por Walden Bello*
(Reproducido por Focus on the Global South con autorización de Inter-Press Service (IPS). Prohibida su reproducción por medios no autorizados por IPS.)
BANGKOK, AGOSTO (IPS): A pocos días de su quinta Conferencia Ministerial, la Organización Mundial de Comercio (OMC) que fuera aclamada en su fundación en 1995 como la cúspide del gobierno económico mundial está paralizada.
A pesar de los esfuerzos obvios por dar un impulso positivo a las negociaciones en los últimos dos años, el borrador de declaración ministerial difundido recientemente pone de manifiesto el poco consenso que existe en todos los temas candentes que dividen a los miembros de la OMC.
Negociaciones atascadas
El Director General de la OMC Supachai Panitchpakdi anunció con bombos y platillos un compromiso “exitoso” de último momento sobre el polémico tema de la relación entre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y la salud pública, con relación a la fabricación e importación de medicamentos vitales. Muchos analistas sostienen, sin embargo, que el compromiso se inclina más a proteger los derechos de patente de las compañías farmacéuticas del Norte, que a promover el acceso a medicamentos que salvan o prolongan la vida de millones de personas en el Sur afectadas por el VIH-SIDA y otras epidemias. Es muy dudoso que esto pueda desbloquear las negociaciones en las otras áreas donde las diferencias Norte-Sur así como las disputas intestinas entre los países ricos están más solidamente arraigadas.
Antes del compromiso, las negociaciones habían llegado a un punto muerto debido a la negativa de EE.UU. a cambiar su posición respecto a que la flexibilización de los derechos de patente debía limitarse sólo a los medicamentos contra el VIH-SIDA, la malaria y la tuberculosis, en un claro desafío a la declaración de la cuarta reunión ministerial de la OMC de Doha, en 2001, que en forma inequívoca colocó los temas de salud pública por encima de los derechos empresariales de propiedad intelectual.
Un intento de último momento de la Unión Europea y EE.UU. para establecer un marco de negociación y revivir las conversaciones sobre liberalización de la agricultura parece haber fracasado, ya que los países en desarrollo criticaron duramente a las dos superpotencias comerciales por retroceder a su comportamiento de los últimos años de la Ronda Uruguay (1986-94), al elaborar en secreto un acuerdo en el que no tuvieron ninguna participación los otros 144 países miembros. Brasil, India y China –los puntales del mundo en desarrollo– respondieron inmediatamente con un documento en el que exhortaban a europeos y estadounidenses a no seguir dilatando las resoluciones “yéndose por las ramas” y a reducir drásticamente los altos niveles de subsidio que son responsables del dumping de granos y carne baratos en los mercados mundiales, y que lleva a la ruina a cientos de miles de agricultores de los países en desarrollo.
Tampoco han avanzado en absoluto las negociaciones para incorporar al ámbito de jurisdicción de la OMC los temas de inversiones, política de competencia, transparencia en la contratación pública y facilitación del comercio, catalogados como “relacionados con el comercio” y considerados por Bruselas y Washington como los ejes de la Declaración de Doha. En los hechos, hay una discrepancia fundamental sobre si existe o no un mandato que permita incluso iniciar estas negociaciones. Los países en desarrollo afirman que es necesario contar con el “consenso explícito” de cada país miembro para iniciar las negociaciones. La Unión Europea (UE) y otros países desarrollados, por su parte, afirman que el acuerdo para negociar ya existe y que sólo quedan por resolver las “modalidades” de esas negociaciones.
El factor de la sociedad civil
Algunos observadores afirman que están apareciendo los tres ingredientes clave del “escenario de Seattle”, haciendo referencia a la “fórmula” que determinó el famoso fracaso de la tercera reunión ministerial de la OMC en Seattle en diciembre de 1999:
– la trabazón de EE.UU. y la UE en el tema agricultura está otra vez en el centro de la escena;
– los países en desarrollo están más resentidos que nunca;
– la sociedad civil está en movimiento.
No se debe subestimar el factor de la sociedad civil. Las cifras no son claras, pero como mínimo 15,000 personas de todo el mundo pueden asistir a Cancún. Esto sería el equivalente al 5% de la población de Cancún que asciende a 300,000 –sin duda, una verdadera masa crítica. Hasta ahora, 10,000 campesinos liderados por la organización campesina UNORCA y la federación mundial campesina y de trabajadores rurales Vía Campesina están planificando marchar hasta el Centro de Convenciones ubicado en la sección restringida de la zona hotelera para entregar un mensaje a la reunión ministerial exigiendo que la OMC “salga de la agricultura”. Otra coalición llamada “Espacio Mexicano” está organizando un foro de una semana de duración llamado “Foro de los Pueblos” que llegará a su punto culminante el 13 de septiembre con una marcha coordinada con manifestaciones en muchas otras ciudades en todo el mundo, bajo la consigna “Contra la globalización y la guerra”.
Quizás el suceso más importante es la decisión de los Zapatistas, la fuerza insurgente armada con bases en las comunidades indígenas y campesinas de los bosques y tierras altas de Chiapas en el sur de México, de dar su apoyo a las protestas. ”Si los Zapatistas se unen a la movilización contra la OMC, entonces la situación se transformará, debido al gran prestigio que tienen en todo México”, declaró Héctor de la Cueva, uno de los coordinadores del Espacio Mexicano. Con miles de mexicanos inspirados para ir a Cancún y acciones contra la OMC en todo México, la decisión zapatista podría transformar lo que todavía es percibido por la mayoría de los mexicanos como una reunión de extranjeros en una “colonia turística yanqui”, en una jornada de protesta nacional masiva.
Las autoridades mexicanas están inquietas, a pesar de los esfuerzos de los líderes del movimiento internacional contra la globalización dirigida por las grandes empresas, que les aseguran que sus manifestaciones y reuniones serán de carácter no violento. Se ha hecho público que el gobierno federal ha estado recopilando una “lista de enemigos” con las personas que hay que controlar de cerca durante la reunión ministerial. El memorando del gobierno se filtró a la prensa a mediados de agosto, y contiene sesenta nombres, entre ellos, la dirigente indígena ecuatoriana Blanca Chancoso, la física india Vandana Shiva y el agroecologista estadounidense Peter Rosset, calificados como “ultras”.
Crisis institucional
Las dificultades actuales que atraviesa la OMC son la continuación de la crisis institucional que explotó por primera vez en Seattle en diciembre de 1999, y que fuera disparada por la resistencia de los grupos de la sociedad civil a la ofensiva de la OMC para subordinar dimensiones clave de la vida social al comercio regido por las grandes empresas; por el resentimiento de los países en desarrollo ante la imposición de un programa doctrinario de liberalización mundial que perjudica sus intereses, a manos de unos pocos países desarrollados; y por el repudio generalizado a una estructura de toma de decisiones no democrática.
La necesidad de una reforma profunda fue subrayada por el entonces Secretario de Estado del Reino Unido Stephen Byers unos pocos días después del fracaso de Seattle: ”La OMC no podrá seguir funcionando con su forma actual. Es necesario realizar cambios fundamentales y radicales para que la institución cumpla con las necesidades y aspiraciones de la totalidad de sus 134 miembros”.
No hubo ninguna reforma después de Seattle, y sólo fue gracias a la mano dura impuesta por EE.UU. y la UE sobre los países en desarrollo en el contexto de los sucesos del 11 de septiembre, que la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC en Doha, Qatar, en noviembre de 2001 logró sacar una declaración ministerial en la que se estableció el mandato para un número limitado de negociaciones tendientes a profundizar la liberalización del comercio. Sin embargo, la llamada “Ronda de Doha” pronto degeneró en una paralización.
Crisis de la globalización
Pero la crisis institucional de la OMC, es en sí misma, reflejo de una crisis aún más profunda y más amplia: la crisis del proyecto globalista de integración acelerada de la producción y los mercados. Un factor clave desencadenante de esta crisis fue la crisis financiera asiática de 1997, que hizo cobrar conciencia cabal del hecho que la liberalización de cuentas de capital –uno de los ejes de la ideología de la globalización—puede ser un elemento profundamente desestabilizador y conducir a tragedias como la de Indonesia, donde 22 millones de personas cayeron por debajo de la línea de pobreza en unas pocas semanas.
Este desprestigio de los supuestos beneficios de la movilidad sin restricciones del capital provocó, como era lógico, una amplia gama de análisis sobre la veracidad de otro de los principios clave del proyecto globalista: que la liberalización del comercio promueve la prosperidad. Quizás el mejor resumen de los resultados de muchas investigaciones sobre esta hipótesis que se realizaron a fines de la década de 1990 sea el que presentan Matthias Lundberg y Lynn Squire, investigadores del Banco Mundial: “Los pobres son mucho más vulnerables a los cambios en los precios internacionales relativos, y esta vulnerabilidad es magnificada por la apertura del país al comercio. Al menos a corto plazo, la globalización parece aumentar tanto la pobreza como la desigualdad”.
Mientras la doctrina y las instituciones de la movilidad del capital estaban siendo crecientemente erosionadas por esta crisis de legitimidad, el proyecto globalista sufrió un nuevo golpe trascendental: el colapso de la bolsa de valores en marzo de 2000, que inauguró una era de recesión y deflación mundial, provocada por los excesos del capital especulativo así como por la superproducción mundial. Enfrentadas a una época de escasez, aumento del desempleo y crecimiento lento, las élites económicas tanto de Europa como de EE.UU. dejaron cada vez más de fomentar el proyecto de una economía mundial integrada –con obstáculos a los flujos de capital y del comercio reducidos al mínimo—y al servicio de los intereses universales de la clase capitalista mundial, para centrarse en cambio en políticas de protección de los intereses de las élites capitalistas nacionales o regionales.
Las controversias entre la UE y EE.UU. sobre la agricultura, los aranceles del acero, los productos farmacéuticos, los organismos genéticamente modificados (OGM) u organismos transgénicos, los subsidios a la industria aeronáutica y las prácticas de Microsoft en Europa, reflejan este resurgimiento creciente del proteccionismo tanto en Bruselas como en Washington. Estos conflictos económicos se han visto exacerbados por las divergencias políticas entre EE.UU. y los países pilares de la UE (Alemania y Francia) en torno a los temas de Iraq y el Medio Oriente, que han desvertebrado a la ”Alianza Atlántica” que ganara la Guerra Fría contra la Unión Soviética.
La economía unilateralista de Bush, en particular, marca un alejamiento de las prácticas de concertación del capital mundial que sustentaron a las instituciones multilaterales (el FMI, el Banco Mundial y la OMC) durante la época Clinton. Ese unilateralismo y su defensa descarada de los capitales estadounidenses –ejemplificada en su posición sobre los ADPIC y la salud pública—es una respuesta a la crisis del proyecto globalista que probablemente profundizará la crisis económica y la crisis de las instituciones multilaterales que fueron utilizadas para promover la agenda de la globalización. Porque con la UE y EE.UU. en desacuerdo en todo una gama de temas, se ha hecho mucho más difícil para ambos montar una estrategia coordinada para dividir e intimidar a los países en desarrollo en la OMC, en temas en los que los dos centros capitalistas tienen intereses en común. Tal el caso, por ejemplo, de la imposición de un acuerdo de inversiones aplicable a través de la OMC, al que los países en desarrollo se han opuesto tenazmente.
Falsas opciones
Ante los fracasos del sistema de la OMC, tanto la UE como EE.UU. han empezado a recurrir crecientemente a los acuerdos bilaterales y multilaterales de comercio e inversiones como herramientas para la liberalización al servicio de sus intereses particulares. La carrera ya se largó, y EE.UU. parece llevar la delantera. Washington anunció recientemente acuerdos de libre comercio con Chile y Singapur, y en octubre próximo dará a conocer un acuerdo de libre comercio con Tailandia en la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) a realizarse en ese país. Es más, durante los últimos dos años la administración Bush ha dedicado muchos más esfuerzos a concluir el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que a garantizar la buena marcha de la OMC.
Los países en desarrollo son tan cautelosos de los tratados de libre comercio (TLC) como de la OMC, ya que reconocen que ambos están orientados por los mismos intereses hegemónicos de los socios más fuertes.
En respuesta a quienes argumentan que la OMC es preferible para los intereses de los países en desarrollo que los TLC porque tiene reglamentaciones y procedimientos institucionalizados que ponen límites a los países más poderosos, analistas de los países en desarrollo como Aileen Kwa, representante en Ginebra de Focus on the Global South y coautora del documento ”Behind the Scenes at the WTO”, destacan que en los últimos años los países del Sur han sido víctimas de la intimidación y coerción sistemáticas a manos de los países ricos que tratan de forzar la apertura de sus mercados, ocultos tras un grueso velo de falta de transparencia.
Los países en desarrollo no deben dejarse acorralar en ese tipo de falsas opciones y deben más bien comenzar a trabajar en pos de acuerdos realmente alternativos, como la creación de bloques económicos regionales o la reestructuración de los bloques ya existentes, como el MERCOSUR y la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), para que sirvan como motores efectivos del progreso económico coordinado a través de políticas que subordinen eficazmente el comercio a las prioridades de desarrollo de los países.
Cuando un fracaso es un triunfo
No podemos descartar que a pesar de las diferencias cada vez más profundas, es posible todavía que EE.UU. y la UE vuelvan a unirse para obligar a los países en desarrollo a aprobar nuevas iniciativas liberalizadoras sobre comercio y temas relacionados con el comercio en Cancún.
Sin embargo el escenario cada vez más probable es el de una conferencia ministerial que no producirá nuevos acuerdos de liberalización significativos y que reproducirá esencialmente la paralización de Ginebra. Para los países en desarrollo, constantemente presionados para abrir sus mercados o ceder el control de distintas áreas, incluso la elaboración de políticas nacionales –en temas como las inversiones y la política de competencia—a una OMC dominada por Washington y Bruselas, el fracaso de y la paralización de la conferencia ministerial es el mejor resultado. Les da un respiro para poder organizar y coordinar sus defensas y les ofrece a ellos y a la sociedad civil la oportunidad de revertir la globalización dirigida por las transnacionales, que incluso es vista por un portavoz indiscutido del libre comercio como la revista Economist como una amenaza real para el futuro del capitalismo, debido a los “excesos” del capital mundial. (FIN/COPYRIGHT IPS)
(*) Walden Bello es profesor de sociología y administración pública en la Universidad de Filipinas y director ejecutivo de Focus on the Global South con sede en Bangkok.
