por
Alejandro Bendaña*
Si
la meta es el desarrollo -mejor definido como la transformación
soberana de la democracia social- entonces no debemos hablar de
hacer más efectivas las actuales modalidades de "ayuda", sino de
sustituir la ayuda misma y también el sistema en el que tiene lugar.
Se comienza por cuestionar la naturaleza de la arquitectura
financiera internacional en un sentido amplio, qué es lo que
significa, y quién se beneficia más de ella. La "ayuda para el
desarrollo" que practica el Norte forma parte de un sistema que
genera creciente desigualdad y dependencia, entre los países y
dentro de ellos. En tal contexto, es cuestión de hacer que la ayuda
sea menos efectiva, y no más efectiva, es cuestión de terminar del
todo con la ayuda, porque en su conjunto hace más mal que bien.
Pensar
en los egresos, no en los ingresos.
Del Sur al Norte. Por cada dólar de ayuda que va a los países en
desarrollo, diez dólares salen como fuga de capital. Sin embargo,
este es un tema que suele soslayarse en las discusiones sobre el
desarrollo. Mejor que guardar el dólar que entra, es mucho más
importante buscar el modo de detener los nueve dólares que salen. Se
ha calculado que los países en desarrollo pierden más de $500 mil
millones cada año, en fugas ilícitas que no se reportan a las
autoridades y por los cuales no se paga impuesto. En América Latina
los montos extraídos durante los últimos 30 años pueden haber
llegado a 950 mil millones de dólares, según cifras suministradas
por James Petras.
Ninguna
cantidad de ayuda, de inversión extranjera directa o de remesas va a
cambiar la ecuación estructural a la larga. Si se va a hablar de
nuevos ingresos, entonces se debe concebir la forma de pagar la
verdadera deuda histórica que el Norte le adeuda al Sur -no
"ayuda", ni caridad, ni filantropía privada, sino
indemnizaciones, restituciones, compensaciones, pago de la deuda
ecológica a los pueblos y al medioambiente del Sur. Es necesario
librarse del discurso y de la visión estrechamente vinculada a la
perseverancia de las estructuras de poder contemporáneas, incluso
del discurso y la visión que enarbolan y practican las agencias
gubernamentales de "ayuda". Claro que es necesario que los países
en desarrollo retengan una mayor cantidad de sus recursos nacionales,
pero también tenemos que reconocer que eso no es meramente una
cuestión de la voluntad -a menudo inexistente- de las elites
financieras nacionales, sino de impedimentos internacionalmente
generados que se plasman en los llamados tratados de libre comercio,
en los regímenes de protección de la inversión, en las condiciones
impuestas por el FMI y similares, que exigen liberalizar cada vez más
el flujo de bienes y de capitales. La ayuda y los préstamos son
minúsculos si se comparan con las ganancias que se hacen a expensas
nuestras a través del comercio injusto, de la explotación de
nuestro trabajo, de la apropiación de nuestros recursos, de los
intereses sobre los préstamos que nos conceden, de la dominación
sobre nuestros mercados, y de los privilegios e incentivos otorgados
a las corporaciones multinacionales. Súmese a todo ello el costo de
indemnizaciones y restituciones.
¿Cómo
se construye un orden alternativo nacional e internacional de
justicia y desarrollo?
Primero
se tiene que concebir ese orden. Si se piensa que no puede haber
alternativa, entonces no la habrá. Es difícil, porque implica un
cambio de paradigma.
Segundo:
hay que reconceptualizar y cambiar el papel del mercado. En la
organización de la economía política los mercados tienen que
ocupar un espacio subordinado. Los mercados y el gran capital no
pueden dictar los compromisos. Los mercados tienen que estar
insertados en la sociedad, y por tanto, en relaciones de solidaridad,
no de competencia. Un enfoque político de la economía. Así lo
declaró Alberto Acosta, presidente de la Asamblea Constituyente de
Ecuador: Queremos
un país en donde funcionen los mercados, entendidos como espacios de
construcción social organizada en función de las necesidades del
ser humano de hoy y de mañana. Queremos desbloquear el falso dilema
entre mercado y Estado. No queremos un mercado descarnado que genera
procesos de acumulación de riqueza en pocas manos, pero tampoco
queremos un Estado ineficiente, que otorga prebendas y que transfiere
recursos de todos y todas a los grupos de poder.
Hay
que tener claros los indicadores. Si no hay mejoría en las
condiciones de vida y en la dignidad de la población a 50 millas de
Maputo, de Managua o de Manila, entonces no hay alternativa. Podemos
informar ya que, gracias a los nuevos esquemas de ayuda al desarrollo
conducidos por Venezuela, miles de personas se están beneficiando en
los alrededores de Managua, mediante clínicas y cirugías
oftalmológicas.
Que
la alternativa se construye con cambios, en la interacción de las
ideas y la política. Las ideas desafían el paradigma dominante e
introducen la alternativa, pero la meta es que el paradigma
alternativo se vuelva hegemónico.
Una
Nueva Alba para las Américas
La
combinación de ideas y cambios políticos la estamos viendo hoy en
el esquema de colaboración internacional conducido por Venezuela y
conocido como ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas).
En
el 2004, el gobierno de Venezuela tomó la decisión política de
usar sus enormes reservas petroleras y sus ganancias para ayudar a
otros países del mundo, con el objetivo abiertamente declarado de
que esos países pudieran disminuir su dependencia del comercio
dominante y del orden financiero internacional. Según estadísticas
de fuentes opositoras de Chávez -que sienten que Chávez está
regalando la riqueza nacional- 18 acuerdos de cooperación firmados
por Venezuela sólo en el año pasado suman un total de unos 4.747
mil millones, en petróleo y refinerías principalmente, pero también
en infraestructura, salud, agricultura, viviendas, cancelación de
deuda, plantas de aluminio y otros rubros. Y en su mayor parte están
en América Latina, aunque también en Irán, el Reino Unido, China e
incluso Burkina Fasso. (1)
La
premisa de ALBA es que se necesita una nueva forma de integración
regional y una unidad política verdadera y más amplia para que
tenga lugar un desarrollo con independencia. ALBA nació como una
alternativa al Tratado de Libre Comercio de las Américas creado por
el gobierno estadounidense -integración para fortalecer la
soberanía y las relaciones sociales justas, en vez de liberalización
y desnacionalización. Venezuela y Cuba firmaron la primera serie de
acuerdos bilaterales, y en el 2007 Nicaragua y Bolivia se
incorporaron al ALBA. "Un nuevo proyecto político y estratégico
para un nuevo mundo", dijo Chávez, lo que incluye cooperación en
los campos de salud, industria, producción alimentaria y seguridad
en materia de energía, con un criterio más social que mercantil. Su
acta fundacional llama al establecimiento de un Consejo de Ministros,
pero también a un Consejo de Movimientos Sociales, para ayudar a
tomar decisiones informadas.
A
comienzos del 2008, los jefes de Estado miembros del ALBA -entre
los que ahora se incluye el pequeño Estado insular de Dominica-
anunciaron la creación del Banco ALBA, con un capital de mil
millones de dólares. Allí se declara como meta fomentar entre sus
integrantes la producción industrial y agrícola, apoyar proyectos
sociales, y también crear acuerdos de cooperación entre sus
miembros, particularmente en el campo de la energía. El objetivo es
contrarrestar los efectos negativos que produce entre sus integrantes
la globalización neoliberal, así como las finanzas y el comercio.
Ello constituye una pieza más en la construcción de una alternativa
al orden económico internacional, pero a diferencia de su predecesor
-el Banco del Sur, integrado por naciones sudamericanas-, el
Banco ALBA está menos influido por los intereses de los
megacapitalistas brasileños conservadores, que ejercen gran
influencia en el Banco del Sur. Sin embargo, antes de emitir un
veredicto final hay que esperar la publicación de las actas
constitutivas y de los procedimientos del proyecto financiero en
curso.
De
mayor importancia para las naciones del Caribe y América Central fue
la formación de Petrocaribe, en 2007. Catorce países,
principalmente del Caribe, junto con Nicaragua y Honduras, se han
unido al plan por el cual Venezuela, a través de su compañía
petrolera PDVSA, acuerda garantizar a los países miembros el 100% de
sus requerimientos en materia de energía, especialmente petróleo y
sus derivados, a precios de mercado (Venezuela, como miembro de la
OPEC, no puede hacerlo de otro modo), con el 40-50% pagadero en un
plazo de 90 días (los términos varían ligeramente en los distintos
acuerdos bilaterales), y lo restante a un plazo promedio de 25 años
con el 2% de interés y dos a tres años de gracia. Lo que se recaude
de esto -supuestamente acumulado por las compañías generadoras de
energía de los respectivos Estados, o bien, por una agencia
gubernamental designada para ello- formará parte de un fondo para
el desarrollo social y para inversiones en infraestructura. Como en
el caso del Banco ALBA, los procedimientos se están resolviendo en
la práctica mediante negociaciones bilaterales.
¿Qué
preocupaciones suscita el ALBA?
ALBA,
su banco y Petrocaribe, junto con docenas de acuerdos de cooperación
bilateral en varios campos -que incluyen lo cultural- son una
auténtica novedad, por lo que resulta difícil evaluar en su
conjunto el proceso en curso. Sin embargo, lo mismo que ha ocurrido
con el Banco del Sur, los movimientos sociales de América Latina y
las redes regionales están haciendo un acucioso monitoreo, y se han
expresado algunas preocupaciones -que se pueden y se deben
expresar, pero dentro de un marco de apoyo general a la iniciativa y
a su dinámica antiimperialista. Esas preocupaciones conciernen a:
-
La
predilección por los megaproyectos, particularmente la construcción
de refinerías, oleoductos e infraestructura para el transporte, son
preocupación de grupos ambientalistas. -
Escasa
atención a la necesidad de impugnar el modelo dominante de energía
centrada en el petróleo, acaso perpetuando la dependencia y el
consumo de petróleo. -
El
hecho de que PDVSA es la contraparte venezolana y aparentemente está
a cargo de aspectos clave de la cooperación, e incluso de la
supervisión técnica y financiera. -
La
dificultad que encuentran organizaciones de la sociedad civil para
obtener información sobre acuerdos bilaterales específicos, con la
consiguiente preocupación por la transparencia. -
La
decisión declarada -al menos por el gobierno de Nicaragua- de
privatizar la cooperación y de manejarla como una deuda comercial
privada, por consiguiente, no estaría sujeta a escrutinio
legislativo de su presupuesto ni a rendición de informes, lo que
despierta suspicacias acerca del uso partidista de fondos por los
que no se rinden cuentas. -
La
falta de aprecio por la autonomía y las dinámicas de trabajo de
los movimientos y de sus redes regionales, los que, por cuestión de
principios, rechazan la noción de ser "convocados" por
cualesquier gobierno, o de permitir que sean los gobiernos los que
seleccionen cuáles movimientos deben formar parte del Consejo. -
La
falta de credibilidad del gobierno de Ortega en Nicaragua, mismo que
sigue aplicando políticas neoliberales y confesionales, y al que se
oponen los movimientos sociales de Nicaragua y de América Latina,
particularmente sus contingentes de mujeres.
¿Qué
significa todo esto en términos del Debate 2008 sobre la eficacia de
la ayuda (Conferencia de Accra) patrocinada por la OECD y por la
Oficina de Financiación para el Desarrollo de la ONU (Doha)?
Desde
el punto de vista de los movimientos sociales -el Jubileo del Sur
incluido- el debate sobre la eficacia de la ayuda es inviable. Una
contradicción de términos, a menos que la eficacia funcione para
beneficio del capital financiero y sea un instrumento de dominación,
un lubricante para la penetración del capital corporativo. Tampoco
se puede hablar de eficacia en el contexto de una ayuda que se
vuelve, cada vez más, un franco instrumento para las metas de las
políticas externas y de seguridad, incluida la llamada Guerra contra
el Terror, o que simplemente va atada a la aceptación de la
liberalización comercial y financiera (los actuales esquemas de
asociación participativa de la UE). Entrar al debate sobre la ayuda
en preparación para la Conferencia de Accra es útil para explicar
de qué manera la ayuda forma parte de las injustas relaciones
económicas de poder, y se debe hacer hincapié en detener los
egresos de capital y de riqueza desde los países del Sur.
La
financiación para el desarrollo es una propuesta más sencilla. El
objetivo debiera ser identificar mejor y desafiar los impedimentos
internacionales (incluida la llamada ayuda) que obstaculizan la
acumulación nacional y su movilización nacional, incluida la
conducta de los capitalistas nacionales en el envío de la riqueza
nacional al exterior, incluidos sus ciudadanos expulsados por el
empobrecimiento que va vinculado al enriquecimiento de las elites
globales. La financiación para el desarrollo debiera hacerse en
forma de indemnizaciones y restitución debidas, del Norte hacia el
Sur -la única deuda verdadera y legítima- a cuenta de siglos de
saqueo y explotación, e incluso de los daños al medioambiente. Bajo
ninguna circunstancia debemos caer en la ilusión de que la "ayuda"
y los "préstamos" de los "donantes" -es necesario rechazar
ese discurso- llevan el propósito de "ayudar" a los pueblos
del Sur. Lo que hay que creer es que se trata de una "trágica
ignorancia o de arrogancia imperdonable", afirma Lidy Nacpil,
coordinadora internacional del Jubileo del Sur.
¿Por
dónde avanzar?
El
cambio del poder está en curso, pero de ninguna manera se ha
completado. El primer punto a destacar es que el avance hacia el
desarrollo no se puede separar de la construcción de una democracia
emancipatoria, puesto que forma parte de ella.
El
segundo es crear consciencia crítica, en el Norte y en el Sur,
acerca de la centenaria exacción de riquezas del Sur hacia el Norte,
de los pobres a los ricos, dentro de los países y entre ellos -y
no como una cuestión técnica o de normas, sino como un asunto moral
y político: abordar la pobreza no como una mera realidad
contemporánea, sino como un proceso histórico de enriquecimiento.
Tercero,
reafirmar la importancia de la solidaridad y la movilización
internacional de esa consciencia. Llevar este tema candente al
espacio público de las calles. Sin resistencia no puede haber
alternativas -la resistencia son las alternativas en ciernes.
Apoyar el derecho de un pueblo y una región a ejercer su derecho a
la autodeterminación económica -que forma parte de la verdadera
democracia- de cara a lo que será la hostilidad sin tregua del
gobierno de Estados Unidos y de sus aliados. Cuba sigue construyendo
su alternativa, Venezuela la suya, y Bolivia también -y esos
países son el blanco de las campañas de desestabilización
dirigidas por el gobierno de Estados Unidos.
Cuarto,
comprometerse críticamente. Si bien apoyamos un mayor énfasis en el
Estado -tal como lo destacan ALBA y el Banco del Sur- no deseamos
sustituir la supremacía de un grupo de capitalistas del Norte por la
de un grupo de capitalistas del Sur. Los bancos son problemáticos,
como bien han hecho públicas sus preocupaciones REDES y el Jubileo
de América del Sur. Esperamos que al menos algunas de esas
preocupaciones se aborden en la configuración del nuevo Banco ALBA.
Pero siempre hay que tener presente lo que dijera Bertold Brecht:
fundar un banco es mayor delito que robar un banco.
Quinto,
no perder de vista la meta del cambio del poder -y ello es tanto un
producto a obtener en el futuro como un proceso que requiere práctica
en el futuro. No se trata simplemente de alejarse de Bretton Woods y
de la dominación del capital corporativo para acercarse al capital
regido por el Estado, cosa que debe ir a la par de un cambio
democrático más amplio: para transformar la realidad internacional
tenemos que transformar nuestras realidades nacionales. Damos la
bienvenida al decisivo liderazgo de Venezuela que está rompiendo las
reglas del juego -no tiene precedentes esta histórica movilización
de los recursos de un país en beneficio de otros países, este paso
de la soberanía de la deuda a la deuda solidaria. Pero esto no es un
fin, sino un principio, les guste o no les guste a los gobiernos. La
ayuda, los bancos y la deuda son instrumentos de control político y
social.
El
cambio de poderes visto como un distanciamiento de las mentalidades y
paradigmas capitalistas, donde
-
Las
personas se consideran no como consumidores, sino como ciudadanos. -
Los
países no se consideran como mercados, sino como naciones. -
El
capital y los gobiernos sirven al pueblo, y no al revés.
La
forja de un nuevo modelo de desarrollo y la creación de una
arquitectura de la solidaridad son fundamentalmente tareas políticas
y sociales. Son una expresión de una lucha más amplia en pro de los
derechos humanos y la soberanía, y esa lucha tiene que ser dirigida
cada vez más por las mujeres y los jóvenes, y cada vez menos por
los hombres blancos; por los movimientos sociales, por la sociedad
incivil, en nuestro continente por los movimientos indígenas,
ambientalistas y contra el pago de la deuda, que demandan no eficacia
de la ayuda, sino justicia histórica, en forma de pago de la deuda
social y ecológica que se ha acumulado a lo largo de cinco siglos.
El
apoyo a la vía del desarrollo alternativo significa apoyar el
derecho y la capacidad de los pobres a crear sus propios movimientos
independientes y a ejercer constante presión política desde abajo.
Avanzar hacia coaliciones de "reforma no reformista" que pueden
presionar al poder estatal para que se implementen verdaderas
políticas de desarrollo basadas en la justicia. Apoyar y participar
en los movimientos que luchen en pro de economías solidarias, en pro
de gobiernos nacionales democráticos y en pro de cambios en las
políticas, en las estructuras y en los sistemas financieros y
económicos, de modo que permitan la creación de alternativas.
Es
necesario llevar al escenario más movimientos, puesto que esta lucha
ciertamente no es técnica, sino política, en consecuencia, se
tienen que forjar alianzas. En esta conferencia pudimos habernos
beneficiado de la presencia de dirigentes de las comunidades
aborígenes de Canadá, quienes sin duda tienen cosas claves que
decir en materia de ayuda para el desarrollo. Con los ambientalistas
de ustedes y su lucha contra la explotación de las arenas
bituminosas, que está empobreciendo al mundo. Con quienes abogan por
la paz y la justicia e impugnan la noción de que las tropas
canadienses están llevando paz y desarrollo a Afganistán. Sin la
participación de los movimientos y sin su perspectiva sobre las
alternativas, Accra y Doha serán simplemente otras dos aburridas
reuniones de predominancia masculina.
En
1933, John Manyard Keynes escribió:
[El capitalismo] no es un éxito. No es inteligente, no es bello, no
es justo, no es virtuoso, y no reparte bienes. En resumen, nos
disgusta, y estamos comenzando a desdeñarlo. Pero cuando nos
preguntamos qué cosa poner en su lugar nos sentimos sumamente
perplejos.
Pues
bien, en buena parte de América Latina la gente ya no está
perpleja, y está comenzando a poner algo en lugar del capitalismo,
como hicieron los cubanos hace unos 50 años. El socialismo -o
mejor dicho, los socialismos- del siglo 21 están de regreso; no
siguen un modelo ni pretenden inventar ninguno, sino que son un
conjunto de principios para guiar la interacción humana en toda su
diversidad y en su relación con la naturaleza.
Se
están haciendo progresos, y aunque no sabemos dónde estaremos al
final del día, en América Latina estamos convencidos de que hay una
nueva alba política de certidumbre y determinación que debe
apoyarse y ampliarse.
*
Alejandro Bendaña es director del Centro de Estudios
Internacionales, Nicaragua. Esta fue una presentación que realizó
en la Conferencia sobre "El
rostro cambiante de las finanzas para el desarrollo global: Impactos
e implicaciones para la ayuda, el desarrollo, el Sur y las
instituciones de Bretton Woods", Iniciativa
Halifax, Ottawa, Canadá, 1-2 de febrero de 2008. Original en
castellano, traducida al inglés.
(1)
"Ayuda de Hugo Chávez en crisis", La
Prensa,
(Managua), 15 de enero de 2008. Cifras del Centro de Investigaciones
Económicas de Venezuela (CIECA), opositor del gobierno.
