ESTADO DE EMERGENCIA EN FILIPINAS: VUELTA AL FUTURO

por Herbert Docena*

El 23 de febrero, el mismo día en que los filipinos iban a conmemorar el 20 aniversario del levantamiento del “Poder Popular” que terminó con la dictadura de Ferdinand Marcos, se produjo el retorno de una dictadura al estilo Marcos, esta vez en un intento de impedir un nuevo “Poder popular”. Ese día, la Presidenta Gloria Macapagal Arroyo declaró el “estado de emergencia nacional” después de frustrar los planes de un grupo de soldados que pretendían traicionarla y unirse a los miles de opositores que se manifestaban en las calles.

Este clímax abortado no es más que el último episodio en una larga crisis política cuyos primeros fogonazos se advirtieron en junio de 2005 cuando se hicieron públicas grabaciones que al parecer probaban el fraude de Arroyo en las elecciones de 2004. Desde entonces, los llamados a su renuncia o su derrocamiento se han hecho sentir cada vez con más fuerza. En franco desafío a las restricciones impuestas por el gobierno, las manifestaciones opositoras han ganado las calles semana tras semana, y en algunos momentos todos los días. Se ha venido hilando una y otra vez una envolvente urdimbre de alianzas contra la Presidenta, todas con distintas configuraciones ideológicas.

Si bien esta última crisis en un inicio sólo tenía que ver con la supervivencia política de Arroyo, actualmente se está transformado en algo mucho más grande que el simple rechazo a la Presidenta. La salida a la luz del escándalo de las grabaciones pudo haber sido fácil de contener en sus primeras etapas, pero la confluencia de una serie de acontecimientos determinó que se entrara en un callejón sin salida que ha polarizado a las fuerzas políticas filipinas. El destino de Arroyo ahora es algo secundario. Por debajo de los planes de golpe de estado juegan las sombras, y las cambiantes alianzas en los días y semanas por venir no son más que una prolongación de la vieja lucha por el poder en Filipinas.

La democracia “light”
Después de la caída de Ferdinand Marcos en 1986, las élites conservadoras que gobiernan el país, ayudadas por los Estados Unidos, se movieron con rapidez para reinstalar el sistema político anterior a la dictadura que desde los tiempos de la colonia les había permitido asegurar firmemente su dominio económico sobre la sociedad.

Alertados por las lecciones de la dictadura de Marcos, y viendo que el autoritarismo no era necesariamente el método más efectivo para mantener su control colectivo del poder, los dirigentes de la élite restauraron las libertades civiles, pero restringieron la democracia a la simple contienda electoral que –en tanto la distribución de las riquezas y el poder en Filipinas está momificada- siguió estando estructuralmente sesgada a su favor.

Denominado por los académicos con distintos términos, “democracia de baja intensidad”, “democracia limitada” o “poliarquía”, el consenso posterior a 1986 se transformó en el punto central de la estabilidad, y al mismo tiempo, en la fuente de legitimidad de las élites gobernantes filipinas.

A través de las elecciones, las distintas facciones de la élite fueron capaces de administrar su competencia interna, y a la vez eludir a los elementos externos que no contaban con los recursos necesarios para oponérseles en las urnas. Aquellos que ganaron las elecciones fueron capaces de imponer obediencia a las masas -no por la fuerza como en una dictadura, sino recordándoles que ellos (los líderes) eran los elegidos por el pueblo.

Habiendo dominado al estado a través del proceso electoral, las élites gobernantes han enfrentado la oposición a su gobierno combatiendo con éxito las persistentes demandas de redistribución del poder, las riquezas y las oportunidades económicas.

He aquí una medida que da una idea general de la desigualdad arraigada en el país: al comienzo del primer levantamiento del “poder popular” en 1985, el 10% más rico de la población se adueñaba del 37% de los ingresos de la nación; el 20% más pobre apenas accedía a un 5%. Veinte años después, a juzgar por los últimos datos oficiales disponibles, el 10% más rico todavía controla el 36% -más de un tercio- de la “torta” nacional, mientras que al 20% más pobre le toca apenas una migaja del 5%.

Cuestionado desde afuera, derrumbándose en el interior
A pesar de sus fortalezas, también la inestabilidad ha sido una característica inherente al sistema político post-1986.

Por alguna razón, las masas no pudieron ser contentadas simplemente con las elecciones; también querían tener un plato de comida sobre la mesa, un techo para abrigarse, un trabajo para ganarse la vida – cosas que el orden político post-1986 no ha podido ofrecerle a la gran mayoría de filipinos. Veinte años después del levantamiento del “poder popular”, el 57% de los filipinos se siguen considerando pobres -un porcentaje ligeramente mayor que el 55% que se consideraba a sí mismo pobre en 1983. El desempleo ronda el 20% y unos 2000 filipinos abandonan el país diariamente para trabajar en el exterior. Está claro que el crecimiento económico no se ha permeado hacia la base de la pirámide, a pesar de todas las promesas de la globalización.

Este fracaso evidente en mejorar el nivel de vida de millones de filipinos –más que cualquier acusación de fraude o corrupción – ha erosionado considerablemente la legitimidad del orden político. Por otra parte, incluso cuando es el propio sistema el que amplía el rango de los excluidos y atiza el resentimiento, también ha tenido que ampliar las libertades, que a su vez han fortalecido los movimientos que llaman a desarrollar una democracia sustantiva –por oposición a la de “baja intensidad”. La apertura permitida por la democracia “light”, es irónicamente la que da cuenta de la continuidad del vigor de la izquierda en el país.

Cada vez más hostigadas por los actores políticos de la periferia, las élites políticas sufren además crecientes problemas a raíz de sus propias divisiones internas. Históricamente, la estabilidad interna dependía de lograr un consenso en torno a colocar los intereses colectivos de las élites por sobre los intereses estrechos de facciones particulares. Sin embargo, esto no es lo que ha venido pasando en los últimos tiempos.

En enero de 2001, las facciones de las élites desplazadas por la presidencia de Joseph Estrada se aferraron con furia generalizada a la acusación de corrupción en su gobierno, y se lanzaron a obtener el poder montadas en la ola de un nuevo levantamiento del tipo poder popular.

Acusada de manipular las elecciones de 2004 –y por haber sido tan descuidada como para ser pescada in fraganti en conversaciones privadas con funcionarios electorales que se suponían neutrales- Arroyo atrajo la ira de sus compadres dirigentes. Las otras facciones de la élite, por su parte, se han aferrado al tema del escándalo y ahora intentan voltear su presidencia. Sin embargo, la actitud de Arroyo de mantenerse a toda costa en su posición, ha tensado aún más los límites y las contradicciones del orden político establecido.

El frente dividido
El consenso político post-1986 está ahora bajo una presión sin precedentes. Debilitado por las disputas internas, el frente otrora unitario de las élites gobernantes se está desmoronando rápidamente. Con muy pocos avances económicos para mostrar en las últimas dos décadas, el gobierno encuentra dificultades para conseguir el apoyo de la clase media y las clases bajas. Es en este contexto más amplio que se desenvuelve la crisis política actual.

Debajo de la confusa telaraña de coaliciones y alianzas entre familias poderosas, políticos, facciones militares, grupos religiosos y organizaciones de la sociedad civil, la división política fundamental en Filipinas hoy es entre los que quieren preservar su posición de dominio en la sociedad y los que quieren desplazarlos. Superpuesta a esta polarización está la divergencia entre los que quieren salvar el sistema post-1986 y los que quieren desmantelarlo.

El problema de aquellos que quieren seguir prendidos al poder, sin embargo, es que las soluciones que han propuesto para la crisis actual han sido todas callejones sin salida.

Para desviar la atención de los reclamos de su dimisión, Arroyo ha estado impulsando revisiones de la constitución que, entre otras recomendaciones, proponen cambiar el sistema de gobierno de presidencial a parlamentario, lo que según los críticos podría incluso hacerlo más fácilmente manejable para las élites. La clase gobernante está preocupada por el poder que las elecciones presidenciales directas confieren a las masas, como lo demostrara la elección de Estrada –que, aunque era miembro de la clase gobernante, apeló a los pobres avivando sus resentimientos de clase, y, claramente, no fue ungido por las élites tradicionales.
 
No obstante, la solución constitucional propuesta por Arroyo no ha ganado apoyo político, y es improbable que logre superar la gran oposición que concita. Enfrentada con amenazas provenientes tanto de las otras facciones de élite como de la izquierda, Arroyo ha recurrido a medidas autoritarias, debilitando aún más el sistema de “democracia limitada” post-1986. La reimposición de lo que equivale a una ley marcial mediante la reciente declaración de “estado de emergencia”, y otras actitudes autoritarias señalan la voluntad del gobierno de Arroyo de recurrir a la fuerza cuando todo lo demás falla. [El estado de emergencia fue impuesto el 23 de febrero y levantado el 3 de marzo]

Asimismo, las facciones anti-Arroyo que también luchan para salvar el orden político actual, tampoco han acertado en sus intentos. Con el apoyo del electorado de derecha y centro, y de aquellos que se inclinan a la centro-izquierda, este agrupamiento político tan heterogéneo está representado por los Aquino [la dinastía familiar política simbolizada por Corazón Aquino, que fuera presidenta después de Marcos], la jerarquía católica, y la clase empresarial, e incluye además a social liberales y demócratas.

La mayoría de ellos se han juntado bajo las banderas del llamado Movimiento Blanco y Negro. Al comienzo, promovían la adhesión estricta al orden constitucional e inicialmente llamaban a que el Vicepresidente Noli de Castro reemplazara como sucesor a la presidenta. Sin embargo, esta propuesta ha sido dejada de lado porque de Castro sigue apoyando a Arroyo, y porque incluso en sus propias filas se lo considera un peso liviano que no garantizaría una defensa competente de sus intereses.

Más adelante apoyaron los procedimientos para la censura de la presidenta el año pasado. Después de que esta movida fuera bloqueada por los legisladores leales a Arroyo, que todavía dominan el Congreso, algunos comenzaron a promover la realización de elecciones especiales. En pocas palabras, la continuidad del sistema de democracia electoral post-1986, pero sin Arroyo en el timón.

En transición
Del otro lado de esta división aguda están los que buscan desmantelar completamente el sistema. Aunque tienen distintas motivaciones, tácticas y alternativas políticas, han llegado a una conclusión compartida: sus soluciones exigirán una intervención extra-constitucional y no estarán sujetas a los parámetros del sistema político post-1986.

En uno de los extremos de este espectro están los que sienten que no se puede confiar en la llamada “democracia limitada” para la preservación del orden, porque la apertura solamente ha servido a los llamados “comunistas” y a las élites corruptas. En este campo encontramos facciones civiles y militares de derecha que pretenden establecer una junta militar o cívico-militar, así como facciones pertenecientes al gobierno de Arroyo que promueven medidas represivas más allá de las que admite formalmente la llamada democracia de “baja intensidad”.

Otro punto en este continuo es la alianza táctica entre los grupos de oposición de la élite anti-Arroyo, en su mayoría grupos de derecha ligados a Estrada, pero donde también están algunas personalidades muy conocidas con antecedentes de izquierda, algunos de ellos asociados al Partido Comunista de Filipinas (CPP). Agrupados en el Movimiento Solidaridad, convocan a crear un “consejo de transición” que estaría compuesto por los políticos de la oposición y algunos líderes del partido.

Los políticos aparentemente ven esto como una forma de recuperar el poder y restaurar la democracia de élite bajo su mando. El CPP, por su parte, presumiblemente lo considera una oportunidad para infiltrarse en las más altas jerarquías del estado, incluso mientras sigue implementando su estrategia militar de cercar las ciudades separándolas del campo y tomando el poder a través de la insurrección armada.

Bajo la bandera de la izquierda también se encuentra la coalición Laban ng Masa (Lucha de las masas). Convocan a crear un “gobierno revolucionario de transición” (GRT) -donde no participen las fuerzas de la élite conservadora. Esta coalición paraguas reúne un grupo de fuerzas políticas de izquierda muy diverso: leninistas junto a movimientos sociales autónomos y organizaciones no gubernamentales, maoístas junto a formaciones de partidos de izquierda que no consideran la toma del estado como la prioridad, socialistas, liberales de izquierda, verdes y otros.

La mayoría de los bloques políticos que componen la coalición se separaron del CPP en la década de 1990, y éste es el nivel de unidad táctica y política más alto que han logrado desde entonces.

De acuerdo a la coalición, el objetivo del GRT es instituir cambios económicos y políticos que hasta ahora han sido resistidos por las élites, tales como la reforma agraria y la revisión de las políticas económicas neoliberales, como las privatizaciones y el libre comercio. Luego, una vez que se cumplan sus condiciones, se retomarían las elecciones..

”La aprobación de Estados Unidos”
Mientras los diferentes grupos y facciones luchan por el poder, la Embajada de los Estados Unidos se ha transformado en un destino muy popular. “Lo que todos están tratando de hacer”, declaró en confianza uno de los secretarios del gabinete que renunciara recientemente para unirse al movimiento anti-Arroyo, “es conseguir la aprobación de Estados Unidos”. Ni siquiera el gobierno se hace ilusiones respecto a lo que puede hacer la embajada: “Si los estadounidenses deciden retirarle el apoyo a la presidenta de Filipinas, se derrumba”, reconocía el ex-jefe de personal del presidente, Rigoberto Tiglao. [1]

Esto ha sido corroborado históricamente. Filipinas fue una colonia estadounidense hasta 1946, pero incluso después de ese año, Washington ha intervenido regularmente en su política financiando candidatos y grupos de su preferencia, conduciendo grandes operaciones encubiertas, y ayudando a la realización de elecciones montadas de antemano.

En 1950, en un documento del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos se establecía que entre las metas de los Estados Unidos en el país estaba el mantener “un gobierno eficiente que preserve y refuerce la orientación pro estadounidense”. En 1972, los Estados Unidos apoyaron una declaración de ley marcial debido a que, según lo expresara un senador estadounidense, “las bases militares y un gobierno de confianza en Filipinas son más importantes que la preservación de las instituciones democráticas”.

Cuando finalmente Marcos dejó de ser un “activo” político para pasar a ser un “pasivo” para los Estados Unidos, Washington inmediatamente transfirió su apoyo a las facciones anti-Marcos de la élite, buscando unificarlas, y asegurar que sus convocatorias se dirigieran al movimiento anti-dictadura.

Todas estas estrategias resultaron cruciales para garantizar que el resultado del poder popular no fuera perjudicial para los intereses estadounidenses. Qué tan bien está jugando su mano en esta crisis Estados Unidos posiblemente no se sepa en años. Sin embargo, desde que comenzó la crisis, los funcionarios estadounidenses han declarado reiteradamente que se oponen a que se repita otra instancia de “poder popular”.

Cansados pero más sabios
A menos que Arroyo renuncie voluntariamente o se avenga a los planes de las contra-élites para preservar el orden político actual, la mayoría de los grupos que buscan derrocar a la presidenta sigue promoviendo otro levantamiento del tipo del “poder popular” para forzar la transición política. Si el resultado de un nuevo levantamiento popular es la realización de elecciones anticipadas, la creación de un consejo de transición o de un gobierno revolucionario de transición, todavía no está claro. Hasta ahora, los dos elementos críticos de los levantamientos exitosos del pasado están todavía aparentemente ausentes: el apoyo del ejército y cientos de miles de personas en las calles.

En el ejército se aprecian grietas. El gobierno puede haber frustrado los últimos intentos de golpe de estado de algunas facciones militares, pero no ha puesto punto final a la inquietud en los cuarteles.

Y las fisuras en la sociedad se reflejan cada vez más en la cadena de mando. Se informa que está surgiendo un bloque nacionalista, y según algunos progresista, compuesto mayoritariamente por oficiales jóvenes. Pero al igual que fuera de los cuarteles, los militares se dividen entre los que están comprometidos con la defensa del orden político existente y aquellos que quieren reconstruirlo. La pregunta es, ¿quién golpeará primero y quién quedará en pie?
 
Hasta ahora, la única fuerza política que ha sido capaz de llenar las calles en forma sostenida, aunque a escala limitada, es la izquierda organizada. Algunos analistas atribuyen el rechazo del público a sumarse a estas manifestaciones, a lo que llaman “fatiga del poder popular”, y consideran esto como una aprobación implícita a Arroyo y al régimen político existente.

La otra explicación, sin embargo, es que la gente no está cansada, simplemente es más sabia. Han visto que los levantamientos anteriores solamente condujeron a reemplazar una facción de la élite por otra, y han sido testigos de que no ha habido ningún cambio real en su bienestar económico, y es posible que estén reacios a apoyar una nueva vuelta del carrusel de los de arriba. Si esto es así, entonces simplemente están esperando por la razón justa y el momento justo para salir.

Nota 1. Raymond Bonner y Carlos H Conde, “In Manila, US drawn into fight”, New York Times, 23 de Julio de 2005.

* Herbert Docena es investigador asociado a Focus on the Global South, una organización de investigación. Una versión de este artículo fue publicada originalmente en Asia Times Online, 3 de marzo, 2006.

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