LA RECONSTRUCCIÓN: UN PARADIGMA EMERGENTE

por Shalmali Guttal*

A lo largo de las dos últimas décadas, la reconstrucción pos-guerra o pos-conflicto ha surgido como el marco esencial para el establecimiento de sistemas de políticas neoliberales en los países recién liberados (como Timor Oriental), países que salen de largos períodos de conflictos violentos (como Camboya, Haití, El Salvador y Nicaragua), y países sometidos a agresiones y ocupación extranjera (como Afganistán e Iraq). También es posible encontrar muchos elementos de estos sistemas de políticas en aquellos países que están atravesando cambios estructurales en sus sistemas políticos y económicos, como los países de Asia Central y el sudeste de Asia Continental.

Aunque la reconstrucción de las comunidades y sociedades después de períodos de crisis grave, levantamientos y conflictos armados no es un fenómeno nuevo, los elementos políticos y económicos recurrentes del modelo de desarrollo prescrito por los actores externos, en el nombre de la “reconstrucción” y la “construcción nacional” tienen todas las características de un paradigma emergente.

La reconstrucción involucra literalmente todo, desde la desmovilización de los grupos armados y el mantenimiento de la paz, hasta la redacción de nuevas constituciones, la formulación de nuevas leyes y el rápido diligenciamiento de la inversión extranjera. En Camboya, Timor Oriental, Haití, El Salvador, Nicaragua, Iraq o Afganistán, los elementos que van configurando el modelo de reconstrucción emergente son más o menos los mismos. Generalmente incluyen: una misión liderada por las Naciones Unidas para instalar una administración transitoria o “de transición”, el mantenimiento de la paz y la coordinación de los donantes; esfuerzos para dar forma a los perfiles de “liderazgo” nacional, a través del apoyo a las actividades electorales, constitucionales y de buen gobierno; el desarrollo de planes sectoriales nacionales, políticas económicas y fiscales y la capacidad gubernamental e institucional mediante la intervención de expertos extranjeros; la transferencia de los servicios esenciales al sector privado; y la presencia de muchísimas organizaciones no gubernamentales (ONG) conjuntamente con la aparición de las nuevas organizaciones de la sociedad civil (OSC), participando en distintas actividades, desde el microcrédito y la atención primaria de la salud hasta la capacitación en democracia y derechos humanos.

La similitud entre los programas de reconstrucción en los distintos países no es para nada una coincidencia. Por el contrario refleja una planificación conciente y deliberada realizada por una serie de actores que se han dado a sí mismos la responsabilidad de definir el desarrollo y la seguridad para el resto del mundo. Los esfuerzos de reconstrucción actuales son liderados conjuntamente por un grupo de actores que tienen roles distintivos pero que a menudo se superponen: las naciones donantes ricas del Norte, las instituciones financieras internacionales (IFI), las Naciones Unidas y otras agencias intergubernamentales, las fuerzas de seguridad multilaterales, las agencias de desarrollo y de ayuda humanitaria, las empresas privadas y las ONG nacionales e internacionales. La reconstrucción se financia en gran medida a través de donaciones y préstamos multilaterales y bilaterales. Los fondos para la reconstrucción no se dan gratuitamente. Vienen acompañados de condiciones que ponen los donantes y los acreedores. Los gobiernos de los países que están en proceso de reconstrucción generalmente tienen poca ingerencia en las prescripciones políticas que se les imponen, aunque muchos de los jerarcas de estos gobiernos están más que dispuestos a colaborar en la imposición de sistemas económicos y políticos que los ayuden a acaparar poder, influencias y riquezas.

 

Los dogmas fundamentales de los programas de reconstrucción simultáneos, derivan de la ideología neoliberal y enfatizan la rápida integración de los mercados nacionales al mercado global, el flujo libre del capital, las privatizaciones, la desregulación y una reorientación general de las responsabilidades del Estado hacia la protección y facilitación de las condiciones del libre mercado como forma de generar ganancias, que en gran parte van a parar a manos de actores del sector privado que están fuera del país y a consolidar las elites nacionales. Aunque el hilado fino del modelo de reconstrucción que se aplica en cada país puede variar en algún punto que otro, los sistemas y las estructuras generales que definen el modelo son las mismas, sin importar las diferencias históricas ni los distintos contextos políticos y económicos de los países afectados.

 

Por otra parte, el éxito o el fracaso de la reconstrucción se evalúa, no por los niveles de seguridad económica, social, política y física de las poblaciones nacionales, sino por la velocidad y alcance del cumplimiento de normas determinadas externamente, tales como la estabilidad de la economía de mercado, la gobernanza, la democracia liberal, etc. Las condiciones de la soberanía nacional las fijan aquellos que envían los dineros para la reconstrucción, no los gobiernos democráticamente electos ni el empoderamiento de los ciudadanos, y se asegura así la continuidad del control de los recursos y la dirección política del país en manos de poderes extranjeros.

Creando Estados fracasados

Los países objeto de los programas de reconstrucción son vistos en general por el establishment internacional del desarrollo, como Estados fracasados. Esto significa que los aparatos del Estado son incapaces de ejercer control pleno sobre sus respectivos territorios, no pueden cumplir con sus obligaciones legales ni con las pautas de desarrollo nacionales e internacionales, carecen de sistemas judiciales nacionales eficientes que puedan asegurar “el imperio de la ley”, no demuestran cumplir con los requisitos de la “democracia liberal, y son incapaces de impedir que sus territorios sean utilizados para perpetrar delitos económicos y de otro tipo.(1)

Aunque la guerra, los conflictos armados internos y los levantamientos originados por cambios políticos y económicos violentos producen estructuras e instituciones nacionales débiles y a menudo disfuncionales, la imposición de un orden político y económico neoliberal como condición para el financiamiento de la reconstrucción, debilita las capacidades nacionales en tal medida, que determina que los países en los que se lleva adelante la reconstrucción continúen padeciendo el fracaso del Estado. Las aspiraciones de las poblaciones locales de conseguir paz, seguridad social y económica y estabilidad política devienen de segundo orden en la visión de los arquitectos de la reconstrucción. El proyecto de “construcción de la Nación” queda cautivo de los intereses económicos y geopolíticos de aquellos que financian y dirigen la reconstrucción, en especial los países del G7 y fundamentalmente los Estados Unidos (EE.UU.).

 

Hablando de la reconstrucción de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, Alejandro Bendaña expresa “en estos casos, como en otros en el resto del mundo, la “construcción de la Nación” se redujo al seguimiento de un patrón económico y político cuyo diseño se origina fundamentalmente en las instituciones financieras con sede en Washington. Por ende, somos testigos de la transformación de naciones-Estados y naciones en construcción, en Estados nacionales neoliberales”. (2) Un estudio sobre las tendencias en la asistencia al desarrollo y a la emergencia en Camboya en el período 1992-1995 concluye que: “lamentablemente, el flujo de ayuda en los períodos de crisis no necesariamente se ajusta a las necesidades y la capacidad de absorción del país receptor, por el contrario, tiende a estar en mejor sintonía con las necesidades políticas de los donantes que buscan manifestar su política exterior”. (3)

Una pregunta que al parecer tanto los donantes como las instituciones multilaterales odian enfrentar, es quién determina  y sobre qué bases que uno u otro Estado o régimen carece de legitimidad. A pesar de la ilegalidad obvia de la guerra liderada por los Estados Unidos contra Iraq y los posteriores intentos de saqueo de los recursos de ese país bajo la bandera de la reconstrucción, la entrega de apetecibles contratos por parte de la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA por sus siglas en inglés) en Iraq para favorecer a las corporaciones transnacionales no fue cuestionada por su falta de ética, ni por Naciones Unidas ni por los países donantes. Varias compañías europeas incluso presionaron a sus respectivos gobiernos para que adoptaran actitudes conciliadoras hacia los Estados Unidos y su “coalición de la buena voluntad”, de forma de volverse elegibles para obtener una parte del pastel que constituye la reconstrucción de Iraq. El respaldo del enviado de Naciones Unidas Lakhar Brahimi a la elección del Primer ministro y otros funcionarios principales del gobierno interino de Iraq a cargo del Consejo de Gobierno, una institución controlada por los Estados Unidos, fue interpretada por el movimiento pacifista progresista como un ‘maquillaje azul’ o legitimación de Naciones Unidas a la invasión y ocupación ilegal de Iraq.

 

Las teorías sobre el fracaso del Estado elaboradas por las instituciones académicas dominantes, los centros de estudios estratégicos (think tanks) y las agencias donantes ignoraron consistentemente las causas sistémicas de este fracaso y los ciclos de empobrecimiento y conflicto que las acompañan. El desangrado de la riqueza nacional a través de las estructuras coloniales de producción, el peso aciago del repago de la deuda, y los programas de ajuste estructural impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) no figuran, en general, en los análisis del crecimiento económico negativo, la profundización de la pobreza y el mal gobierno de los llamados Estados fracasados. Tampoco las transformaciones radicales de las economías nacionales y las estructuras de gobierno introducidas por las presiones políticas y económicas internacionales. Se nos exhorta a que nos convenzamos de que los países de África, América Central y Asia tienen gobiernos corruptos e irresponsables, carecen de “imperio de la ley”, no responden a sus ciudadanos y son susceptibles de actividades terroristas dentro de los límites de sus territorios, porque todavía no han desarrollado los requisitos de las democracias liberales ni las estructuras de mercado de Occidente. Los iraquíes tienen hambre y no están satisfechos, no debido a los diez años de sanciones económicas opresivas, sino debido a que Saddam Hussein era un dictador. Los palestinos son pobres e inseguros, no porque sus derechos a la tierra, a la soberanía y a la autodeterminación hayan sido violados por la expansión de los asentamientos israelíes, sino porque la Autoridad Palestina es incapaz de contener a los grupos insurgentes integrados por suicidas.

Un tema recurrente en las discusiones sobre el fracaso del Estado es el abuso del poder del Estado en manos de las elites gobernantes, la ausencia de adhesión al “imperio de la ley” y la necesidad urgente de una buena gobernanza eficiente. Aunque el abuso del poder del Estado es un problema grave en los países que están en proceso de reconstrucción, no es atributo exclusivo de sus elites gobernantes. Muchos gobiernos del Norte y otros -especialmente los Estados Unidos- han apuntalado a los regímenes dictatoriales, y han actuado en connivencia con ellos a fin de favorecer intereses creados. Desde 1950 y hasta 1975, los Estados Unidos financiaron operaciones encubiertas y facciones del gobierno del la República Democrática Popular de Laos (RDP Laos), de Camboya y de Vietnam, en su intento por contener la expansión del comunismo. Después de que el Khmer Rouge fue desterrado del poder por fuerzas dirigidas por vietnamitas en 1978, los Estados Unidos, en colaboración con los militares tailandeses, abrieron un canal encubierto de ayuda hacia las regiones controladas por el Khmer Rouge a lo largo de la frontera entre Tailandia y Camboya, prolongando de esta forma una situación de conflicto interno en un país que salía de tres años de reino genocida a cargo del Khmer Rouge. En 1979, el ex Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos Zbigniew Brzezinski declaró “yo alenté a los chinos a apoyar a Pol Pot. Pol Pot era abominable. No podríamos apoyarlo nunca, en cambio China sí”. De acuerdo a Brzezinski, los Estados Unidos “hicieron una guiñada, semi pública” para que China y Tailandia brindaran asistencia al Khmer Rouge. (4)

Los Estados Unidos, muchos gobiernos europeos y países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) mantuvieron lazos económicos y diplomáticos con Indonesia durante el régimen del Presidente Suharto. Ahora es de conocimiento público que gran parte del dinero canalizado al gobierno de Suharto por los países donantes y el Banco Mundial se utilizó para reprimir brutalmente a los disidentes civiles y políticos de Indonesia, y para financiar las acciones militares indonesas en Timor Oriental, Papua Occidental y Aceh (5). Irónicamente, estos mismos actores exigen ahora que Timor Oriental, Camboya, Vietnam y la RDP de Laos adhieran a los principios de los derechos humanos y la democracia. Escribiendo sobre las intervenciones militares, políticas y económicas de los Estados Unidos en Afganistán, Iraq, Vietnam y Haití -todas países etiquetados como Estados fracasados- Rick Salutin destaca que “Haití a menudo ha fracasado, pero rara vez el Estado haitiano fracasó solo. En el mundo real -personal o político- casi nadie fracasa solo”. (6)

 

La falta de dimensiones históricas e internacionales en los análisis sobre el fracaso del Estado, hace que estos análisis sean en realidad ideológicos, y consiguientemente las soluciones que proponen son también más ideológicas que inspiradas en fundamentos de la economía política de los conflictos y sus impactos sobre los Estados y los pueblos. De acuerdo a la “lógica” que se aplica, si los donantes pueden atribuir la violencia y la pobreza a la corrupción de las elites nacionales codiciosas y la ausencia de “buena gobernanza” -según la define el Banco Mundial-, entonces, seguramente la solución debe ser insistir en que los países que atraviesan el proceso de reconstrucción apliquen las condiciones de gobernanza que prescribe el Banco Mundial. El modelo del Banco Mundial de gobernanza exige a los gobiernos desarrollar sistemas legales y administrativos favorables al sector privado y al mercado, que creen un ambiente “facilitador” para la inversión extranjera. La gobernanza no le exige al Estado que fracasa que priorice las necesidades de desarrollo de su propio pueblo, creando puestos de trabajo y suministrando alimentos y salud accesibles, protegiendo a sus productores de las importaciones baratas, o regulando las actividades del capital extranjero mediante las leyes nacionales. La soberanía es una gran idea mientras asegure que la nación en lucha acepte su subordinación al capitalismo global y utilice el poder del Estado para implementar las reformas del libre mercado.

 

Paraísos de la privatización

Una tendencia emergente en la teorización pos-conflicto es la de “normalizar” las situaciones de inestabilidad prolongada, de forma que el desarrollo se pueda poner en práctica sin la existencia de un Estado coherente o “bien afirmado”. (7) El Banco Mundial, las agencias de las Naciones Unidas y los gobiernos donantes están satisfechos de traspasar las actividades de desarrollo a los actores privados, con el argumento de que los gobiernos débiles, disfuncionales y autoritarios son incapaces de asumir sus compromisos con el desarrollo nacional. Las responsabilidades inherentes a proporcionar servicios, ayuda humanitaria e incluso seguridad y administración de conflictos pasan de forma rutinaria a las corporaciones y las ONG nacionales e internacionales.

En Camboya, las ONG nacionales surgieron como una condición impuesta por la ayuda para el desarrollo de los donantes durante la primera fase de la reconstrucción liderada por la Autoridad de Transición de Naciones Unidas en Camboya (UNTAC por sus siglas en inglés). Mientras la UNTAC estaba ocupada intentando desmovilizar los soldados, establecer la ley y el orden, repatriar refugiados y establecer una administración civil, el trabajo del desarrollo fue transferido a las ONG internacionales. Rápidamente resultó evidente para los donantes que las actividades de desarrollo administradas solamente por las ONG internacionales contradecían los reclamos de sustentabilidad y generación de capacidad nacional. Así surgieron entonces las presiones para que el Reino de Camboya crease un marco legal para la formación de ONG nacionales capaces de recibir la ayuda para el desarrollo directamente de los donantes. De 1992 en adelante, las ONG nacionales e internacionales participaron en una gran variedad de actividades desde la eliminación de minas y la ayuda a la emergencia, hasta la creación de escuelas y hospitales, proporcionando capacitación laboral y administrando bancos de micro-crédito. En el período 1992-1995 se gastaron enormes sumas de ayuda para el desarrollo provenientes de los donantes, pero gran parte de este dinero no fue canalizado por el gobierno camboyano. De acuerdo a un estudio de los flujos de ayuda durante ese período, montos sustanciales de la ayuda, ni siquiera se gastaron dentro del país y los fondos fueron manejados mayoritariamente por extranjeros.

“En el apuro por repatriar a los pobladores de la frontera entre Tailandia y Camboya y poner en marcha los esfuerzos de rehabilitación, la participación de la burocracia gubernamental fue prácticamente ignorada. En efecto, se creó una estructura paralela conformada por ONG, agencias multilaterales y consultores que realizó muchas de las tareas que normalmente asumía el personal del Estado. La premura de los donantes para implementar programas de emergencia de gran costo entró, irónicamente, en conflicto con la lentitud del proceso de reconstrucción de las instituciones de la sociedad necesarias para manejar eficientemente la asistencia”.(8)

Una década después, en Timor Oriental se puede observar la aplicación de un modelo similar, salvo que allí, la participación de los consultores, “expertos” y firmas privadas especializadas es infinitamente mayor que la de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) si analizamos la canalización de los fondos de las donaciones destinadas a la rehabilitación de la infraestructura del país y a dotar de “apoyo técnico” a todos los sectores y ministerios. Muchos servicios que brindaba el Estado han sido tercerizados a firmas privadas y es común ver que quienes llevan adelante funciones gubernamentales clave son extranjeros. Aunque los timoreses coinciden con que las organizaciones y el personal local con capacitación y experiencia para poder satisfacer las necesidades de desarrollo del país son ciertamente insuficiente, nadie deja de reconocer que la reconstrucción de Timor Oriental es una gigantesca fuente de recursos para la industria de la reconstrucción internacional.

Más lejos hacia el oeste, en Iraq, ha nacido otro tipo de tercerización: la privatización de la seguridad. El asesinato en público de cuatro guardias de la seguridad privada en Fallujah en marzo de 2004 expuso ante la opinión pública mundial la masiva presencia de mercenarios en Iraq. La CPA que cumpliera las funciones del poder administrativo en el país hasta la instalación del gobierno interino, atrajo a miles de militares de las compañías militares privadas (PMC por sus siglas en inglés). En mayo de 2004, el Departamento de Estado de los Estados Unidos registró más de 25 PMC actuando comercialmente en Iraq, la mayoría de ellas de origen estadounidense o británico. (9) Entre éstas se encuentran Blackwater, DynCorps, Kellog Brown and Root (KBR), Control Risks, Global Risk Strategies y Erinys. Las PMC han prestado servicios de seguridad a los principales integrantes de la CPA, al igual que a corporaciones de primera línea como Bechtel y Halliburton.

De acuerdo a algunos investigadores, el contingente militar privado desplegado en Iraq no tiene precedentes, ni en su escala ni en su variedad. Bajo la engañosa etiqueta de “contratistas civiles”, las PMCs ofrecen servicios de personal de seguridad, guardias de embarques de alimentos, líneas de oleoducto e instalaciones militares, alimentos y alojamiento para las tropas de la coalición, mantenimiento de sistemas de armas clave, y cada vez más, participan directamente en las batallas contra la resistencia iraquí en lugar de los soldados de la coalición. (10) Al aumentar los costos de la actividad comercial en un Iraq crecientemente inseguro, también aumentan las ganancias de las PMCs. Y los futuros fondos multi-millonarios en miles de dólares para la reconstrucción de Iraq del Banco Mundial y Naciones Unidas probablemente irán a engrosar estas ganancias aún más.

 

La política de la democracia

Los países que atraviesan la reconstrucción han sido considerados Estados fracasados, o su diagnóstico indicaba que iban camino al fracaso del Estado. En consecuencia, los donantes han identificado la “promoción de la democracia” como una actividad de alta prioridad y la misma tiene un papel prominente en todos los programas de reconstrucción.

A comienzos de la década de 1990 en Camboya, los donantes bilaterales y la autoridad de transición (UNTAC) gastaron  decenas de millones de dólares en la preparación de las elecciones en el país. Tanto la “educación en derechos humanos” como la “educación para la democracia” fueron elementos clave de este trabajo preparatorio, llevado adelante por ONG internacionales con el objetivo de educar a la población camboyana en las bases de la democracia liberal y las nociones liberales de la “buena gobernanza”. Los camboyanos, que salían de más de treinta años de conmoción política instigada y manipulada por las fuerzas políticas externas estaban comprensiblemente confundidos con esta promoción de un nuevo sistema de gobierno político y económico -otro más-  por parte de un nuevo grupo de actores externos -otro más. Considerando su larga experiencia de primera mano de violencia física y represión política, no necesitaban aprender cuáles eran sus derechos; tenían mucho más interés en saber qué iba a hacer la comunidad internacional para garantizarles esos mismos derechos -antes que nada el derecho a la autodeterminación y la justicia. A la fecha, esa garantía sigue siendo esquiva.

 

En Timor Oriental, las vanguardias de la promoción de la democracia son USAID -el brazo internacional de asistencia del gobierno estadounidense-el Instituto Republicano Internacional (IRI) y el Instituto Democrático Nacional (IDN). El IRI y el IDN son los brazos de política exterior del Partido Republicano y el Partido Demócrata estadounidenses respectivamente, y ambos son parte de un grupo paraguas fundado en los Estados Unidos por el Fondo Nacional para la Democracia, una organización cuasi gubernamental. Son los mismos grupos que estuvieron involucrados en un intento de golpe contra el gobierno de Chávez en Venezuela y del exitoso golpe contra Aristide en Haití. (12). USAID financia grupos de medios de comunicación no gubernamentales, OSC que trabajan en la reforma legal, capacitación de los medios de comunicación e investigación de políticas, y las estructuras nuevas de los partidos políticos que conforman la oposición al FRETILIN, el partido gobernante en Timor Oriental. Las actividades de “promoción de la democracia” han profundizado las tensiones y la desconfianza entre FRETILIN, los partidos de oposición y las OSC locales. En 2003, existían fuertes rumores en Dili, la capital de Timor Oriental, de que el IRI estaba apoyando un gobierno paralelo en el país. Muchos vieron la implementación de una ley de inmigración represiva que prohibía a los extranjeros participar en actividades políticas como una respuesta directa de FRETILIN a la intervención política del IRI. (13)

La creciente participación de las ONG en la promoción de la democracia dirigida por los donantes indica un pasaje desde las actividades de desarrollo humanitarias más convencionales al reino de la política. Basado en su experiencia en Afganistán, Conor Foley sostiene que es cada vez más difícil para las ONG argumentar que su trabajo no está relacionado con la política.

 

 “Desde el advenimiento de la administración Bush y el 11 de septiembre, el “espacio humanitario” en el cual los trabajadores de la asistencia pueden operar se ha venido reduciendo consistentemente. Durante la década de 1990 algunas ONG se apartaron de su posición tradicional de neutralidad, exigiendo la intervención militar de Occidente, en función de razones humanitarias, en ciertas circunstancias. Los trabajadores de la asistencia cooperan actualmente con los militares en zonas de conflicto y pos-conflicto por necesidades prácticas. El Departamento para el desarrollo internacional de Gran Bretaña vincula la asistencia humanitaria  a objetivos tales como la restauración de la paz y los derechos humanos. El gobierno de los Estados Unidos ha llamado, en forma incluso más abierta, a las ONG a colaborar con los objetivos de la política exterior de su país; en Iraq, la asistencia humanitaria ha sido politizada a una escala sin precedentes y su imparcialidad está muy cuestionada”. (14)

Desde la década de 1990, las ONG internacionales de los países ricos han actuado crecientemente como distribuidores semi-oficiales de la ayuda y la asistencia humanitaria sustituyendo a las instituciones bilaterales y multilaterales. En Afganistán, como en todos los demás lugares, las ONG internacionales han asumido la responsabilidad por las funciones típicas del Estado como los servicios públicos, la salud y la educación. Los gobiernos donantes canalizan un monto significativo de la ayuda humanitaria a través de sus ONG nacionales. Si bien esta asistencia es extremadamente necesaria a nivel local, la gran dependencia de los programas de ayuda, respecto de los fondos gubernamentales de los donantes, los hace extremadamente susceptibles  a la intervención y manipulación política. No es sorprendente que la gente en Afganistán, Iraq y Timor Oriental vean a muchas ONG como vehículos de los objetivos de la política exterior de sus respectivos gobiernos extranjeros, disfrazados de reconstrucción y desarrollo.

 

Lluvia de beneficios institucionales y económicos

La reconstrucción proporciona excelentes oportunidades para que las instituciones multialerales y las IFI, incluyendo a las agencias de Naciones Unidas, como UNICEF, el PNUD y el Programa Mundial de Alimentos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), generen nuevos roles para sí mismas y mantengan su irrelevancia institucional a raya. En un clima económico mundial de aumento de los flujos del capital privado, su participación en los programas de reconstrucción nacional, garantiza la puesta en marcha de cambios estructurales y de políticas que se adecuen a los intereses de los países donantes ricos y poderosos, y que den forma a los “marcos del desarrollo nacional”.

Acompañada con la construcción de la paz nacional, la reconstrucción -tal como la aplican en general las organizaciones multilaterales y los donantes- tiende a ser un proceso extremadamente centralizado, impuesto desde el exterior, dirigido por la oferta e intervencionista.(15) Ayuda a la formación de las nuevas elites nacionales que -en conjunto con actores externos- son las que pondrán los cimientos para la generación de un ambiente de políticas neoliberales, que facilite la expropiación de la riqueza nacional por parte de extranjeros y de los intereses privados nacionales. También proporciona una vía cuasi-legítima para que los países ricos y poderosos consoliden su control sobre los recursos naturales y las oportunidades económicas en regiones enteras -como en el caso de Estados Unidos en relación a las reservas de petróleo de Asia Central y Medio Oriente.

El Banco Mundial es una de las instituciones más influyentes involucradas en la reconstrucción. El Banco ve la prevención de conflictos y la reconstrucción pos-conflictos como un aspecto crucial de su misión de reducción de la pobreza. Los estatutos del Banco le permiten “ayudar a la reconstrucción y desarrollo en territorios de sus miembros, facilitándoles la inversión de capital con propósitos productivos, incluyendo la restauración de las economías destruidas o distorsionadas por la guerra [y] la reconversión de las infraestructuras productivas conforme a las necesidades de los tiempos de paz”. (16) El Banco está jugando un rol significativo en la conformación de las políticas económicas y sociales del desarrollo en Afganistán, Camboya, la región de los Grandes Lagos en África, los Balcanes, Liberia, Nepal, Sierra Leona, Timor Oriental, Sri Lanka, la Margen Occidental del Jordán y la franja de Gaza y otras áreas destrozadas por la guerra.

 

En Haití, un ‘marco de cooperación interina’ (Cadre de Coopération Intérimaire-CCI) fue redactado en abril-mayo de 2004 a puertas cerradas por 300 consultores mayoritariamente no haitianos, muchos de ellos funcionarios de USAID y el Banco Mundial. La publicación del plan se realizó a continuación de la asunción del poder por parte del Primer Ministro haitiano Gerard Latourte y sus ministros, que fueron elegidos por un “Consejo de Eminencias” de ocho miembros respaldado por los Estados Unidos, Francia y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  El plan social y económico de dos años establece un marco para la reconstrucción de Haití, que se implementará bajo la protección de una misión de mantenimiento de la paz que contará con 8.000 efectivos de seguridad.

Muchos haitianos han denunciado el plan como “colonialismo disfrazado”, debido a sus recetas económicas neoliberales y al papel de las instituciones externas, en particular el Banco Mundial, en la formulación del mismo. El grupo de “expertos” que elaboró el plan no consideró necesario consultar a la diversa y extensa sociedad civil haitiana, que abarca sindicatos, asociaciones de campesinos, grupos de mujeres, ONG, cooperativas de productores, y muchas otras asociaciones – para elaborar un plan destinado a la reconstrucción de su país. Los opositores al programa denuncian que la CCI “refuerza las estructuras y las forma de dominación [extranjera ] en Haití”. (17)

El propio Banco ha reconocido que “la mitigación de los efectos de la guerra” da cuenta de alrededor del 16% del total de sus préstamos. (18) Tiene una unidad especial dedicada al diseño de programas para países afectados por conflictos (la Unidad de Prevención de Conflictos y Reconstrucción) y un fondo especial para brindar financiación para la reconstrucción en “sociedades pos-guerra” (el Fondo pos-conflictos). Además ha elaborado una Política operativa (PO) sobre “Cooperación para el Desarrollo y Conflicto (PO 2.30) donde se establece el alcance y los términos de las intervenciones de la institución, que explícitamente abre las puertas para que el Banco trabaje en la prevención de conflictos. (19). En combinación con la política del Banco referida al “trato con los gobiernos de facto” (PO 7.30), pone en evidencia que el Banco puede intervenir en países donde no está claro quién detenta el poder y le permite al Banco ofrecer donaciones a pedido de la comunidad internacional “adecuadamente representada” (por ejemplo por agencias de las Naciones Unidas). Esto significa que el Banco Mundial (y el FMI) pueden operar en un país en el cual no exista un gobierno soberano, como en el caso de Iraq y hasta hace muy poco tiempo, Afganistán. En el caso de Iraq, sin embargo, las intervenciones del Banco hasta ahora se han limitado a la “evaluación de las necesidades” (20)

 

Para poder ampliar su trabajo de reconstrucción el Banco desarrolló “nuevos productos” para aquellas situaciones en que los instrumentos normales no son aplicables. Éstos le permiten al Banco posicionarse anticipadamente en la formulación del camino de desarrollo del país afectado. En algunos países que salen de un conflicto, el Banco Mundial prepara una Estrategia de Apoyo de Transición (TSS por sus siglas en inglés). Se trata de un plan de reconstrucción general de corto a mediano plazo, a través del cual el Banco puede proporcionar donaciones y préstamos de recuperación de emergencia. Angola, Macedonia, Kosovo, Timor Oriental y la República Democrática Popular del Congo, son todos países que cuentan actualmente con una TSS. Además el Banco ha establecido y gestiona los fondos fiduciarios conjuntos de los donantes, en países como Afganistán, Kosovo y Timor Oriental y en la Región de los Grandes Lagos en África (21). Más recientemente, comprometió US$ 660 millones para ayudar a Indonesia, Sri Lanka y las Maldivas a “realizar la transición desde los esfuerzos de asistencia al desastre, hacia la reconstrucción” tras la devastación provocada por el tsunami el 26 de diciembre de 2004. Se espera que la asistencia financiera y el apoyo técnico pos-tsunami del Banco, cuyos recursos provienen fundamentalmente de la Asociación Internacional de Fomento (AIF o IDA por sus siglas en inglés), la institución de préstamos blandos del Banco, aumenten con el tiempo. (22).

Un área importante en la que participan el Banco Mundial y el FMI es la programación y supervisión del repago de la deuda. En Afganistán, los donantes se movieron con rapidez para garantizar la condonación de la mora de la deuda, como forma de crear las condiciones para nuevos préstamos. Las donaciones bilaterales administradas por el Banco Mundial “se llevaron lo mejor antes de que el remanente se pusiera a disposición del gobierno afgano”. (23). En Timor Oriental, tanto el Banco Mundial como el BAD, han presionado al gobierno para que pase de las donaciones a los préstamos, argumentando que la reconstrucción del país no puede financiarse sólo con donaciones. El BAD ha declarado que los préstamos que ofrecería al gobierno timorés serían prácticamente “dinero gratuito” debido a las bajas tasas de interés y a los cronogramas de pago muy favorables. Sin embargo, como lo saben todos aquellos que vigilan a las IFI, el peligro de estos préstamos no reside en los números, sino en las políticas que debe adoptar el país prestatario como condiciones prescriptas por el préstamo, para poder recibir ese “dinero gratuito” (24)

 

En noviembre de 2004, el Club de París de Acreedores acordó anular una parte de la deuda de Iraq en tres etapas (25). El primer 30% (US$ 11.600 millones) se anulará incondicionalmente. Un segundo 30% se reducirá una vez que se apruebe el paquete de reformas del FMI. Y el 20% final será condonado después que el FMI certifique que Iraq ha puesto en práctica fehacientemente el paquete de reformas. Iraq le debe menos al Club de París (unos US$ 42.000 millones) que a varios gobiernos árabes (unos US$ 80.000 millones). Sin embargo la anulación de la deuda asegura que el futuro económico del país será definido por las naciones del Club de París, particularmente por los Estados Unidos, actuando a través del FMI y el Banco Mundial. Los iraquíes, incluyendo la Asamblea Nacional Iraquí han rechazado este acuerdo, argumentando que las deudas de Iraq son “odiosas” -es decir que son ilegítimas y fueron utilizadas contra los intereses del pueblo iraquí. Al mismo tiempo, la legitimidad de la Asamblea Nacional -un organismo creado en el marco de un proceso político desarrollado bajo la ocupación extranjera- está en sí misma en cuestión. La opinión de los iraquíes comunes, que tienen que pagar las deudas pasadas y las futuras, y además cargar con los costos de la reconstrucción, a través de los negocios en los que se premia a los ocupantes, no parece interesar demasiado en las deliberaciones del cartel internacional de la deuda.

En todos los programas de reconstrucción del Banco Mundial está presente la aplicación inmediata de las reformas del libre mercado, que incluyen disposiciones legales respecto de la inversión extranjera, la repatriación plena de las ganancias de los inversionistas extranjeros, los derechos de propiedad privada, cero subsidio a los alimentos y los servicios esenciales, y ahora, el ambiguo concepto de “gobernanza”. En un estudio sobre la participación de las IFI en Afganistán, Anne Carlin destaca que las IFI buscan “nuevas líneas de negocios” en un momento en el que los grandes prestatarios como India y China se vuelcan a otras fuentes para financiar grandes proyectos (26).

El lenguaje que se usa en algunos documentos del Banco Mundial -“nuevos productos para una nueva era”- se asemeja más al de una estrategia comercial que al de la asistencia al desarrollo. Las reformas en curso en Afganistán incluyen una ley sobre inversión privada y extranjera que “haga expeditivo el proceso de inversión, otorgue exenciones impositivas en base a los términos de inversión, exceptúe de impuestos a algunas exportaciones, y permita la repatriación de fondos libre de impuestos” (27). Es dudoso que los afganos obtengan algún provecho de esta actividad comercial.

Las políticas orientadas al mercado libre que reclaman el Banco Mundial, el FMI, el BAD y otros donantes como condición para financiar la reconstrucción han transformado a la reconstrucción en un negocio extremadamente lucrativo para las propias IFI, las agencias bilaterales e internacionales de asistencia técnica, los “expertos” en el desarrollo, las ONG internacionales y las elites nacionales que se embolsan grandes ganancias a cuenta de la reconstrucción de economías y sociedades. También han sido causantes del aumento de la desigualdad, el empeoramiento de las condiciones de vida y la polarización social entre las poblaciones locales que no tienen los conocimientos profesionales ni la influencia política para poder beneficiarse de las nuevas oportunidades de mercado que ofrece la reconstrucción.

 

A comienzos de la década de 1990 en Camboya, se podía encontrar médicos, maestros y técnicos calificados trabajando en empleos de servicio o apoyo, mientras la reconstrucción de su país era planificada por profesionales extranjeros con altos honorarios. Después de la elección de 1993 y la formación de un gobierno nacional, el salario mínimo mensual de un funcionario del gobierno de nivel medio no excedía los US$ 40, en tanto que un puesto equivalente en una organización internacional podía representar un ingreso 100 veces superior. Los funcionarios del gobierno tenían que encontrar medios de empleo adicionales para complementar sus magros ingresos. Muchos iniciaron ONG locales y /o empresas paralelas para poder acceder a una parte de los fondos de la reconstrucción aportados por los donantes. En Timor Oriental, está surgiendo un escenario similar, en el que los donantes y el Banco Mundial insisten en que los salarios del gobierno se mantengan bajos para poder garantizar la “sustentabilidad” y evitar que los gastos del gobierno engorden. Estos mismos principios, sin embargo, no son al parecer aplicables a la asistencia internacional ni a la industria de la reconstrucción.

En los países que están bajo el proceso de la reconstrucción es posible apreciar las características de lo que podríamos llamar la “economía de la reconstrucción”, donde los alimentos, la vivienda, los servicios, las instalaciones de recreación y las oportunidades de negocios, abundan para el personal internacional a cargo de mantener la paz, los administradores, los profesionales del desarrollo y la seguridad, las ONG y las empresas contratistas, mientras que la mayoría de la población local lucha contra una infraestructura disfuncional, la inexistencia o la mala calidad de los servicios, empleos sin perspectiva o sencillamente el desempleo. Hay un desarrollo explosivo de los servicios y la construcción orientado y producido por extranjeros, que genera algunas pequeñas bolsas de riqueza en las ciudades capitales y en las áreas selectas dedicadas al turismo y la recreación, en tanto que la economía del resto del país se cae a pedazos. La disparidad obvia que produce esta economía en los niveles de vida, contribuye al aumento de la delincuencia, el malestar social, los conflictos por la tierra, el agua y los demás recursos naturales, y las tensiones en la comunidad, que amenazan a transformarse en situaciones de conflicto y violencia graves. 

 

La violencia de la reconstrucción
Los programas de reconstrucción pos-guerra y pos-conflicto están generalmente atados a las iniciativas de paz y resolución de conflictos lideradas por las Naciones Unidas y los donantes, en las cuales la finalización de los conflictos y la construcción de la paz se asimila al cese formal de las hostilidades y el establecimiento de mecanismos de resolución de conflictos, nuevas políticas económicas, nuevas instituciones y capacidades, y nuevas estructuras para el ejercicio de la autoridad en los países afectados. En la mayoría de los casos, un proyecto de reconstrucción va de la mano de un acuerdo o convenio de paz, que, en palabras de Alejandro Bendaña, es en sí mismo un “texto cargado de valores que abunda en referencias a los principios de los derechos humanos universales, informados por las memorandos dedicados a la paz con justicia, donde se establecen los pasos y etapas específicos para lograr la justicia en términos de democratización política y económica”. (28)

Una hipótesis conveniente asumida por muchos actores involucrados en la reconstrucción pos-guerra es que el cese formal de hostilidades entre las partes beligerantes significa el fin de la violencia y el comienzo del desarrollo. Refiriéndose a los convenios de paz firmados en El Salvador en 1992, Bendaña observa que “Al momento de firmar, quizá todos los actores nacionales y externos creyeron que la democracia y el desarrollo fluirían naturalmente de la firma de los convenios de paz como marco vinculante. Sin embargo, las buenas intenciones no producen situaciones de ganancia mutua porque la implementación completa y contundente de los convenios, como en Guatemala y otros lugares, involucra una “pérdida” para la elite tradicional propietaria de la tierra y el sector empresarial. (29) Bendaña señala que el Frente Farabundo Marti Para La Liberación Nacional (FMLN) y sus simpatizantes visualizaron un acuerdo de paz que contemplara los asuntos económicos y de los recursos (especialmente las tierras) a cambio de la desmovilización de las guerrillas del FMLN.

Aunque algunas de estas preocupaciones fueron incorporadas a los acuerdos de paz, la vida del salvadoreño promedio no mejoró. Por el contrario, la vida cotidiana de los salvadoreños siguió siendo tan mala -sino peor- como antes de la guerra, y la pobreza, la desigualdad, la violencia en las calles y la falta de seguridad continuaron creciendo.

El caso de El Salvador y de otros países en las garras de la reconstrucción pos-guerra muestra que la violencia económica institucionalizada a través de los programas de reconstrucción puede ser tan destructiva y debilitante como la violencia física de los conflictos armados y las guerras convencionales. Sin embargo, las condiciones estructurales que conducen a la violencia económica, rara vez son reconocidas como una forma de guerra, ni siquiera se las asocia a la continuidad de los conflictos armados y el desasosiego de la población. Una vez que las guerras están oficialmente “resueltas”, calificar para la asistencia en la reconstrucción presupone un ajuste inmediato al sistema de mercado.

 

Naomi Klein ha señalado los efectos devastadores que han tenido sobre los iraquíes comunes las reformas económicas impuestas a Iraq por la CPA, dominada por EEUU. Entre mayo de 2003 y junio de 2004,  Paul Bremer, jefe de la CPA, despidió a 500.000 empleados públicos (incluidos soldados y civiles), abrió el país a las importaciones sin restricciones, comenzó a privatizar las empresas públicas, y promulgó un conjunto de leyes radicales de libre mercado para invitar a las corporaciones multinacionales a que establezcan operaciones en Iraq. Estas leyes incluyen, la disminución del impuesto que grava a las corporaciones en Iraq, de alrededor de un 40% a un 15%; la propiedad del 100% de bienes iraquíes (excepto el petróleo) por parte de compañías extranjeras; la repatriación total de toda ganancia por parte de los inversionistas extranjeros; arrendamientos y contratos comerciales a cuarenta años, y el permiso a bancos extranjeros de operar sin regulación en el país. Según Klein, “de la noche a la mañana, Iraq pasó de ser el país más aislado del mundo a ser, en los papeles, el mercado más abierto”. Klein informa que según Joseph Stiglitz, ex economista en jefe del Banco Mundial, las reformas de Bremer fueron “una forma de terapia de choque aún más radical que la que se aplicó en el ex mundo soviético”. (30)

 

La CPA entregó sistemáticamente contratos millonarios en dólares a las corporaciones de su preferencia (la mayoría estadounidenses). Además, para los puestos clave que modelarán el futuro gobierno “soberano” de Iraq y de la sociedad civil iraquí se designaron profesionales muy bien pagos e ideológicamente motivados, provenientes de los centros de estudios estratégicos (think tanks) preferidos de la administración Bush y los bancos de inversión. Entre éstos se destacan el Research Triangle Institute (RTI), el Fondo Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy -NED) y Bearing Point a los que se les asignó la misión de construir estructuras e instituciones económicas, sociales y políticas más favorables para los EE.UU. y los intereses corporativos trasnacionales aún después de que finalice la ocupación. (31)

La fórmula de los EE.UU. para la reconstrucción de Iraq no es diferente en sustancia a lo que el FMI y el Banco Mundial prescribirían en un paquete estándar de ajuste estructural: la reducción del Estado, privatizaciones, flexibilidad laboral (dicho de otra manera, que se puede contratar y despedir a los trabajadores a voluntad), eliminación de los subsidios a los alimentos y a los servicios públicos, fronteras abiertas sin impuestos, leyes favorables al mercado, impuestos mínimos a los inversionistas, ninguna restricción a la movilidad del capital, y protección a la propiedad privada. El pueblo de Iraq puede tener que penar en el corto plazo, por ejemplo, por la falta de empleo y la pobreza extrema – pero esto será más que compensado por las ganancias futuras cuando la inversión extranjera entre a raudales. Pero como resulta evidente, el sueño de la CPA de hacer de Iraq un “sueño capitalista” no se ha materializado. En lugar de ello, miles de iraquíes desempleados, golpeados tanto por la violencia de la guerra como por la violencia de la ideología de reconstrucción estadounidense, están encontrando su puesto de trabajo, seguridad y comunidad en la creciente resistencia a la ocupación liderada por EE.UU.

Para la mayor parte de las poblaciones bajo el proceso de reconstrucción, la paz no puede separarse de la justicia socioeconómica y política. Un programa de reconstrucción que crea desempleo e inseguridad alimentaria, saquea el patrimonio público y los entrega a beneficiarios privados, impide el acceso de los niños al agua limpia, la atención médica, la nutrición y la educación, exacerba la inseguridad de las mujeres y los grupos vulnerables, y debilita las perspectivas económicas de los productores locales al abrir las fronteras económicas a las importaciones sin restricción, es tan violenta y destructiva como el pasado del que busca escapar.

 

No sorprende la falta de voluntad y la incapacidad de quienes diseñan los programas de reconstrucción para confrontar las desigualdades y la injusticia generadas por el mercado. Los arquitectos de estos programas son, después de todo, el mismo conjunto de actores que inventaron los programas de ajuste estructural con su mantra de “sin dolor no hay ganancia” y su profunda adhesión ideológica a la economía de libre mercado como la forma más eficiente de asignar los recursos y el poder. De acuerdo a su concepción, el ejercicio bueno y efectivo de la autoridad se juzga por qué tan favorables son los gobiernos al capital internacional, y no por el compromiso del gobierno con sus ciudadanos.

¿La reconstrucción para beneficio de quién?

La reconstrucción post-guerra es un proyecto abiertamente político y genera complejos interrogantes sobre la soberanía y la legitimidad de los Estados, la autodeterminación, la democracia (local y nacional) y la justicia social, económica y política. La cuestión no es si la reconstrucción y el mantenimiento de la paz son necesarios o no, sino más bien qué tipos de reconstrucción y mantenimiento de la paz se necesitan, para quién se diseñan, quién los lidera, y a los intereses de quién sirven. Nadie niega que los recursos para reconstruir la infraestructura física, los servicios esenciales, las instituciones nacionales y la capacidad de administración, y para revitalizar las economías y los sistemas políticos nacionales, se necesitan con urgencia en los países emergentes de crisis. El ejercicio firme y efectivo de la autoridad es importante, si se basa en reglas y reglamentos de responsabilidad, que se apliquen a gobiernos y sector privado por igual, y se sostiene en un sistema legal bien definido. Un sector privado doméstico fuerte y responsable también puede jugar un rol en la reconstrucción de una economía hecha trizas.

Sin embargo, las experiencias de Camboya, Timor Oriental, Haití, El Salvador, Nicaragua, Iraq y Afganistán -por nombrar sólo algunos casos-  muestran que los recursos para la reconstrucción de vidas, economías, sociedades y organizaciones políticas llegan a un precio extremadamente alto, con implicancias a largo plazo que no son siempre visibles al comienzo de los programas de reconstrucción. (Iraq es un caso especial en el que los ocupantes estadounidenses no tuvieron ningún reparo en reconocer abiertamente las ganancias que esperaban obtener con la invasión y ocupación del país). La experiencia también demuestra que a pesar del repetido fracaso del modelo de reconstrucción en evitar el fracaso del Estado, el modelo se sigue aplicando con revisiones menores país tras país.

 

El modelo de reconstrucción pos-guerra/pos-conflicto que hoy está en evidencia es un proyecto esencialmente neoliberal a través del cual es posible deconstruir Estados y sociedades para rehacerlos como utopías favorables al mercado, donde la acumulación de riqueza por parte de los poderes corporativos externos y selectas elites nacionales se considera normal. El Banco Mundial, los donantes y varias agencias intergubernamentales ven a la reconstrucción como un “matrimonio” entre las economías y sociedades de posguerra y el desarrollo orientado al libre mercado, en el marco del ajuste estructural. (32) De esta forma, la reconstrucción se convierte en una forma más atroz y extrema de modelo neoliberal de desarrollo promovido por los poderes capitalistas y las IFI. Al garantizar el fracaso continuado del Estado, el modelo de reconstrucción asegura que los países se transformen en una “carga para la comunidad internacional” y, en consecuencia, en rehenes de cualquier forma de intervención que ésta decida.

Mientras no se reconozca a la intervención neoliberal como un factor generador del conflicto, se la seguirá ofreciendo como una de sus soluciones. Según Bendaña, el problema no es la asociación de la paz con el desarrollo sino la asociación de la paz con un modelo particular de desarrollo que genera pobreza y desigualdad.

“La crisis económica es causa de graves tensiones e inestabilidad social, por lo que el conflicto social y la violencia son ambos efecto de la crisis económica y a la vez causa de la misma, generando un círculo vicioso. La crisis económica es alimentada por la insistencia de los gobiernos del Norte en expandir la globalización del mercado desregulado, intensificando la pobreza y la polarización social, la inestabilidad y el conflicto”. (33)

 

Si bien el lenguaje de los programas de reconstrucción está lleno de términos como “derechos”, “buen gobierno”, “soberanía” y “democracia”, los países que están siendo reconstruidos no parecen tener “derecho” a romper con la ortodoxia macroeconómica, a desafiar los desequilibrios de la distribución global del poder y los recursos, ni a trazar sus propios caminos hacia la reconstrucción de sus sociedades y economías. Pero mientras la reconstrucción se hunde en el caos, uno se siente obligado a preguntar cómo sería un modelo alternativo de reconstrucción basado en las aspiraciones y prioridades locales y nacionales, y en los principios de equidad, justicia y construcción de la paz. ¿Cómo reconstruirían sus vidas las poblaciones de estos países si se les diera el espacio político y económico, los recursos y la autonomía para hacerlo?

* Shalmali Guttal es sub-directora de Focus on the Global South,
[email protected]. Este artículo figura también en el documento de Focus:  “Silent
War: The US’ economic and ideological occupation of Irak” disponible en el sitio web: http://focusweb.org/

Notas

1. Para un análisis general del tema, ver Failed and Collapsed
States in the International System, un informe elaborado por el Centro de Estudios Africano, Leiden; Transnational Institute, Amsterdam; Centro de Estudios Sociales, Universidad de Coimbra, y el Centro de Investigación para la Paz CIP FUHEM, Madrid. Diciembre, 2003.
2. Alejandro Bendaña, From Peace-Building to State-Building: One Step Forward
and Two Backwards? Centro de Estudios Internacionales, Managua, Nicaragua.
 Presentación “Nation-Building, State-Building and International Intervention:
Between ‘Liberation’ and Symptom Relief, CERI, Paris, octubre 15, 2004.
3. John P. McAndrew, Aid Infusions, Aid Illusions, Bilateral and Multilateral
Emergency and Development Assistance in Cambodia, 1992-1995.  Documento de Trabajo Número 2, Instituto de Recursos para el Desarrollo de Camboya, enero 1996.
4. Ver los recursos reunidos por la Campaña de oposición al retorno del Khmer Rouge (CORKR), www.yale.edu/cpg/corkr.html; La Campaña de oposición al retorno del Khmer Rouge, conocida a veces como “CORKR” o la “Campaña por Camboya” estuvo conformada por una alianza de organizaciones no gubernamentales (ONG) fundada en 1989 para promover un cambio progresista en la política estadounidense respecto de Camboya. En febrero de 1995, CORKR se fusionó con otros grupos de defensa orientados a Asia en el Centro de Defensa de Asia y el Pacífico (Asia-Pacific Advocacy Center) con sede en Washington, DC.
5. Ver, por ejemplo: Teuku Samsul Bahri, Aceh: A Land of Silenced and
Marginalised Voices, enero de 2004. [email protected] ; Eyal Press, The
Suharto Lobby. The Progressive,
http://www.albionmonitor.com/9711b/suhartolobby.html; Edward S. Herman y
David Peterson, The Western Betrayal of East Timor.  Z Magazine.
 http://musictravel.free.fr/political/political2.htm; Edward S. Herman, Good and Bad Genocide, Double standards in coverage of Suharto and Pol Pot.  Extra!
Septiembre/Octubre 1998.  http://musictravel.free.fr/political/political4.htm;
Edward S. Herman, From Vietnam to Irak.
http://musictravel.free.fr/political/political35.htm; John Gershman, East Timor
Violence: Legacy of U.S. Indonesia Policy.  The Progressive Response, septiembre 3, 1999, Vol. 3, No. 32.
http://archives.econ.utah.edu/archives/pen-l/1999m09.a/msg00117.htm; Stephen
Van Evera, American Intervention in the Third World, Less Would be Better.
 Boston Review, octubre 1991.
6. Rick Salutin, Failed States All Over.  The Globe and Mail / Canadá, viernes,
marzo 5, 2004
7. Mark Duffield, “Globalization and War Economies: Promoting Order or the
Return of History?,” Fletcher Forum of World Affairs, Vol. 23, no. 2, 1999.
8. John P. McAndrew, Aid Infusions, Aid Illusions, Bilateral and Multilateral
Emergency and Development Assistance in Cambodia, 1992-1995.  Documento de Trabajo número 2, Instituto de Recursos para el Desarrollo de Camboya, enero 1996.
9. Sami Makki, Business of war, Privatised violence. Le Monde Diplomatique –
edición en inglés, noviembre 2004. http://mondediplo.com/2004/11/08iraq
10. Brendan O’Neill, A new kind of private war. 16 de abril de 2004,
http://www.spiked-online.com/Articles/0000000CA4DD.htm
11. The Economist, The Baghdad Boom.  Marzo 25, 2004.
12. Ben Moxham, Taming the “Banana Republic”: The US in East Timor. Z Magazine, enero, Vol 18 No.1, 2005.
13. Ibid.
14. Conor Foley, “Humanitarian Aid Workers Getting Caught in the Crossfire.”The
Guardian Weekly, noviembre 5, 2004.
15. Alejandro Bendaña, What Kind of Peace is Being Built? Critical Assessments
from the South, Documento de análisis. Centro de Estudios Internacionales,
Managua, Nicaragua. Elaborado en ocasión del décimo aniversario de la Agenda para la Paz, por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID),
Ottawa, Canadá, enero 2003.
16. Sitio web del Banco Mundial.  Ver también, World Bank Conflict Prevention and
Reconstruction Unit, página web del Banco Mundial.
17. Jane Regan, Haiti: A Development Plan Written ‘Behind Closed Doors.’
IPS/GIN, Port-au-Prince, junio 21, 2004.
18. página de Conflictos del Banco Mundial, sitio web del Banco Mundial.
19. Ver “Bank’s policy on development cooperation and conflict,” página web del Banco Mundial.
20. Bretton Woods Project:http://brettonwoodsproject.org/article.shtml?cmd[126]=x-126-16554
21. Ibid.
22.  The World Bank, Tsunami Countries: World Bank Supports Transition From
Relief To Reconstruction For Countries Hit By Tsunami Disaster. News Release
No:2005/315/S, Banco Mundial, febrero 2, 2005. Ver también,
http://www.worldbank.org/tsunami
23. Bretton Woods Project:
http://brettonwoodsproject.org/article.shtml?cmd%5b126%5d=x-126-43345
24. Comentario realizado al autor en una entrevista personal, por parte de la Sra. Meeja Hamm, Representante Residente del BAD en Timor Oriental, en abril de 2003.
25. El Club de París de los países acreedores incluye a Austria, Australia, Bélgica, Gran Bretaña, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Holanda, Noruega, Rusia, España, Suecia, Suiza, y los Estados Unidos.
26. Anne Carlin, Rush to Reengagement in Afghanistan: The IFI’s Post Conflict
Agenda, Bank Information Centre, diciembre 2003.
27. Bretton Woods Project:
http://brettonwoodsproject.org/article.shtml?cmd%5b126%5d=x-126-43345
28. Alejandro Bendaña, What Kind of Peace is Being Built? Critical Assessments
from the South, Documento de análisis. Centro de Estudios Internacionales,
Managua, Nicaragua. Elaborado en ocasión del décimo aniversario de Una Agenda para la Paz del Centro de Investigación Internacional de Desarrollo (CIID),
Ottawa, Canadá, enero 2003
29. Ibid.
30. Naomi Klein, Baghdad Year Zero, Pillaging Iraq in Pursuit of a Neocon
Utopia. Harper’s Magazine, septiembre 2004
31. Herbert Docena, The Other Reconstruction: How private contractors are
transforming Iraq’s state and civil society.  Enfoque sobre comercio, Parte 1, Número
101, julio 2004.  http://www.focusweb.org/pdf/fot101.pdf
32. David Moore, Leveling the Playing Fields & Embedded Illusions: ‘Post
Conflict’ Discourse & Neoliberal ‘Development in War-torn Africa. Review of
African Political Economy, marzo 2000, No. 93, Vol. 27.
33. Alejandro Bendaña, What Kind of Peace is Being Built? Critical Assessments
from the South, Documento de análisis. Centro de Estudios Internacionales,
Managua, Nicaragua. Elaborado en ocasión del décimo aniversario de la Agenda para la Paz, para el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID),
Ottawa, Canadá, enero 2003.