Herbert Docena *
MANILA, 1 de junio de 2006- La activista política Cathy Alcantara fue muerta a tiros por asaltantes no identificados el 5 de diciembre del año pasado, en las afueras del local donde había ayudado a organizar una conferencia sobre los derechos de los campesinos.

Dos meses después, en un arrozal remoto se encontró el cuerpo sin vida de su amiga, la activista de 19 años Audie Lucero. Lucero fue vista por última vez rodeada de policías y soldados en el hall de un hospital, llorando sin que hubiera ninguna explicación.
Annaliza Abanador-Gandia, era también una activista de izquierda. Había encabezado junto a los dos víctimas distintas manifestaciones en las que se exigían diversos cambios en la política filipina, entre ellos la renuncia de la Presidenta Gloria Macapagal–Arroyo, el fin de las maniobras militares estadounidenses en territorio filipino, y la revisión de las políticas de libre comercio de la Organización Mundial del Comercio.
El 18 de mayo, fue el turno de Abanador Gandia. No está claro como sucedió exactamente el asesinato, ya que se encontraba sola en su negocio esa noche. Se encontró su cuerpo tirado sobre una mesa, con impactos de ocho balas sobre su rostro, pecho y estómago. Los restos de pólvora en su cara prueban que los disparos se hicieron a quemarropa.
Las tres víctimas eran activas organizadoras del Movimiento por la Democracia Nacional (KPD), una organización paraguas de izquierda que reúne a sindicatos, organizaciones campesinas y de pescadores, y grupos de mujeres y jóvenes, que ha sido testigo de la muerte a tiros de otros dos de sus integrantes en las provincias este año.
Se trata de las últimas víctimas de una escalada progresiva de aniquilamiento de activistas políticos de izquierda en Filipinas. A lo largo de los últimos dos meses, al menos 18 activistas han sido asesinados por asaltantes no identificados en distintas zonas del país –un promedio de dos muertes por semana. En ningún otro momento en los casi 10 años de historia del KPD han sido asesinados tantos de sus integrantes.
El KPD es solamente uno de los muchos grupos de izquierda que hoy sufren estos asaltos desde las sombras. UNORKA (Ugnayan ng mga Nagsasariling Lokal na Organisasyon sa Kanayunan, la Coordinación Nacional de Organizaciones de Poblaciones Rurales Locales Autónomas), un grupo campesino que integra la coalición denominada “Lucha de las Masas”, impulsa actualmente la creación de un “gobierno de transición revolucionario” para reemplazar a Arroyo. Hasta ahora, han muerto por lo menos 13 dirigentes de la UNORKA. El secretario general nacional del grupo fue asesinado a tiros el 24 de abril.
El Agrupamiento de Fuerzas de Mapalad (TFM por sus siglas en inglés), otro grupo campesino que ha estado reclamando la reforma agraria en Visayas y Mindanao, ha visto como al menos ocho de sus líderes han sido asesinados desde 2001, el último, en mayo de 2005. Lani Factor, coordinador de campaña del grupo, al referirse a la escalada de violencia contra los militantes de izquierda en Filipinas la denominó como la “temporada de exterminio”.
La mayoría de las víctimas pertenecen al grupo Bayan Muna, que tiene representación en el parlamento y que desde 2001 tiene 95 líderes locales asesinados en forma inexplicable. Robert de Castro, el secretario general del grupo, dijo según cita la prensa local que a los líderes locales “los están matando como a pollos… Caen muertos en filas” [1]
Llevar registro de esta matanza no es fácil. Las organizaciones de derechos humanos en general solo cuentan los casos de los cuales reciben información y cada una mantiene sus propias listas. Según la cuenta que lleva actualmente el diario Philipne Daily Inquirer, con los últimos asesinatos el número total de activistas muertos desde que Arroyo asumió el poder en 2001 asciende a 224. El grupo de derechos humanos Karapatan estima que la cifra es bastante más alta, unos 601. Casi todos los casos siguen sin aclarar. Una serie adicional de 140 militantes están considerados “desaparecidos” y continúan en esa condición.[2 ] Y el número se incrementa cada semana.
Problemas en las provincias
La provincia de la activista asesinada Abanador-Gandia está bajo el mando del General Jovito Palparan, el oficial militar más polémico de Filipinas. Ampliamente apodado como “el verdugo” por sus críticos, Palparan está acusado de perpetrar una serie de matanzas y desapariciones de activistas de izquierda en el ejercicio de los puestos que tuviera anteriormente en las provincias de Samar y Mindoro.
Este militar ha negado sistemáticamente las acusaciones, cuando hay registros de que ha declarado “Puedo sonreír y reírme de eso”. Al mismo tiempo, también hay registros de que ha dicho que las matanzas extrajudiciales están ayudando a las fuerzas armadas filipinas a deshacerse de los instigadores que luchan contra el gobierno.[3] Para Palparan, las muertes de activistas no son más que “pequeños sacrificios” de la campaña anti-insurgencia del ejército. [4]
“Tenemos que odiar al movimiento”, declaró en una entrevista realizada recientemente por la revista Newsbreak. “tenemos que tener esa postura de lucha”. [5]
Las declaraciones provocativas de Palparan generaron críticas muy fuertes en el momento. Sin embargo, cada vez más, no es solamente una voz que pregona sola en el desierto. Sus superiores tienen una forma callada de expresar su acuerdo con las tácticas de Palparan: a través de su promoción en la carrera militar. Palparan ha sido promovido sistemáticamente en el ejército, y recientemente fue condecorado con la Estrella de Servicios Distinguidos por su “servicio eminentemente meritorio y valioso”.
El secretario ejecutivo del gobierno Eduardo Ermita, quien fuera también oficial del ejército, ha elogiado a Palparan como un “buen oficial”, diciendo que sus detractores lo culpan automáticamente por incidentes violentos sin corroborar las evidencias.
Pero el estado de ánimo belicoso de Palparan refleja una creciente inquietud dentro del ejército. “El enemigo que confrontamos por más de tres décadas es el mismo enemigo que confrontamos hoy, solamente que más calculador y obviamente mucho más peligroso” escribió el Teniente General Romeo Domínguez en un libro reciente titulado Trinity of War: the Grand Design of the CPP/NEP/FDN (La trinidad de la guerra: el gran diseño del PCF/NEP/FDN) (Partido Comunista de Filipinas/Nuevo Ejército del Pueblo/ Frente Democrático Nacional)
Este libro, publicado por las fuerzas armadas filipinas (AFP), se ha transformado en un manual para militares del tipo “conozca a su enemigo”, como se señala en una presentación reciente en powerpoint que preparara la cúspide de las AFP y que circuló entre los soldados. El libro analiza la evolución del movimiento de izquierda desde fines de la década de 1940, cómo resistió el Partido Comunista de Filipinas (PCF) a comienzos de la década de 1960 y cómo se ha transformado y fracturado en diversas líneas ideológicas y tácticas desde la década de 1980.
El libro, que cuenta con tablas y gráficas de flujo, incluye una lista muy completa de lo que denomina “organizaciones de frente sectorial legal de los terroristas comunistas”-desde lo más alto hasta el nivel provincial- incluyendo los nombres de los líderes máximos de los grupos que se han conformado a partir de la corriente madre del PCF o que han surgido recién en los últimos años.
A pesar de toda la atención que se le ha dado al movimiento rebelde Abu Sayyaf en los últimos años “la gran y única amenaza del estado filipino sigue siendo el PCF/NEP” concluye Zachary Abuza, un experto que trabaja para el Instituto de la Paz estadounidense que financia el Congreso de ese país, que ha estudiado los distintos grupos de izquierda y secesionistas moros que luchan contra el gobierno filipino. [6]
Esta amenaza no ha pasado desapercibida entre los militares y los políticos de derecha, que están crecientemente alarmados por un posible resurgimiento de la izquierda. La fuerza del NEP se estimaba en unos 25.000 luchadores durante el período de la ley marcial en la década de 1970, se redujo a unos 8.000 durante los ’90 y según los informes está volviendo a crecer. En los últimos meses, el NEP ha lanzado una serie de ofensivas militares en todo el país. Además del NEP existen otros grupos armados de izquierda de menor tamaño que operan en áreas remotas de las provincias.
La derecha filipina además tiene miedo a raíz del reciente triunfo electoral de la izquierda en elecciones democráticas. Cuando se restauraron las instituciones democráticas después del levantamiento del “poder popular” en 1986, la izquierda se dividió entre los que todavía consideraban la lucha armada como fundamental, y los que pretendían disputar el poder a través de los procesos electorales. El PCF boicoteó inicialmente las elecciones generales que precedieron la elección de la presidenta Corazón Aquino.
Si bien continuó con lo que llamaba “la guerra popular prolongada”, finalmente decidió participar, después de la introducción del sistema de listas partidarias, una medida que reservaba una porción de los escaños en el Congreso a los sectores de la sociedad subrepresentados y marginados. Otros grupos de izquierda sencillamente abandonaron la lucha armada, eligiendo centrarse en las elecciones y las campañas públicas para promover el cambio político.
En las últimas elecciones, los candidatos de la izquierda ganaron 11 de los 24 escaños de la lista partidaria en juego. A pesar de que esta proporción representa poco más que un cinco por ciento del total de votos a nivel nacional, la visibilidad de la izquierda en los debates públicos ha sido desproporcionadamente alta en comparación con el número real de escaños parlamentarios que detenta. En las calles, en donde comienzan habitualmente las luchas políticas filipinas, solamente la izquierda ha sido capaz de movilizar a la gente en forma consistente, aunque en una escala limitada.
El oficial del ejército Palparan ha prometido “limpiar completamente de rebeldes su área de responsabilidad, antes de retirarse en setiembre de este año”. [7] Es una promesa que suscribe el funcionario de defensa civil de mayor rango del país, Avelino Cruz, que también ha dicho que la “insurgencia comunista” puede ser derrotada en un período “de 6 a 10 años”. [8]
Cruz confía alcanzar este objetivo a través del ambicioso Programa de Reforma de la Defensa Filipina, un plan general que busca modernizar y actualizar la capacidad de las fuerzas armadas para llevar adelante las “operaciones de seguridad interna”.
Los Estados Unidos, intensificando su participación de larga data en la campaña de contrainsurgencia en Filipinas, han intervenido conjuntamente con el ejército filipino en el diseño del Programa de Reforma de la Defensa Filipina y financian la mitad del presupuesto del programa que asciende a 370 millones de dólares. Washington ha calificado al PCF/NEP y a la Brigada Alex Boncayao, un grupo escindido del NEP, como “organizaciones terroristas extranjeras”.
Sin embargo, aunque el ejército siempre ha considerado a los grupos armados de izquierda como una gran amenaza militar, y antes de que Arroyo asumiera la presidencia se lanzaban ofensivas y contraofensivas contra ese objetivo, en estos últimos tiempos ha habido un giro significativo en la predisposición de algunos oficiales militares claves: existe un creciente rechazo a distinguir entre la izquierda armada y la desarmada, entre quienes están en el movimiento guerrillero clandestinoy los que están por la lucha legal y ante la luz pública. La frontera entre ambos, al menos en la opinión de algunos militares y funcionarios civiles, simplemente no existe.
Esta actitud se puede resumir mejor en la respuesta que tiene preparada Palparan cada vez que se le recuerda que los activistas que son asesinados están desarmados y participan en organizaciones de masa de carácter legal. “Son legales pero están haciendo actividades ilegales” [9] La decisión de despenalizar a los comunistas en 1994 fue una mala idea, según Palparan, que agrega que él estaría “feliz” si se revocara. El manual The War of Trinity enfatiza –en negritas- que, si bien el PCF todavía considera la lucha parlamentaria como secundaria frente a la lucha armada, ambas son “complementarias e interactivas y están interrelacionadas”.
Esta opinión es compartida por los líderes civiles. “Alentamos al comunismo y al socialismo como partidos a la manera de los europeos”, declaró el jefe de personal de la presidencia Michael Defensor: “Lo que no queremos es cuando predican la revolución armada”.
Según el Asesor de Seguridad Nacional Norberto Gonzales, “Hoy ya no estamos luchando contra la clásica guerra de guerrillas. Ellos han infiltrado y permeado nuestro proceso democrático”. Gonzáles ha puesto el grito en el cielo porque los parlamentarios de izquierda electos están aprovechando sus puestos para promover la revolución. Se ha quejado constantemente de cómo los miembros de Bayan Muna “brillan” como luchadores del NEP y cómo, parafraseando a Palparan, transitan por ambas veredas de lo que el gobierno define como actividades legales e ilegales.
Odiamos a los comunistas
Esta es una acusación que los que murieron no tendrán la oportunidad de contestar. La mayoría de las víctimas pertenecía a organizaciones de carácter legal, de izquierda o de tendencia de izquierda, que aparecen enumeradas en la lista de las AFP como supuestas organizaciones de “frente”. Según lo establece un informe reciente de Amnistía Internacional “Los asesinatos –que cada vez son más- que tienen lugar en algunas provincias, según los informes están ligados a la calificación pública que hacen los comandantes locales de ciertos grupos de izquierda como organizaciones de frente del NEP”.
Antes de la muerte de Abanador Gandia, por ejemplo, la policía y los militares de Bataan habían dicho en forma ominosa a los integrantes del KPD “Ya sabemos quienes son. Sabemos quiénes están realmente detrás de ustedes Los conocemos a todos”.
Otros activistas pertenecen a organizaciones que están en graves disputas por la tierra con poderosos terratenientes que, ayudados por el consentimiento tácito del estado o la falta de voluntad política, históricamente han utilizado bandoleros para eliminar a los campesinos que impulsan la reforma agraria. Ahora que sus tierras están sujetas a la expropiación, los terratenientes, según el coordinador de Campaña del TFM Factor, se están comportando como “perros rabiosos que han sido soltados de la cadena”.
La mayoría de los asesinatos se concentran en áreas de creciente militarización en las que se intensifican las operaciones de contrainsurgencia. En la zona de Central Luzon donde actúa Palparan, más de 50 izquierdistas han resultado muertos, lo que equivale a casi una cuarta parte del total de 224 asesinatos que registrara el Philippine Daily Inquirer. En esa región, el ejército ha establecido destacamentos de 10 hombres en distintos poblados en los que ha desplegado interrogatorios puerta a puerta y patrullaje nocturno.
Incluso han organizado talleres anti-comunistas y movilizado manifestaciones de protesta en apoyo al ejército. Los participantes de estas manifestaciones declaran que se les dijo que llevaran pancartas con la leyenda “Odiamos a los comunistas”. La zona de Negros, donde se concentran varios asesinatos, es otra provincia donde el ejército ha lanzado lo que el jefe militar a cargo de la región, el Teniente General Samuel Bagasin describió como “operaciones decisivas”.
Las víctimas aparentemente no son elegidas al azar. Casi todos los que han sido ejecutados son líderes u organizadores conocidos que han participado activamente en la base y reclutado nuevos miembros para sus organizaciones. Las operaciones son en muchos casos quirúrgicas y con objetivos bien claros. Y si bien los organizadores a nivel provincial y municipal fueron seleccionados, también se está persiguiendo a los líderes de nivel nacional.
Al menos un congresista de Anakpawis sigue detenido enfrentando cargos de rebelión, mientras otros cinco acamparon en el Congreso por dos meses para evitar su arresto. El Secretario de Justicia Raul Gonzales les ha dicho que “vuelvan a las montañas donde pertenecen”, [10] una alusión a la zona en la que históricamente el PCF ha levantado sus campamentos de base.
El activista Factor sospecha que la eliminación calculada de las jerarquías máximas de su organización constituye un intento para aterrorizar a los miembros y atemorizar potenciales nuevos ingresos en la esperanza de debilitar el movimiento. Un columnista local ha definido la táctica como “matar a uno para asustar a 100”. [11] Que se esté matando a activistas no en masa sino a en cámara lenta con un asesinato por semana, parece algo calculado para maximizar el efecto petrificante y a la vez minimizar la indignación pública.
En varios casos, los testigos han señalado directamente a soldados y policías uniformados o grupos conocidos de paramilitares o vigilantes, como los asesinos. En muchos otros casos, las víctimas fueron muertas por un par de motonetistas enmascarados.
Los observadores señalan que esta forma de asesinato tiene reminiscencias del período de fines de la década de 1980 cuando, a la altura de la “guerra total” desatada por el gobierno de Aquino contra la izquierda, motonetistas enmascarados también mataban activistas en todo el país. De acuerdo al grupo de derechos humanos Task Force Detainees de Filipinas, murieron 585 personas durante esa orgía de violencia.
Orgullo por sus antecedentes en derechos humanos
El gobierno ha expresado públicamente que ve esta matanza generalizada de activistas como una triste coincidencia. No hay ningún patrón establecido y los asesinatos no están relacionados, sostienen los funcionarios del gobierno. Las acusaciones contra los oficiales de la seguridad del estado son sistemáticamente descartadas.
Un vocero policial ha declarado que no existe ningún patrón en absoluto, se trata simplemente de los vaivenes del ciclo normal de delitos. “A veces cae, a veces aumenta”, declaró Samuel Pagdilao portavoz de la Policía Nacional Filipina al referirse a la profusa serie de asesinatos de activistas. [12]
Los funcionarios del gobierno han insistido reiteradamente que no existe ninguna medida de fuerza dispuesta a nivel oficial en relación a los activistas. “No tenemos nada que ocultar, y estamos muy orgullosos de nuestros antecedentes en derechos humanos” dijo recientemente el Secretario de Prensa Ignacio Bunye. Antes, Arroyo había declarado que las acusaciones de violaciones a los derechos humanos eran un “insulto” al ejército.
Otros altos funcionarios proclamaron que en caso de haber un culpable, estos eran los propios activistas. De acuerdo a este punto de vista, la revolución nuevamente se está devorando a sus propios hijos –tal cual sucediera en la década de 1980 cuando en una operación que desde entonces fuera reconocida por la jerarquía del PCF, se ordenó la muerte de al menos 2.000 miembros del partido por sospechas de que eran infiltrados del gobierno.
Pero los izquierdistas que ya no están alineados con el PCF, y que han hecho críticas públicas a la campaña anti-infiltración de ese partido, salieron a descartar esta acusación como oportunista y absurda. Robert Francis García Secretario general de La Paz defiende la Verdad, la Reconciliación y la Justicia, una organización de sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas de la purga interna del PCF, cree que el gobierno está “capitalizando el tema para golpear al PCF/NPA”.
Para García la forma en la cual se llevó a cabo la purga del PCF en aquel momento guarda muy poca similitud con la forma en que se está matando a los activistas hoy. En ese momento, recuerda, los supuestos infiltrados fueron arrestados, detenidos e interrogados por agentes del partido –no fueron ejecutados sumariamente en público como sucede hoy.
Incluso una fuerza de trabajo policial constituida en forma oficial identificó recientemente a soldados y fuerzas paramilitares como los sospechosos de al menos algunas de las muertes. [13] La Comisión de Derechos Humanos –un organismo constitucional habitualmente muy timorato, ha declarado que el “patrón de denuncias que nos llegan muestra que miembros de las fuerzas armadas y la Policía Nacional Filipina son sospechosos”. Asumiendo que el gobierno no está detrás de estos asesinatos que siguen sin esclarecerse, la comisión señala que sigue siendo su deber resolverlos y prevenirlos.
Lamentablemente, para muchos de estos casos no hay armas humeantes, y las mentes maestras detrás de los asesinatos no tiene por costumbre dar recetas a los sicarios que contratan. Pero incluso una investigación superficial de los asesinatos de los últimos meses hace difícil evitar la conclusión de que existe una misión deliberada y sistemática para aterrorizar –cuando no exterminar- a la izquierda, que está siendo ejecutada por quienes tienen tanto el motivo como los medios para hacerlo.
Aunque asumiéramos que una parte de estos asesinatos pudieran explicarse como la consecuencia de problemas personales o una guerra entre distintas facciones izquierdistas armadas, la gran mayoría de los casos muestran un patrón alarmante.
Malos antecedentes
La administración de Arroyo está transformándose en el régimen más represivo de Filipinas desde el período del gobierno autoritario y corrupto de Ferdinand Marcos. De acuerdo a las Task force Detainees de Filipinas unas 3.400 personas fueron asesinadas y más de 700 desparecieron durante los 14 años de dictadura de Marcos.
Según el Senador Manny Villar, citando cifras proporcionadas por la Comisión de Derechos Humanos, en el período de cinco años de Arroyo, el número de personas ejecutadas, torturadas o detenidas en forma ilegal ha eclipsado el número acumulado del período de 11 años correspondiente a los tres presidentes que la antecedieron.
Esto no significa que antes de que Arroyo asumiera el gobierno todo estaba bien. Las administraciones anteriores también tuvieron una cuota importante de violaciones a los derechos humanos. Pero según Max de Mesa, presidente de la Alianza Filipina de Defensa de los Derechos Humanos (Philipine Alliance of Human Rights Advocates) y activista por los derechos humanos desde hace muchos años, el número total de casos de violaciones en el gobierno de Arroyo no debe compararse en forma independiente al de sus predecesores.
El gobierno de Arroyo, dice, todavía está obligado a resolver las violaciones del pasado –algo que su gobierno no ha hecho hasta el momento. En este sentido, plantea que la cifra de los régimenes anteriores deberían sumarse a las que corresponden al período de Arroyo
A comienzos del período de Arroyo la mayoría de las víctimas eran civiles musulmanes, que a menudo fueron rodeados y detenidos en redadas, atrapados en la “guerra del terror” respaldada por los Estados Unidos. En un episodio particularmente impactante, que fue captado en vivo por la televisión nacional en marzo del año pasado, los más altos funcionarios de la seguridad nacional, con la aprobación aparente de la presidenta, supervisaron el asalto a una prisión luego de que algunos presos acusados de ser dirigentes de Abu Sayyaf habían liderado un levantamiento.
A pesar de que estaban desarmados y controlados contra una pared, 26 detenidos fueron ejecutados. Los grupos de Derechos Humanos calificaron el hecho de “masacre” y la CDH desde entonces ha suscrito su recomendación de presentar cargos de asesinato contra los oficiales a cargo.
En la provincia altamente militarizada de Sulu en el sur de Filipinas, donde el ejército ha estado persiguiendo al grupo Abu Sayyaf, han habido numerosas acusaciones de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, entre ellas la masacre de una familia en febrero de 2005, que finalmente provocó que se reanudaran los ataques del Frente Moro de Liberación Nacional contra las fuerzas del gobierno.
Las desapariciones, los degollamientos, y las ejecuciones sumarias han vuelto a transformarse en la norma en esta zona. Pero los abusos del gobierno que se han documentado, no han recibido la misma atención que las atrocidades que comete Abu Sayyaf.
Quizás la demostración más clara de la ausencia de protección y garantías a las libertades civiles de este gobierno sea el asesinato desenfrenado de periodistas. La libertad de prensa nunca ha cobrado un precio tan alto, son no menos de 42 los periodistas muertos desde que Arroyo asumió el gobierno –algo así como la mitad de los 79 que van muertos desde 1986. Este record llevó al Comité de Protección a Periodistas con sede en Estados Unidos a colocar a Filipinas como el país con mayor número de asesinatos de periodistas del mundo, solo superado por Irak. Algunos han rebatido que en realidad Irak es zona de guerra y que el galardón debería caberle exclusivamente a Filipinas.
Si bien los jefes locales y elementos criminales, y no agentes estatales, son probablemente los responsables de las muertes de los periodistas, la tibia respuesta del gobierno muestra su incapacidad –o falta de voluntad- para proteger a la prensa.
En vez de trabajar para llevar a los asesinos a la justicia, el Secretario de Justicia Raul Gonzales sugirió recientemente que los trabajadores de los medios debían armarse para poder defenderse. También dejó entrever que los asesinatos podrían no tener nada que ver con la libertad de prensa. “Hay algunos trabajadores de los medios que fueron muertos en peleas de tragos o debido a una mujer” declaró recientemente.
Si bien las violaciones a los derechos humanos han venido creciendo en forma sistemática, la situación se ha agravado después de que Arroyo, enfrentada a los reclamos generalizados de su renuncia provenientes de todo el espectro político, comenzara a utilizar medidas más descaradamente coercitivas para conservar el poder. Por ejemplo, prohibió las manifestaciones públicas y autorizó el uso de la fuerza para dispersarlas. Además, ha silenciado a sus funcionarios a la hora de atestiguar en las audiencias del congreso.
Finalmente, el 24 de febrero, Arroyo declaró el “estado de emergencia nacional”. Esto fue interpretado por la policía y el ejército como una carta blanca para proceder a realizar arrestos sin garantías y a acosar e intimidar a los medios. Si bien el estado de emergencia se levantó muy pronto –y recientemente fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte- las violaciones a los derechos humanos no han parado, por el contrario, se han agudizado.
El pasado fin de semana, cinco líderes de la Unión de las Masas por la Democracia y la Justicia (UMDJ) un grupo identificado con el ex-presidente hoy detenido Joseph Estrada, fueron secuestrados a plena luz del día –no en el campo sino en la capital Manila- y estuvieron desaparecidos durante dos días. Presionado para que contestara si el ejército había arrestado a los líderes de la UMDJ, el secretario ejecutivo Eduardo Ermita negó las acusaciones y repitió enfáticamente la argumentación reiterada del gobierno “Automáticamente se señala a la administración como culpable, esto es injusto”.
Pero apenas dos horas después, un portavoz militar confirmó que los cinco habían sido arrestados y detenidos por agentes de inteligencia. Este portavoz era el mismo que, un día antes, había declarado no tener ningún conocimiento del paradero de los cinco secuestrados. Acusados de ser miembros infiltrados del NEP complotando para asesinar a la presidenta y a varios miembros del gabinete, los detenidos fueron más tarde liberados por “insuficiencia de pruebas”. Estos casos muestran que el estado está conduciendo operaciones tipo comando contra los activistas y pone un manto de duda sobre su reclamo de que no tiene participación en los asesinatos y desapariciones no resueltos.
Pensando en una revolución
En muchos aspectos, la reciente ola de asesinatos es una trágica reiteración de episodios anteriores en la historia de Filipinas. En 1946, los legisladores de izquierda fueron expulsados del Congreso y conducidos a las montañas. Los escuadrones de la muerte acecharon el campo filipino a comienzos de la década del 50 y a fines de los años 80. Las oficinas de los diarios eran rutinariamente clausuradas bajo candado por el gobierno durante los períodos de aplicación de la ley marcial. Las desapariciones auspiciadas por el estado dieron origen a una generación de huérfanos y viudas.
La escalada de la represión que tiene lugar hoy en Filipinas no es una coincidencia, veinte años después del fin de la dictadura y tres de los levantamientos del “poder popular”, la sociedad filipina está extremadamente polarizada.
Si la reciente ola de muertes significa algo, es justamente que la creciente coacción y el abandono de los derechos democráticos auguran un resquebrajamiento del órden político post-1986, cuando se sacó del poder al dictador Marcos y se reinstauró la democracia. Qué reemplazará aquellas esperanzas democráticas, más que nunca en los últimos años, es objeto de una aguda contienda política.
La crisis política disparada por las acusaciones de fraude electoral y corrupción que pesan sobre Arroyo pusieron estas divisiones al descubierto en forma nítida. En un campo están los que quieren salvar y mantener lo que los académicos gustan en llamar la “democracia oligárquica” o “democracia de baja intensidad”, que si bien asegura el voto universal no garantiza la alimentación, ni el empleo ni la vivienda a todos los ciudadanos.
Del otro lado del debate están los que luchan para avanzar más allá de esa democracia limitada y trabajan para cambiar el sistema tanto desde los ámbitos institucionales como desde los no formales, subterráneos. En los últimos meses estas dos tendencias fracasaron en sus intentos por derrocar a Arroyo y ahora están en un impasse.
Pero como denotan la creciente militarización y represión, ha aparecido otro campo que pretende romper el estancamiento. Aquellos que buscan hacer retroceder la democracia y empujar al país a un sistema autoritario, aunque nominalmente democrático están otra vez en ascenso y claramente a la ofensiva.
Para las élites gobernantes y conservadoras, desde 1986, las instituciones formales de la democracia –elecciones libres y justas, libertad de prensa, la protección y promoción de las libertades cívicas- eran en ese momento la forma más efectiva de mantener el control sobre el poder y la riqueza.
Pero en la medida en que la gran mayoría de la población marginada ha venido empleando crecientemente estas instituciones para cuestionar al status quo, algunos sectores de la clase dominante y los militares parecen haber llegado a la conclusión de que la democracia es un arma de doble filo. La democracia de baja intensidad nuevamente está dejando paso a la guerra de baja intensidad en Filipinas, y entre tanto el término “subterráneo”ha vuelto a adoptar su viejo significado.
“No ha cambiado nada” declaró Lorena Paras, una ex-guerrillera del NEP que se rindió al gobierno en 1997 y ahora intenta vivir una vida tranquila al pie de las Montañas Bataan. Y no obstante, para ella, en realidad es muchísimo lo que ha cambiado: el pasado mes de setiembre, fue testigo de cómo hombres con el uniforme del ejército se llevaban a rastras a su esposo, otro ex guerrillero del NEP.
Su nombre se agregó a la nueva lista de desaparecidos, y el de ella, muy probablemente al de nuevas viudas. Dice Lorena que hoy sus pensamientos cada vez más se vuelven hacia la revolución que hace tan poco dejó atrás.
* Herbert Docena integra Focus on the Global South, una organización de investigación y activismo.
Notas
1. Philippine Daily Inquirer, 15 de mayo, 2006
2. Associated Press, 30 de mayo, 2006
3. Philippine Daily Inquirer, 28 de octubre, 2005
4. Philippine Daily Inquirer, 2 de junio, 2005
5. Newsbreak, 29 de abril, 2006
6. Zachary Abuza, “Balik-Terrorism: The Return of the Abu Sayyaf”,
monografía de Strategic Studies, septiembre 2005
7. Newsbreak website, May 31, 2006
8. Reuters, 18 de mayo, 2005
9. Philippine Daily Inquirer, 21 de mayo, 2004
10. Philippine Star, 9 de mayo, 2006
11. Philippine Daily Inquirer, 26 de mayo, 2006
12. Philippine Daily Inquirer, 25 de mayo, 2006
13. Philippine Daily Inquirer, 16 de mayo, 2006