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por
Shalmali Guttal*

Cada
año, el Banco Mundial (el Banco) canaliza entre US$18 y 20 mil
millones hacia los países en desarrollo a través de
préstamos y donaciones que tienen como objetivo declarado
disminuir la pobreza y fomentar el crecimiento económico. El
Banco siempre actúa conjuntamente con su agencia "hermana",
el Fondo Monetario Internacional (el Fondo), incluso en países
que ya no solicitan apoyo ni préstamos del Fondo. No toda la
ayuda y el financiamiento del Banco están destinados a los
gobiernos. Un monto considerable va dirigido directamente al sector
privado, especialmente a las grandes compañías, en la
forma de préstamos, asistencia técnica y mitigación
de riesgos de inversión.

Respaldo
para los ricos

A
lo largo de sus más de 60 años de existencia, el Banco
se amplió y dejó de ser una única institución,
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Ahora está integrado por cinco instituciones, cada una de
ellas dedicada a un área específica de operaciones.(1)
Éstas incluyen financiamiento y otras ayudas de auxilio y
rehabilitación; infraestructura institucional y física
para sectores como la energía, el transporte, la industria
extractiva y las telecomunicaciones; la reestructuración de
sectores claves como la salud, la educación, el agua y la
agricultura para transformarlos en sectores privados orientados al
mercado; el desarrollo del sector privado; y la mitigación de
los riesgos de inversión que corren las empresas privadas. A
pesar de los escándalos recientes, el Banco es una institución
poderosa. Para los países que son sus clientes, el Banco es,
en la mayoría de los casos, virtualmente la única
puerta de acceso al comercio internacional, la financiación
para el desarrollo y el capital de inversión privado. El Banco
deriva su poder y sus agendas políticas de sus accionistas más
ricos -los gobiernos que conforman el G-7,(2) que usan
sistemáticamente al Banco para asegurarle a sus respectivas
empresas transnacionales lucrativos negocios comerciales y de
inversión en los países en desarrollo.


La
influencia de las grandes empresas en y a través del Banco se
manifiesta de distintas formas. Las más obvias son las ayudas
que reciben las empresas privadas a través de tres de las
instituciones especializadas del Banco: la Corporación
Financiera Internacional (CFI), el Organismo Multilateral de Garantía
de Inversiones (OMGI) y el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

La
CFI es el brazo del Banco para el sector privado y la mayor fuente
multilateral de financiamiento de capital accionario y préstamos
para las empresas privadas en los países en desarrollo, a
nivel mundial. La CFI dice respaldar el desarrollo económico,
el empleo y la reducción de la pobreza, promoviendo para ello
los mercados abiertos, competitivos y eficientes y brindando apoyo
directo a las compañías privadas en los países
en desarrollo. Ha desarrollado una amplia variedad de herramientas y
servicios para permitir que las empresas privadas puedan administrar
los riesgos de inversión y ampliar su acceso a capital y a los
mercados en los países en desarrollo. El Banco y la CFI
crearon además un servicio de ‘respuesta rápida en
materia de conocimiento' (Rapid
Response knowledge initiative),
que se especializa en brindar asesoramiento con respecto a las
reformas del clima de negocios y las políticas de
privatizaciones en los países en desarrollo. Este mecanismo
mantiene un servicio de blog en internet denominado "Desarrollo del
Sector Privado (Private
Sector Development
– PSD) -un enfoque de mercado para pensar el desarrollo", que
promueve su ideología pro-mercado y pro-empresarial.(3)


Una
mirada más de cerca a las operaciones de la CFI muestra que
gran parte del apoyo que brinda está destinado a grandes
empresas bien financiadas, y no a empresas locales de pequeño
porte. A través de la CFI, las grandes compañías
obtienen acceso a enormes contratos gubernamentales para proyectos de
infraestructura y prestación de servicios y otras
oportunidades de inversión relativamente libres de riesgo. Las
comunidades locales, por otra parte, tienen poca posibilidad de
intervenir y decidir, y ningún beneficio en estas inversiones,
ya que las salvaguardas sociales y ambientales son invalidadas cada
vez más a menudo, en aras de las exigencias de lucro de las
empresas.


El
OMGI les presta algunos de los servicios más importantes a las
empresas privadas, mitigando los riesgos políticos de la
inversión privada en los países de alto riesgo, bajos
ingresos y que están afectados por conflictos. El fuerte del
OMGI es el riesgo político y el riesgo soberano, que incluye
las acciones gubernamentales que puedan amenazar las ganancias de las
empresas. Las garantías que ofrece el OMGI contra el riesgo
protegen la inversión privada de las empresas contra las
pérdidas que pudieran resultar de una expropiación de
activos o el incumplimiento de contratos, o en casos de guerra y
revueltas civiles, inclusive insurrecciones, golpes de Estado,
revoluciones, sabotajes y terrorismo. Este organismo se enorgullece
de ser líder de la industria de seguros de riesgo político,
y colabora con aseguradores privados y públicos para "alentar
a los aseguradores del sector privado a que establezcan transacciones
que de otra forma no hubieran asumido".(4) Los beneficiarios del
OMGI son generalmente empresas transnacionales que operan en sectores
tales como el agua, la energía, el petróleo y el gas,
las telecomunicaciones, los automotores, el agronegocio y el turismo
de lujo.


El
OMGI también brinda servicios de "mediación de
diferencias", tarea en la cual complementa al CIADI, que oficia
como un tribunal privado, casi secreto para resolver las
controversias entre Estados e inversionistas privados. El CIADI fue
recientemente foco de atención pública debido a la
demanda que entablaron las empresas Bechtel y Aguas del Tunari contra
Bolivia, por la rescisión del contrato de privatización
del agua en la ciudad boliviana de Cochabamba. Una campaña
internacional multitudinaria y bien coordinada contra Bechtel obligó
a la empresa a aceptar un arreglo por 30 centésimos. Pero el
caso llamó la atención de la opinión pública
mundial sobre el sistema de cortes comerciales a puertas cerradas que
administra el Banco, y que mayoritariamente apuntan a proteger los
derechos de los inversionistas privados o empresariales en sectores
cruciales para el interés público como el agua, la
electricidad, las telecomunicaciones, el petróleo, el gas
natural y la minería.


Apoyo
a las corporaciones disfrazado de "desarrollo"

Menos
llamativas, aunque más insidiosas y penetrantes son las
prescripciones políticas pro-empresariales que acompañan
el financiamiento del Banco a los llamados proyectos y programas de
"desarrollo", a través del BIRF y la Asociación
Internacional de Fomento (AIF). Especialmente notorios son los
paquetes de reforma económica que buscan instalar gobiernos
pequeños, eficientes y amigables con las empresas para que
establezcan economías capitalistas favorables a las empresas.
Estas reformas, conocidas primero como Programas de Ajuste
Estructural (PAE) y luego redefinidas como "estrategias de
reducción de la pobreza", están diseñadas para
abrirle a la inversión extranjera los mercados y economías
de los países receptores de préstamos, a través
de la liberalización del comercio y las inversiones, y la
privatización de las empresas de servicios públicos,
las empresas estatales de comercialización y demás
empresas estatales, y la desregulación financiera. Las
reformas también exigen la eliminación de los subsidios
cruzados para los pobres y las protecciones para los trabajadores y
los productores y empresas nacionales, y el drástico recorte
de los programas sociales financiados por el Estado -incluidos los
de salud, educación, agua potable y saneamiento.


Aunque
el objetivo declarado de su "financiamiento para el desarrollo"
es aliviar la pobreza, aumentar el empleo, y elevar los niveles de
vida estimulando un rápido crecimiento económico, los
proyectos y programas del Banco en realidad benefician mucho más
a las empresas privadas, los contratistas y las firmas de
consultores, antes que a los pobres. El impulso del Banco a la
liberalización del comercio, conjuntamente con la eliminación
de los apoyos destinados a los productores y las empresas nacionales,
les permiten a las empresas extranjeras el acceso irrestricto a los
mercados de los países en desarrollo en sectores cruciales
como la agricultura, los servicios y la industria. Con su insistencia
en que los países prestatarios rebajen sus reglamentaciones en
materia laboral y ambiental y establezcan sistemas impositivos y
regímenes de propiedad favorables a las empresas, el Banco
virtualmente les asegura a los inversionistas privados un pasaje
gratis, a costa de las comunidades locales, los trabajadores y el
medioambiente.


La
creencia casi religiosa del Banco en la mercantilización y la
privatización ha sido sumamente funcional a los intereses de
las empresas. Independientemente del tema o sector del que se trate
(agua, electricidad, comercialización agrícola, salud,
educación, etc.), el Banco exige el retroceso del Estado y el
avance del mercado. La privatización incluye una serie de
medidas: desde la desagrupación (o desglose) de las
operaciones de la empresa pública y la tercerización de
estas operaciones desglosadas, a la venta final de la empresa
pública, sea en forma total o parcial. El paquete incluye
contratos de "asistencia técnica" prestada por privados y
adquisición de bienes y servicios secundarios. Aunque el Banco
insiste en que la compra y la contratación son
responsabilidades de la agencia de implementación (5)
(habitualmente un departamento gubernamental), los activos
privatizados y los contratos de construcción, consultoría
y adquisición, son, en general, entregados a empresas,
contratistas y firmas de consultoría de gran tamaño que
conocen bien las normas del Banco en materia de licitaciones y
contratación pública o compras del Estado.

 

La
simbiosis entre el Banco y las empresas puede verse claramente en las
industrias de la biotecnología y de los agroquímicos.
Las políticas agrícolas del Banco prácticamente
han sido redactadas por empresas como Monsanto, Aventis, Novartis y
Dow. Incluso aunque el Banco haya ampliado su discurso sobre la
sustentabilidad ambiental en la década de 1990, en los hechos
sus proyectos siguen promoviendo un mayor acceso de los productores
agrícolas a los agroquímicos y a las semillas
transgénicas. En ese período, el Banco también
emprendió asociaciones empresariales con casi todas las
empresas principales de plaguicidas y de biotecnología, a
través de un programa de intercambio de personal en el que
participaron 189 empresas, gobiernos, universidades y agencias
internacionales. Un analista de mercadeo de Aventis (ahora Bayer
CropScience) pasó casi cuatro años en el BIRF
elaborando la posición de ese organismo sobre biotecnología
agrícola y estrategias de promoción financiera a través
de la CFI. El máximo responsable de relaciones públicas
de Novartis (ahora Syngenta) pasó un año trabajando en
estrategias de extensión para la unidad de desarrollo rural
del Banco. Los funcionarios del Banco colocados en Novartis y Rhone
Poulenc Agro (ahora parte de Bayer) a fines de la década de
1990, le brindaron a esas empresas asistencia en asuntos regulatorios
en materia de biotecnología y sobre asociaciones para el
desarrollo rural. El Banco adaptó entonces sus estrategias
agrícolas para adecuarse a las necesidades de las compañías
líderes en biotecnología y agroquímicos, las
cuales, por su parte, ganaron acceso a la elaboración de
políticas públicas en los países en desarrollo a
través del auspicio del Banco.(6)

El
pensamiento pro-empresarial está profundamente arraigado en el
Banco. Muchos de los presidentes del Banco y gran parte de su
personal de dirección provienen del sector empresarial, y las
"soluciones de mercado" constituyen un elemento predominante de
las estrategias del Banco para abordar virtualmente cualquier
problema, desde la deforestación, al calentamiento global o la
escasez de agua o alimentos. La visión del desarrollo que
predomina en el Banco es una visión capitalista en la cual el
papel del gobierno es crear un ambiente propicio para que florezca el
sector (empresarial) privado y para que el mercado solucione los
temas cruciales del acceso y la distribución. En los proyectos
de las grandes usinas hidroeléctricas, por ejemplo, el Banco
brinda habitualmente asistencia a los gobiernos receptores y a los
contratistas privados en la preparación y movilización
de las finanzas del proyecto: contrata firmas de consultoría
privadas para que trabajen en conjunto con los departamentos
gubernamentales en el diseño y mecanismos de implementación
del proyecto, moviliza la financiación del proyecto (a través
de la CFI) y asegura los préstamos (a través del OMGI u
otras instituciones asociadas aseguradoras de riesgo). Los costos de
la mitigación de los impactos ambientales y sociales quedan a
cargo del gobierno y la sociedad, y los términos del
financiamiento y las garantías del proyecto generalmente
favorecen a las compañías privadas, más que al
interés general más amplio.


El
Banco está orgulloso de su apoyo a las grandes empresas y a
los inversionistas privados, como puede apreciarse en el sitio web
del OMGI:

"Nuestra
presencia en un proyecto de inversión literalmente puede
transformar un ‘no hay caso' en ‘manos a la obra'. Actuamos
como un elemento de disuasión potente contra las acciones de
los gobiernos que pudieran afectar negativamente las inversiones. E
incluso si surgen controversias, nuestra influencia en los gobiernos
receptores frecuentemente nos permite solucionar las diferencias
dejando conformes a todas las partes".(7)

Desde
hace varias décadas, el Banco usa el desarrollo y la reducción
de la pobreza como cortinas de humo para fomentar los intereses de
las grandes empresas. Ha utilizado su posición como acreedor
preferencial y coordinador de la asistencia en los países en
desarrollo para crear oportunidades de negocios para que las
empresas, los contratistas y los consultores privados puedan lucrar
con las crisis y las necesidades estructurales de los países
en desarrollo. Evidentemente, para desmantelar el poder de las
empresas sobre los bienes públicos, los servicios y los bienes
comunes será necesario desmantelar también al Banco
Mundial.


*
Shalmali Guttal es directora asociada de Focus
on the Global South


Notas
1.
El Banco está conformado por cinco instituciones que
colectivamente forman el Grupo del Banco Mundial: el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la
Asociación Internacional de Fomento (AIF), la Corporación
Financiera Internacional (CFI), el Organismo Multilateral de Garantía
de Inversiones (OMGI) y el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Es posible acceder a
información sobre las 5 instituciones en el sitio web del
Banco Mundial www.worldbank.org

2.
El G-7 está integrado por Estados Unidos, Canadá, Gran
Bretaña, Francia, Italia, Alemania y Japón.

3.
http://psdblog.worldbank.org/

4.
http://www.miga.org/sitelevel2/level2.cfm?id=1069

5.http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:20060540~menuPK:84282~pagePK:84269~piPK:
60001558~theSitePK:84266,00.html
6.
The World Bank and the "Next Green Revolution": Devastating
IMF/World Bank sponsored environmental projects in the name of
progress. Brian Tokar. Green Tide. Z Revista en línea, abril
2004, Volúmen 17, Número 4.

http://zmagsite.zmag.org/Apr2004/tokar0404.html
7.
http://www.miga.org/sitelevel2/level2.cfm?id=1069