas industrial. De toda la
cartera financiera de carbono del Banco, solamente el 2% de un total
de US$2 mil millones del capital reunido se ha asignado a proyectos
que contienen requisitos explícitos de desarrollo comunitario
sustentable.
El
código REDD
Considerando
los antecedentes tan poco alentadores del Banco Mundial, es
sorprendente que sea precisamente esta institución la que sea
llamada para hacerse cargo de llevar adelante una propuesta surgida
de las conversaciones de Bali para la reducción de las
emisiones derivadas de la deforestación y la degradación
de los bosques en los países en desarrollo (REDD).
La
inclusión de la REDD en la hoja de ruta establecida por los
delegados en Bali, básicamente integra los bosques al mercado
de carbono, pero no dice mucho respecto de cómo sería
el proceso mediante el cual se compensaría a los países
con bosques por detener o desacelerar la deforestación.
El
Banco Mundial ha irrumpido para orientar un mercado de créditos
de REDD a través de su nueva iniciativa para reducir las
emisiones de carbono mediante la protección de los bosques,
denominada Forest Carbon Partnership Facility (Fondo para Reducir las
Emisiones de Carbono mediante la Protección de los Bosques, o
FCPF por sus siglas en inglés). El FCPF seleccionará
algunos países para pilotear un enfoque del comercio de
carbono en base a programas. A diferencia del MDL, estos programas
establecerán metas de reducción a nivel nacional para
todo el sector forestal del país, en vez de fijar puntos de
partida y metas en función de cada proyecto.
Las
organizaciones de derechos de los Pueblos Indígenas y de
manejo sustentable de bosques han denunciado que no hay nada en este
Fondo que garantice que los beneficios de un esquema de comercio
forestal mundial lleguen a los pueblos de los bosques. En particular,
los opositores a este enfoque señalan que implica amenazas de
desplazamientos masivos, en la medida en que las compañías
se apresuren a adquirir tierras boscosas y los gobiernos a cambiar su
política pública para facilitar que las tierras vayan a
parar a manos de las industrias.
Los
inversionistas, por el contrario, están muy contentos, ya que
hace tiempo venían pidiendo que el Banco le diera coherencia a
todo el mercado de carbono, a fin de ayudar a disminuir los riesgos
de ingreso al mercado y los costos de las operaciones de los
proyectos de compensación de emisiones de carbono (carbon
offset).
Al avanzar hacia un enfoque sectorial, es posible estandarizar los
créditos para ramas industriales enteras.
El
Banco en realidad ya comenzó a diseñar un nuevo FCPF
para ampliar este enfoque programático a los mercados de
créditos de carbono generados a partir del desarrollo del
sector energético, gas flameante, eficiencia energética,
transporte y sistemas de manejo de desechos.
Vigilando
al banco
El
papel cada vez más importante que está jugando el Banco
Mundial para allanarle el camino al capital privado en un mercado de
carbono ampliado, no pasó desapercibido entre los grupos que
trabajan por la justicia climática presentes en Bali. Cientos
de activistas de distintos grupos de todas partes del mundo,
manifestaron en la calle durante el lanzamiento de FCPF. Los eventos
paralelos y conferencias de prensa del Banco Mundial estuvieron
condimentados por reclamos exhortando al Banco a que se retire del
mercado de carbono. A medida que avancen las negociaciones del clima
en los próximos dos años, será cada vez más
importante vigilar los programas del Banco para el clima, a fin de
garantizar que los mercados no sean los que determinen la forma que
adoptará el acuerdo internacional para contener las emisiones
de gases de efecto invernadero.
*
Janet Redman es investigadora de la Sustainable Energy & Economy
Network (Red de Energía y Economía Sustentable) en el
Institute for Policy Studies (Instituto de Estudios de Políticas)
en Washington, DC. Participó en Bali como ONG en calidad de
observadora de las negociaciones del Clima de la CMNUCC.
