por Nicola Bullard y Bea Moraras*
Después del dramatismo que se vivió en Bali, la conferencia de Bangkok sobre el cambio climático (31 de marzo – 4 de abril) fue más bien aburrida. Al Gore no descendió de las alturas, no hubo ningún delegado atrevido que mandara al diablo a Estados Unidos, y hasta donde yo sé, Yvo de Boer, el director ejecutivo de la CMNUCC, no derramó ni una lágrima. En Bangkok los negociadores prometieron “arremangarse” y “poner manos a la obra”, pero a pesar de exteriorizar cordialidad en un ambiente bien ventilado y adornado, las tórridas corrientes en pugna en Bali transitaron subyacentes una y otra vez durante las conversaciones en Bangkok. (1)
Las conversaciones de Bangkok se desarrollaron paralelamente en dos grupos de trabajo “especial”: uno trabajó sobre el Protocolo de Kioto y la próxima ronda de compromisos (El Grupo de Trabajo Especial, AWG por sus siglas en inglés) y el segundo, que se creó en Bali, abordó la “acción cooperativa a largo plazo” en el marco de la convención del clima (AWGLCA por sus siglas en inglés). Como los países desarrollados pretenden que en el segundo período de compromisos de Kioto se incluya a algunos de los grandes países emergentes, hay presiones para que ambos grupos de trabajo converjan. Pero, justamente por las mismas razones, los países en desarrollo han buscado mantener ambos procesos separados. Sin embargo, los problemas que surgieron en ambos grupos de trabajo son los mismos, y todavía está por verse si el camino de dos vías paralelas adoptado redundará en la agilización o el enlentecimiento de las negociaciones.
¡El mercado manda, ok!
El AWG se viene reuniendo desde 2006, y su agenda en Bangkok estaba centrada en la discusión de los medios que tendrán los países del Anexo 1 a su disposición para poder cumplir con sus metas de reducción de emisiones. Obviamente, en la medida en que muchos países no lograron llegar a las modestas metas del primer período de compromiso, la cuestión clave para los países en desarrollo no es cuánto se puede lograr en el futuro, sino qué piensan hacer los países del Anexo 1 ahora mismo.
En términos generales, los Estados miembros mantienen divergencias en torno a si es o no necesario revisar el Protocolo de Kioto. En general, los países del Anexo 1 pretenden renegociar el protocolo con miras a incluir a países clave del Sur en el sistema obligatorio de reducciones, mientras que los países en desarrollo insisten que las negociaciones deben continuar en el marco existente y que los países del Anexo 1 tienen que dar cumplimiento a sus obligaciones legales actuales.
En el marco del Protocolo de Kioto, los países del Anexo 1 disponen de tres mecanismos para “reducir el costo y aumentar la flexibilidad” asociada a la reducción de sus emisiones -el mecanismo de desarrollo limpio (MDL), el comercio de emisiones y la implementación conjunta (IC). Estos mecanismos fueron revisados por los “expertos” durante una sesión del grupo de trabajo, y el informe final del AWG reafirmó el uso del “comercio de emisiones y los mecanismos fundados en proyectos”. Esto, sin duda, es una excelente noticia para el sector privado, que ha venido promoviendo agresivamente la continuidad del comercio de carbono y otros mecanismos de mercado después de 2012. (En Bali estuvieron presentes más de 300 delegados de la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones, IETA por sus siglas en inglés).
Dado el carácter tan tendencioso de las intervenciones de los expertos, la reunión no habría podido arribar a ninguna otra conclusión distinta. Por ejemplo, dos de las presentaciones clave sobre comercio de emisiones estuvieron a cargo de Henry Dewent de IETA, y Arthur Runge-Metzger de la Comisión Europea, cuya presentación en power point defendiendo cual promotor de ventas el programa de comercio de emisiones (ETS por sus siglas en inglés) europeo, concluye que “EL ETS de la UE es un pilar fundamental del enfoque más general de la UE respecto de la seguridad energética, la innovación, la competitividad internacional y su resolución de avanzar hacia una economía con balance bajo de carbono”.
Más interesante aún es el hecho que quien resultó designado como presidente del AWG, Harald Dovland -que encabezó la delegación noruega en las negociaciones sobre el clima durante 12 años-hoy el asesor principal de Econ Poyry, la sucursal noruega de la firma de ingeniería y consultoría mundial Poyry Plc., que, entre otras cosas, trabaja mucho con grandes proyectos de infraestructura energética a gran escala. También publica “The Global Carbon Report”, un informe que según se publicita, constituye una “lectura fundamental para los observadores del mercado, los analistas, los elaboradores de políticas y los profesionales del mercado de carbono en el mundo de las finanzas, la energía y las industrias con uso intensivo de carbono, que buscan comprender los mercados de carbono a partir de un análisis de modelos”. Pero para que no haya dudas sobre la orientación de Econ Poyry, un artículo sobre los resultados de la COP de Bali publicado en el sitio web de la empresa, concluye que “el comercio de carbono es útil para lograr una reducción suficiente, y entender los fundamentos del mercado es crucial para los interesados”.
Ante la crisis ecológica mundial, es ciertamente irresponsable que en vez de optar por un análisis crítico y general de las debilidades y fortalezas de los distintos mecanismos, informado por personas que no tengan ningún interés creado en el cuáles sean las conclusiones, el AWG haya elegido circunscribir el debate al presupuesto predeterminado de que el mercado es sabio.
Una ‘visión compartida’ ¿entre quiénes?
Cruzando el hall central, en el otro salón, la discusión del AWGLCA se iba perfilando asimismo según alineamientos Norte – Sur. El escenario principal donde se desplegó esta división fue el debate por el orden de las prioridades en el plan de trabajo para el período que se extiende desde ahora hasta la próxima COP de Copenhague en 2009. El plan debía abarcar cinco áreas -visión compartida, mitigación, adaptación, finanzas y tecnología-y la UE estaba a favor de comenzar con la “visión compartida” (equivalente a fijar metas y cifras), mientras que el G77 y China hacían énfasis en torno a la urgencia de la adaptación, las finanzas y la tecnología. Lo que se destaca aquí entrelíneas es que la UE, Estados Unidos y otros, quieren incluir al menos a algunos de los países emergentes con mayores índices de crecimiento acelerado dentro del grupo de los que asumen compromisos obligatorios -de ahí el énfasis en la “visión compartida”. Si bien la UE declaró que está dispuesta a adoptar metas de reducción del 30% para 2020 y 65 a 80% para 2050, estos números no tendrán ningún significado real hasta que esté claro a cuánto están dispuestos a comprometerse los otros países, en particular los demás países del Anexo 1 (incluido Estados Unidos). Pero incluso si los países del Anexo 1, incluido Estados Unidos, adoptaran esa meta, aún así quedaría muy poco “espacio ecológico” para que los países en desarrollo hicieran crecer sus economías, especialmente si siguen el modelo actual con balance elevado de carbono. Algunos analistas estiman que la propuesta de la UE coloca en las espaldas de los países del Sur, que históricamente tienen la menor responsabilidad por las emisiones de gases de efecto invernadero, una carga excesiva e irrazonablemente pesada. Y sostienen que una distribución de la carga más equitativa supondría que los países del Anexo 1 pasaran a tener un balance negativo de carbono -lo que equivale a decir que para 2050 los países industrializados del Norte deberían ser sumideros de carbono y no fuentes emisoras de carbono-o al menos un balance neutro de carbono (2).
El G77 y China no acompañan ese enfoque de la ‘visión compartida’: como grupo, insisten en que la carga le corresponde a los países del Anexo 1, que no solo deben cumplir las metas actuales y además establecer otras más ambiciosas para el próximo período de compromiso (después de 2012), sino que también deben proporcionar enormes cantidades de ayuda financiera para solventar la mitigación (reducción de emisiones) y adaptación (medidas para enfrentar y adaptarse a los impactos del cambio climático y los fenómenos del clima), así como la transferencia de tecnologías apropiadas.
Otra propuesta que surgió es la de revisar las categorías existentes (Anexo 1 y No Anexo 1), con la posibilidad de crear un tercer grupo que podría posiblemente incluir a China, India, Brasil, Indonesia y otros países. Presumiblemente, el atractivo de esta propuesta es que la tercera categoría de países estaría sujeta a metas obligatorias, con la ventaja agregada de dividir al G77+China.
Uno de los elementos que subyace al debate es hasta qué punto Estados Unidos -que no ratificó el Protocolo de Kioto-puede ser incluido en cualquier compromiso futuro. En Bali se acordó que las Partes que no han ratificado el Protocolo de Kioto deben adoptar medidas “comparables” a las que han adoptado los países que sí lo ratificaron, una afirmación que ha sido redactada, evidentemente, pensando en Estados Unidos. Aunque parece obvio que este país no cambiará su postura de negociación antes del cambio de administración en 2009, el equipo actual sigue utilizando tácticas de bloqueo, tal como lo hizo en Bali: por ejemplo, en la discusión sobre la “visión compartida”, Estados Unidos argumenta a favor de la “diferenciación entre las partes”, en función de los cambios que se producen en las condiciones sociales y económicas, así como en las emisiones actuales y las tendencias de las emisiones. Léase: la situación económica del propio Estados Unidos, y las emisiones crecientes de China.
Para la UE, el principal problema es el de la competitividad global con Estados Unidos: el Euro fuerte ya está teniendo un impacto en las exportaciones y sin lugar a dudas imaginan que la situación puede empeorar, si a las industrias europeas se les exige invertir en nuevas tecnologías limpias, mientras los primos del Atlántico contaminan alegremente utilizando tecnología vieja. Por cierto, tal como lo expresara el ex Ministro de Hacienda británico Lord Nigel Lawson en el Financial Times “La Unión Europea verá gravemente perjudicada su propia economía si decide dar el ejemplo al mundo” (Financial Times, 7 de abril de 2008). Además advirtió que “inclinarse por el proteccionismo y revertir la globalización podría infringir un daño aún mayor a la economía mundial en general, y a los países en desarrollo en particular, que el que podría previsiblemente conllevar la continuación del calentamiento global prevista”.
Japón reveló asimismo hasta qué punto su accionar también está determinado por este razonamiento, al insistir en un “enfoque sectorial” de las reducciones de las emisiones. Aunque existen distintas versiones sobre qué podría significar un “enfoque sectorial”, en este caso se refiere a establecer metas para los principales sectores económicos. En buen romance, esto implica que países como el propio Japón podrían eludir las obligaciones ya existentes (es decir calculadas históricamente) gracias a la relativa eficiencia energética del país en distintos sectores, y se trasladaría la carga de las reducciones a las industrias sucias (y competidoras) de China e India.
Colateralmente a la conferencia, el Banco Mundial lanzó su cartera de “Fondos de inversión en el clima” financiados por un pequeño grupo de países del G8. Esta iniciativa despertó críticas airadas de los países en desarrollo en las sesiones plenarias, que principalmente protestaban porque esa iniciativa socava al Fondo de Adaptación creado en Bali, dirigido mayoritariamente por países en desarrollo y que opera en el marco de la Convención del Clima. También advirtieron que esto hace previsible la aparición de una proliferación de ventanas de financiación, que podría conducir a la fragmentación y la ineficiencia.
Pero para muchos integrantes de la sociedad civil, el verdadero problema es el propio Banco. Al decir de Janet Redman en su informe recientemente publicado, “World Bank: Climate Profiteer” (El Banco Mundial: especulador financiero que lucra con el clima): “el Banco Mundial se ha aferrado a la crisis climática como un paciente grave a los equipos de respiración artificial… Ya no se trata sólo del Banco que “sueña un mundo libre de pobreza”. Ahora es el Banco que puede resolver la crisis del clima. La cirugía estética incluye una cartera de US$2.000 millones de fondos fiduciarios que canalizan financiación asociada al carbono -dinero utilizado para comprar reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de proyectos en los países en desarrollo-desde los países industrializados y contaminantes del Norte global, a algunas de las industrias ecológicamente más destructivas en el Sur global” (3) [Ver también el artículo de Daphne Wysham y Shakuntala Mkhijani, más abajo.]
¿Cuál es la urgencia?
Según el informe publicado recientemente por Amigos de la Tierra Australia titulado “Climate Code Red” (Clima en código rojo) (4), el climatólogo estadounidense de primera línea Jasmes Hansen ya está advirtiendo que “si no comenzamos a revertir ahora las emisiones [de CO2], y además reducir la cantidad absoluta de este gas en la atmósfera, tendremos que soportar impactos enormes… Debemos fijar una meta de CO2 que sea tan baja como para poder eludir el punto en que ya no haya retorno”. Según Hansen, esa meta tendría que fijarse en 300 a 350 ppm de CO2 equivalente -una cifra significativamente menor a las 450 ppm que recomienda el PICC, con amplia aceptación. Sin embargo, tal como lo argumenta el informe “Climate Code Red”, la ciencia que respalda el informe del PICC tiene varios años de atraso al tiempo de su publicación, y hay fenómenos de gran magnitud como el derretimiento extendido de los hielos del mar Ártico en 2007, que ocurrió 100 años antes de lo previsto, que no han sido incorporados al modelo y las proyecciones del PICC.
Las concentraciones actuales de gases de efecto invernadero son de 370 ppm de CO2 equivalente, así que retrotraernos a concentraciones entre 300 y 350 ppm exige que además de eliminar las emisiones actuales, logremos remover parte del exceso de dióxido de carbono que hay hoy en la atmósfera. Pero, tal como se argumenta en el informe de AT, “si bien la evidencia reunida alcanza ya proporciones abrumadoras, los gobiernos han perdido una década en interminables negociaciones y sofismas sobre a quién le toca actuar primero, al tiempo que hacen oídos sordos ante la enorme deuda de carbono acumulada por los ricos y que se le debe a la mayoría de la población del mundo”.
Después de escuchar durante cinco días las conversaciones sobre el clima, uno fácilmente puede concluir que (i) no hay muchos negociadores que hayan leído el informe de AT, y (ii) que todos nos iremos al traste sin atenuantes, a menos que se cambie el enfoque actual. En muchos aspectos, las conversaciones sobre el clima en Naciones Unidas se parecen a las negociaciones en la OMC: prevalecen los intereses económicos nacionales, el sector privado está sumamente bien representado, y la división Norte-Sur resulta al parecer infranqueable. Más aún, no hay ninguna visión ni liderazgo de la parte de los Estados miembros, y, en los que respecta a algunos sectores de la sociedad civil que apoyan la posición de la UE como la mejor opción, la razón es que la del resto de los países del Anexo 1 es mucho peor.
Sin embargo, hay una diferencia importante entre el comercio y el clima. Si la OMC nunca llega a un acuerdo y si no hay ninguna ronda más de liberalización del comercio, no hay ningún problema: en realidad para muchos de nosotros, éste sería el resultado deseado. Es muy diferente con las negociaciones del clima: necesitamos resultados. Pero no habrá ningún avance mientras los países ricos industrializados sigan aferrados a sus privilegios mal habidos. Aunque puede ser que haya dos elementos que logren modificar el debate sobre el cambio climático: uno sería que se conformara una alianza entre países que superara la división Norte-Sur, promoviendo una visión colectiva superadora de los intereses nacionales. Bien podrían ser China, India y Brasil los países que lideraran este cambio. El segundo, es una movilización de la opinión pública mundial de tales dimensiones que los ministros y los negociadores sientan la presión callejera que los deja expuestos, y se vean obligados a calcular los costos políticos de la inacción.
* Nicola Bullard es investigadora y Bea Moraras está haciendo una pasantía en el instituto Focus on the Global South. Ambas participaron como observadoras en la conferencia de cambio climático en Bangkok.
Notas
(1) Ver el boletín ‘Earth Negotiations’ para un informe detallado de la reunión, http://www.iisd.ca/vol12/enb12362e.html
(2) Ver, por ejemplo, “The right to development in a climate constrained world”, de Paul Baer y Tom Athanasiou, http://www.ecoequity.org/GDRs/
(3) http://www.ips-dc.org/reports/#292
(4) “Climate Code Red”, David Spratt y Philip Sutton, http://www.foe.org.au/resources/publications/climate-justice/climatecodered.pdf