LA POLÍTICA ECONÓMICA DE LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA EN EL GOBIERNO

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LA
POLÍTICA ECONÓMICA DE LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA EN
EL GOBIERNO

El
caso de la República Bolivariana de Venezuela (1996-2006)

por
Edgardo Lander y Pablo Navarrete*

(Este
informe fue publicado originalmente en castellano por el
Transnational institute (TNI). Se puede descargar en inglés 
y en
castellano
)

Desde
que Hugo Chávez asumió la presidencia en febrero de
1999, Venezuela ha pasado por un proceso de cambios políticos
y sociales profundos. Estas transformaciones se han reflejado en el
discurso oficial del gobierno y en su articulación de las
bases fundamentales de la política económica. En la
oferta electoral de Chávez, y al comienzo de la gestión
del gobierno, se habló de combatir el "neoliberalismo
salvaje" y buscar un capitalismo humano; una "tercera vía
venezolana", como solución a la severa crisis
socio-económica que enfrentaba el país. En el
transcurso del gobierno, este discurso ha evolucionado hasta
desembocar en la declaración pública de Chávez
en enero de 2005, en donde se rechaza el capitalismo como modelo para
Venezuela y se habla de la necesidad de crear un socialismo del siglo
XXI.

Para
poder comprender la naturaleza del gobierno de Chávez, es
primeramente necesario entender las causas y la magnitud del colapso
del antiguo orden social y económico basado en el modelo
rentista petrolero.

Para
facilitar el análisis de la política económica
del gobierno de Chávez, identificaremos tres fases que marcan
coyunturas críticas en la gestión del gobierno hasta
ahora. La primera se refiere al periodo comprendido entre la llegada
de Chávez a la presidencia en febrero de 1999 y la aprobación,
en noviembre de 2001, de las Leyes Habilitantes, las que contienen
una serie de medidas que anuncian una transformación profunda
de la economía venezolana. Estas leyes tuvieron el efecto de
unir intereses heterogéneos opuestos al proyecto bolivariano.
Como consecuencia, empieza una segunda fase que dura hasta mediados
de 2003 y que está caracterizada como una batalla por el
control del Estado, durante la cual el sector mayoritario de la
oposición utilizó una gama de políticas de
carácter insurgente que culminaron con el golpe de Estado de
abril de 2002 y el paro/sabotaje empresarial-petrolero de 2002-2003 y
su posterior derrota por los sectores sociales afines al gobierno. La
última fase empieza a mediados de 2003 con la implementación
de las políticas sociales gubernamentales conocidas como las
‘misiones', y que dura hasta el presente día. Esta fase se
ha caracterizado por un intento por parte del gobierno de crear los
mecanismos para facilitar cambios estructurales en la economía
venezolana. Usaremos el segundo trimestre de 2006 (junio) como fecha
fin del área del presente análisis.

Antes
de examinar las políticas económicas del gobierno de
Chávez es necesario contextualizar la victoria de Hugo Chávez
en las elecciones presidenciales de diciembre de 1998 con un breve
resumen de los principales aspectos del sistema político
venezolano desde 1958 hasta el triunfo electoral de Chávez.

Venezuela
imaginaria

La
democracia venezolana entendida como el pacto de gobernabilidad
creado a partir del derrocamiento de la dictadura militar de Marcos
Pérez Jiménez en 1958, con la firma en el mismo año
del Pacto de Punto Fijo, se basa en un proyecto que asocia
democracia, nacionalismo petrolero y desarrollo vía la
distribución de la renta petrolera de forma clientelista
(Hellinger, 2003, 43).

Este
llamado ‘puntofijismo' se consolida en la Constitución de
1961 y tiene como protagonistas a los dos principales partidos
políticos del país: Acción Democrática
(AD) (socialdemócrata) y COPEI (socialcristiano). Además,
este pacto político cuenta con el respaldo de las Fuerzas
Armadas, la alta jerarquía de la Iglesia Católica, la
principal federación sindical, la Confederación de
Trabajadores de Venezuela (CTV), y la mayor organización
empresarial, la Federación de Cámaras de Comercio y
Producción (FEDECÁMARAS) (López Maya y Gómez
Calcaño, 1989). Es necesario puntualizar, sin embargo, que
este proyecto político no es totalmente consensuado, ya que
importantes sectores político-partidistas, incluyendo el
Partido Comunista y otras organizaciones de izquierda influenciadas
por la recientemente triunfante Revolución Cubana, son
excluidos y reprimidos abiertamente por el aparato de Estado.

No
obstante, sin una revolución social, sin alteraciones en la
distribución de los recursos económicos ni del poder en
la sociedad, el crecimiento sostenido de la renta petrolera hace
posible un proceso de distribución que permite simultáneamente
el enriquecimiento profundamente desigual de sectores sociales de
altos y medios ingresos, así como una mejoría de las
condiciones de vida de la mayor parte de la población más
pobre del país. Esta condición de una renta petrolera
en expansión y el reparto desigual de una torta en permanente
crecimiento fue la base de la construcción de una política
e ideología modernizante con un fuerte contenido
socialdemócrata en el cual es central el papel del Estado. A
diferencia de la mayor parte de los países de América
Latina, en este periodo no hay partidos claramente de derecha,
partidos que se autodenominen conservadores, ni siquiera liberales.

Dentro
del imaginario del desarrollo y la modernización, la
incorporación clientelar y subordinada de los sectores
populares y sus crecientes demandas no aparecía, a ojos de los
sectores dominantes, como una amenaza a sus intereses. Y, lo que es
vital, el gasto público con el cual se financiaba la
educación, la salud y la infraestructura, no tenía su
origen en un impuesto cobrado a los bienes e ingresos de los sectores
más acaudalados. El consenso socialdemócrata estaba
sustentado en un ingreso petrolero que se suponía iba a
caracterizarse por su permanente expansión, y que por lo tanto
permitía la distribución desigual de una torta siempre
mayor. El reparto de la principal fuente de riqueza del país
no tenía el carácter de un juego suma cero en el cual
lo que se le daba a uno necesariamente se le tenía que quitar
al otro.

Con
la cuadruplicación del ingreso fiscal que se da como resultado
del salto de los precios del petróleo del año 1973
-durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez-
se entra en el delirio colectivo de ‘la Gran Venezuela', el
imaginario de un país rico que, sin necesidad de mucho
esfuerzo, puede crecer en forma sostenida hacia una sociedad de
abundancia. Las voces críticas son ahogadas en el festín
de la renta petrolera1.

La
crisis económica y política: el estallido del consenso
socialdemócrata

Las
dos últimas décadas del siglo XX en Venezuela fueron
caracterizadas por un sostenido deterioro económico y
político. Después de más de dos décadas
en que -como ha sido señalado más arriba- hubo un
crecimiento sostenido y una mejoría significativa en las
condiciones de vida de la población y consolidación de
la legitimidad del régimen democrático, en febrero de
1983 ocurre el inicio simbólico del fin de la bonanza
petrolera de ‘la Venezuela Saudita', cuando el gobierno de Luis
Herrera Campins decide la devaluación del bolívar
después de muchos años de una paridad fija con el dólar
estadounidense. La crisis venezolana es más tardía que
la de la mayor parte de los países latinoamericanos. Sin
embargo, dadas las expectativas de crecimiento sostenido y de
mejoramiento de las condiciones de vida de la población que se
habían instalado en el imaginario venezolano, su impacto
político y cultural fue muy profundo. Se trata igualmente de
una crisis muy prolongada, con un sostenido deterioro de las
condiciones de vida de la mayoría de la población
durante dos décadas.

El
ingreso per cápita en Venezuela en el año 1998 fue
34,8% menor que en el año 1970 (Heston et al, 2002). La caída
durante este periodo representa la declinación económica
más grande de Latinoamérica y una de las peores del
mundo, aún peor que la de África durante este periodo
(Weisbrot, 2005). Entre 1970 y 1997, el ingreso de los trabajadores
se reduce a aproximadamente la mitad, y para 1997 Venezuela es uno de
los países con más desigualdad en el mundo, mostrando
un coeficiente Gini que supera el de Sudáfrica (62,3) y Brasil
(61,8) (Rodríguez, 2000, 1, 6). Entre el año 1980 y
1996, según un estudio de la Universidad Católica
Andrés Bello, se estima que la pobreza en el país
aumenta del 18% de la población al 65%, el aumento más
grande de pobreza en cualquier país de Latinoamérica
durante este periodo (citado en Wilpert, 2005).

La
crisis terminal del modelo político de Punto Fijo ocurre
durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez
(1989-1993) y la fractura profunda de la sociedad venezolana tiene su
más nítida expresión en la explosión
social de febrero de 1989, conocida como ‘El Caracazo'. En
condiciones de una severa reducción de las reservas
internacionales, importantes déficits fiscales y de la balanza
de pagos, sumados a una deuda externa que -en esas condiciones-
resultaba impagable, el gobierno de Andrés Pérez firma
con el Fondo Monetario Internacional (FMI) una Carta de Intención
que compromete a llevar a cabo una política neoliberal
ortodoxa de ajuste estructural, a pesar de que en su campaña
electoral había apelado al imaginario de la abundancia de su
primer gobierno2.
En respuesta al impacto inicial de las medidas de ajuste estructural
neoliberal -el aumento de los precios de la gasolina en el mercado
interno se expresó en un sorpresivo aumento de los precios del
transporte público-, en las principales ciudades del país
se producen masivos saqueos populares en una escala desconocida en la
historia venezolana. El gobierno establece un toque de queda y se
ordena una brutal represión militar que resulta en la muerte
de 276 personas según las cifras oficiales, aunque la
organización de derechos humanos PROVEA registra 366 personas
fallecidas, y algunos corresponsales extranjeros hablan de una cifra
de entre dos y tres mil muertos (CIDH, 1999; PROVEA, 1990)3.
El Caracazo representa la primera respuesta popular masiva y
espontánea a los rigurosos condicionamientos que los
organismos financieros internacionales venían imponiendo en la
mayor parte de los países del continente. La ausencia de una
reacción popular de rechazo a los dos intentos de golpe de
Estado de 1992 -y en defensa del régimen democrático-
confirmaron la descomposición y creciente ilegitimidad de un
sistema político que había sido considerado como
excepcional, como vitrina de la democracia en América Latina.

La
industria petrolera fue una de las áreas de la economía
en la cual avanzó más firmemente la agenda neoliberal
en Venezuela, con el inicio de la llamada política del ‘Gran
Viraje' que se implementa durante el gobierno de Andrés
Pérez. Estas orientaciones neoliberales abarcaban un amplio
espectro: precios; volúmenes de producción; relaciones
con la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP); modalidades de participación del capital extranjero en
el negocio petrolero; inversiones de Petróleos de Venezuela
(PDVSA) en el exterior; política impositiva; así como
las relaciones entre la empresa petrolera -cuyas acciones
pertenecen en su totalidad al Estado venezolano- y el Ministerio de
Energía y Minas (MEM), el organismo público responsable
de la elaboración y conducción de la política
petrolera del país4.

Como
una expresión más de la profundidad de la crisis
política que vivía el país, Andrés Pérez
no logra culminar su segundo periodo presidencial, al ser destituido
por el Congreso bajo acusaciones de corrupción. Esta dinámica
se expresa en el quiebre del bipartidismo, que se hace evidente en
las siguientes elecciones. Rafael Caldera abandona las filas de
COPEI, partido del cual fue fundador y principal dirigente e ideólogo
durante medio siglo. Decidido a lanzar su candidatura, organiza el
partido Convergencia Nacional y articula una alianza electoral de 16
fuerzas políticas que incluyen a representantes de la
izquierda tradicional tales como Teodoro Petkoff. En rechazo a las
políticas de ajuste neoliberal, propone como opción una
Carta de Intención con el Pueblo. Su victoria electoral
representa la primera vez desde el año 1958 en que llega a la
Presidencia de la República un candidato que no pertenece ni a
AD ni a COPEI.

Después
de sobrevivir a la crisis del sistema financiero más profunda
de la historia del país durante sus primeros años de
gobierno, y luego de un largo periodo de indecisión, Caldera
termina por acordar una Carta de Intención con el FMI y adopta
en 1996, bajo el nombre de la ‘Agenda Venezuela', las
orientaciones básicas de la agenda neoliberal que tanto había
cuestionado. Fueron particularmente severas las consecuencias de la
reforma de la Ley del Trabajo, que redujo drásticamente el
monto de las prestaciones sociales de los trabajadores y las
políticas de apertura e internacionalización de la
industria petrolera. Continúa el deterioro sostenido de las
condiciones de vida de la población y se profundiza la
ilegitimidad del sistema político, de sus partidos y de sus
dirigentes.

La
aplicación de las políticas de ajuste estructural le
dan particular visibilidad a dos características
interrelacionadas que la democracia venezolana comparte con la de los
otros países del continente, y que una renta petrolera
expansiva había parcialmente ocultado y/o atenuado. En primer
lugar, el carácter de élite -profundamente excluyente
e insensible a las demandas de la mayoría de la población-
que tenía el régimen político existente. En
segundo lugar, el carácter severamente acotado de los márgenes
de decisión autónoma del sistema político debido
a los condicionamientos económicos y geopolíticos
forzados por los organismos financieros internacionales.

Precisamente
estos dos asuntos constituyen los ejes en torno a los cuales se
articula lo fundamental del discurso de Chávez: lo popular y
la autonomía nacional. En el año 1997, el Movimiento
Quinta República (MVR) de Hugo Chávez decide participar
en las elecciones presidenciales de 1998 y se inscribe como partido
en el Consejo Supremo Electoral. Para el momento de las elecciones de
1998 se ha convertido en una referencia fundamental para la izquierda
en el país, y las principales organizaciones deciden apoyarlo
constituyendo para ello el Polo Patriótico. Después que
AD y COPEI a última hora deciden quitar el apoyo a sus
respectivos candidatos y apoyar a Henrique Salas Römer en un
último esfuerzo por impedir una victoria de Chávez,
éste llega a la Presidencia de la República con el
56,2% del voto en las elecciones presidenciales de diciembre 1998.

FASE
1: EL FIN DE LA AGENDA NEOLIBERAL, FEBRERO 1999 - NOVIEMBRE 2001

En
los discursos de Chávez, como candidato y al inicio de su
presidencia, es clara la insistencia en lo popular, lo nacional, la
soberanía, la equidad, la democracia participativa, la crítica
al neoliberalismo y al "capitalismo salvaje", así como el
rechazo del mundo unipolar y la prioridad de las relaciones con los
países del Sur, en particular los de América Latina.

Queda
sin embargo abierta una cuestión básica: ¿en que
consistiría un proyecto contrahegemónico viable en el
mundo actual? ¿Es la búsqueda de mayores niveles de
autonomía nacional?¿El retorno al desarrollismo, a la
sustitución de importaciones? ¿Un modelo de desarrollo
endógeno?¿Un Estado de bienestar social? ¿Un
proyecto antineoliberal al interior del capitalismo? ¿Un
proyecto anticapitalista?

La
propuesta inicial más sistemática de un modelo
productivo alternativo es la llamada Agenda Alternativa Bolivariana
de 1996 (Chávez, 1996). En este documento se detallan cinco
sectores productivos que definen el carácter mixto
(público/privado) del modelo económico que se propone:

Radiografía
de los cinco sectores productivos

Sector

Caracterización

Régimen de propiedad

I

Empresas básicas y estratégicas.
Sector petrolero, empresas básicas. Minería, alta
tecnología militar

Estatal

II

Bienes de consumo esenciales. Industria de la
construcción, agroindustria, PYMI, turismo

Mixto

III

Servicios esenciales y gobierno. Sectores
productivos como educación y salud, además de un
sector no productivo del gobierno, generador de servicios
esenciales no transables

Mixto

IV

Banca y finanzas. Orientado hacia la
intermediación financiera. No transable.

Mixto, pero regulado y controlado por el Estado.

V

La gran industria. Conformada fundamentalmente
por la gran industria importadora; generadora de bienes y
servicios no esenciales.

Fundamentalmente privado

(ibid,
14)

En
la oferta electoral de Chávez denominada Una revolución
democrática: la propuesta de Hugo Chávez para
transformar Venezuela (Chávez, 1998) se repite este carácter
mixto de la economía. Aunque se critica el rumbo que ha tenido
la economía venezolana, no se cuestiona el capitalismo como
sistema. Se encuentra en cambio la búsqueda de un modelo de
economía "humanista, autogestionario y competitivo", que
es resumida por la frase "tanto mercado como sea posible y tanto
Estado como sea necesario".

Significativamente,
en el ámbito político el documento resalta la necesidad
de transformar el marco político-jurídico existente vía
el Proceso Constituyente para "dar un paso a una autentica
democracia participativa".

Pese
a estos primeros lineamientos emitidos por el gobierno sobre el rumbo
de la política económica, es la reforma constitucional
como vía para un cambio institucional la que domina el primer
año del gobierno. Como ya se ha indicado, para el gobierno la
reforma política es un prerrequisito para la reforma económica
y en el paso de la llamada ‘Cuarta República' a la ‘Quinta
República'.

La
prioridad inicial: el cambio político-institucional

En
el mismo día de su toma de posesión como Presidente de
la República en enero de 1999, Chávez anuncia la
realización de un referéndum para consultar a la
población sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
El 71% vota a favor de la Asamblea cuando se realiza dicho referéndum
en abril, y en las elecciones para la Asamblea, en julio, la
coalición gubernamental logra 125 de 131 asientos. El
referéndum para aprobar o rechazar la nueva Constitución
se realiza en diciembre, y el 88% de los votantes lo aprueba.

A
pesar de las limitaciones en el proceso de convocar la nueva
Constitución5,
es significativo el contraste entre el proyecto de país
delineado en este texto y la ortodoxia neoliberal que domina en la
mayor parte del continente.

Este
contraste aparece tanto en disposiciones que ratifican (o
profundizan) contenidos de la Constitución anterior, como en
nuevas disposiciones. No se trata ni de un proyecto socialista, ni de
un proyecto básicamente estatista. Mientras que en la mayor
parte de los documentos doctrinarios iniciales del movimiento
bolivariano aparece el Estado como eje articulador principal de la
transformación de la sociedad, para el momento de la
Constitución el papel del Estado ha sido acotado en el
interior de una economía de mercado con un peso preponderante
de la actividad privada (Camejo, 2002).

El
nuevo texto constituyente garantiza la libertad económica
(artículo 112), el derecho de propiedad (artículo 115),
le confiere un rol a la iniciativa privada para generar crecimiento
de la economía y fuentes de empleo (artículo 299), y
consagra el equilibrio fiscal señalando que éste se
equilibrará en el marco plurianual del presupuesto, dando al
Banco Central de Venezuela (BCV) autonomía para la formulación
y el ejercicio de la política monetaria (artículos 311
y 318). A la vez define claras y centrales responsabilidades del
Estado en la política comercial y en la defensa de las
industrias nacionales (artículo 301), reserva para el Estado
la actividad petrolera y otras de carácter estratégico
(artículo 302), y le asigna un papel rector en el desarrollo
de una agricultura sustentable y la seguridad alimentaría
(artículo 305) (Constitución, 1999).

Es
igualmente significativa la garantía que concede el texto
constitucional a los derechos económicos, sociales, en
particular a la salud, la educación y la seguridad social.

Pero
quizás el cambio más significativo de la Constitución
de 1999 respecto al texto anterior (1961) se da en la amplia gama de
nuevas formas de participación que definen un régimen
político que combina las formas tradicionales de la democracia
representativa liberal (separación de poderes, y la elección
de autoridades ejecutivas y legislativas en los niveles municipales,
estadales y nacionales), con formas de democracia directa,
"participativa y protagónica". Es aquí, en la
promoción de una democracia y economía participativa,
donde se puede ver el acercamiento a un modelo económico
alternativo (Albo, 2006).

Orientaciones
iniciales de la política económica

Con
la notoria excepción de la política petrolera, durante
los primeros años de gobierno no hay una propuesta integral de
modelo de desarrollo ni una política económica que sea
consistente con el radicalismo del discurso político.

No
obstante, en el ámbito de los hidrocarburos se producen
reorientaciones significativas desde el primer momento6.
A pesar de que la política oficial del Estado venezolano se
suponía que seguía siendo la de la defensa de los
precios del petróleo a través de las regulación
de los volúmenes exportados que acordaba la OPEP, la política
que venía impulsando PDVSA a partir de la aplicación de
políticas neoliberales en Venezuela durante los gobiernos de
Andrés Pérez y Caldera apuntaba en una dirección
contraria. Priorizando la cuota de mercado sobre los niveles de
precios, la empresa venía violando de forma sistemática
los compromisos con la OPEP. Para la alta gerencia de la empresa, el
cártel petrolero obstaculizaba el libre funcionamiento del
mercado petrolero global. Sus violaciones de las cuotas de la OPEP
-además de la meta de ampliar la participación en el
mercado- estaban dirigidas a debilitar a la organización-hasta
hacerla cada vez más irrelevante- o para preparar el terreno
para la retirada de Venezuela de ésta. La voluminosa
sobreoferta de crudo venezolano tuvo una significativa incidencia en
el colapso de los precios del petróleo en el mercado
internacional, llegándose en los años 1998-1999 a los
precios más bajos en 50 años7.
En Venezuela esto incidió en una significativa caída
del ingreso fiscal, un voluminoso déficit fiscal, un déficit
en la balanza de pagos, y una fuerte recesión -con su
correspondiente aumento de desempleo-, tendencias que se acentuaron
en el primer año del nuevo gobierno.

Desde
el momento en que Chávez asume el gobierno, el MEM inicia una
agresiva política dirigida a la recuperación, tanto de
la debilitada OPEP como de los precios del petróleo.

Como
consecuencia, en una importante medida, de estas iniciativas de la
nueva política petrolera venezolana se lograron acuerdos
creíbles de reducción de volúmenes de
producción, no sólo por parte de los países de
la OPEP, sino incluso de otros exportadores no pertenecientes a la
organización, como México y Noruega. Ante la sorpresa
de los principales analistas del mercado petrolero mundial, los
acuerdos se cumplieron, siendo éste el principal factor que
condujo a triplicar el precio del petróleo venezolano en el
mercado mundial de menos US$8 por barril a comienzos de 1999, a unos
US$24 hacia finales del mismo año. Paralelamente, se suspende
el proceso de apertura petrolera que formaba parte de la estrategia
de privatización dirigida por la gerencia de PDVSA y se avanza
en la legislación para revertir el insignificante rol acordado
al capital doméstico en la industria. Se dan igualmente los
primeros pasos para recuperar el control del ejecutivo sobre la
política petrolera y sobre las orientaciones básicas de
la empresa, que en los años anteriores había adquirido
crecientes niveles de autonomía8.

Sin
embargo, en ausencia de un proyecto de desarrollo global, que
sirviera de forma efectiva para orientar la política económica
en diferentes ámbitos, es posible encontrar orientaciones
variadas, e incluso algunas que podrían corresponder a
propuestas estratégicas divergentes.

Dada
la profundidad de la crisis económica, las orientaciones
básicas de las políticas macroeconómicas son
bastante ortodoxas9,
con prioridad a los equilibrios macroeconómicos y un énfasis
al control de la inflación10.

Ejemplificando
este enfoque, Maritza Izaguirre, ministra de Finanzas del último
año del gobierno de Caldera permanece en esta función.
Esta orientación se encuentra en el Programa Económico
de Transición 1999-2000 emitido por el gobierno, donde se hace
énfasis en la estabilización macroeconómica
"como condición sine qua non para el desarrollo de políticas
sectoriales dirigidas a propiciar una reactivación económica
sobre bases sólidas y permanentes" (Cordiplan, 1999). Se lee
lo siguiente sobre la orientación general de la política
económica: "Las acciones específicas de la
estabilidad monetaria, financiera y cambiaria tiene su pivote central
en una prudente política fiscal signada por reformas
tributarias, ajustes de gastos, de tarifas y precios de los bienes y
servicios públicos".

A
pesar de que se insiste políticamente en la necesidad de
revisar y renegociar la deuda externa, ésta se paga con
rigurosa puntualidad y en el primer año el gobierno mantiene
sus compromisos con el FMI que había adquirido el gobierno de
Caldera (López Maya, 2006). Dada esta capacidad de pago, no se
solicitan nuevos préstamos al FMI, evitando de esa manera
nuevas negociaciones, condicionalidades y supervisiones por parte de
dicho organismo. Consecuencia de esta decisión política
es un aumento significativo de la deuda pública interna, el
alza de las tasas de interés e incremento de las ganancias del
sector financiero. En reiteradas oportunidades el presidente Chávez
se reúne con inversionistas extranjeros exhortándolos a
invertir en Venezuela, garantizándoles seguridad jurídica
y estabilidad política. Los ejemplos más destacables de
decisiones económicas que representan continuidad con las
políticas neoliberales fueron dos normas jurídicas de
los primeros tiempos del gobierno: la Ley sobre Promoción y
Protección de Inversiones 11de
octubre de 1999 (FUNDELEC, 1999) y la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones de marzo de 2000 (TSJ, 2000), que fue reivindicada
por los inversionistas internacionales como modelo de apertura y
transparencia.

Uno
de los documentos en los cuales aparecen más nítidamente
las dificultades para formular directrices económicas
consistentes con las orientaciones políticas y sociales del
proceso de cambio es el llamado Líneas Generales del Plan de
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007
(MPD, 2001), publicado en septiembre de 2001. En este documento,
estructurado en torno al objetivo de lograr equilibrios en cinco
grandes áreas (económico, social, político,
territorial e internacional), se formula el equilibrio económico
de la siguiente manera:

En
el lapso 2001-2007, se sentarán las bases de un modelo
productivo capaz de generar un crecimiento autosostenido, promover la
diversificación productiva y lograr la competitividad
internacional en un contexto de estabilidad macroeconómica, lo
cual facilitará una profunda y diversa reinserción en
el comercio internacional globalizado (Ibid., 16).

Una
y otra vez se insiste sobre la prioridad que tienen el crecimiento
hacia afuera y las exportaciones en el modelo que se propone para
Venezuela:

se
requerirá una fuente adicional de ingreso fiscal, el cual se
derivará de las nuevas ramas agrícolas, industriales y
de servicios privadas, las cuales conformarán una nueva
economía de exportaciones masiva de bienes y servicios, que,
al lado de librar la economía nacional de una excesiva
dependencia de exportaciones de crudos y refinados primarios de
origen petrolero, incrementarán sustantivamente los ingresos
fiscales no petroleros (Ibid., 16-17).

El
enfoque del documento es evidente: la sustentabilidad del crecimiento
económico-social exigirá añadir al motor del
desarrollo que actualmente se concentra en el producto petrolero
nuevas ramas de producción agrícola industrial y de
servicio, capaces de generar una firme corriente de exportación
a los mercados globalizados, al tiempo que podrá cubrir las
demandas esenciales en el mercado interno. El documento plantea
lograr esos objetivos apoyándose en la iniciativa y la
inversión privadas, con presencia del Estado en las industrias
estratégicas (Lebowitz, 2006).

El
documento también habla de "desarrollar la economía
social", un sector que consistiría en empresas asociativas
como cooperativas, microempresas familiares y microempresas
autogestionadas, las cuales son vistas como una vía
"alternativa y complementaria a lo que tradicionalmente se conoce
como economía privada y economía pública"
(MPD, 2001, 27-28). No obstante, un aspecto sobresaliente del
documento es el hecho de que asigna un papel menor a las actividades
cooperativas y de autogestión. Las unidades de producción
social que plantea el documento son pequeñas; la idea es
estimularlas con la democratización del capital, con
capacitación, y con microfinanciamiento de instituciones como
el recientemente creado Banco de Desarrollo de la Mujer (Banmujer)12,
y que formará parte de un sistema de microfinanzas. Se propone
que a través de la disminución de regulaciones y de
compromisos impositivos, aliada a la capacitación, será
posible insertar al sector informal en la economía formal. El
documento argumenta que es imprescindible "transformar a los
trabajadores del sector informal en gerentes de negocios pequeños";
la meta del Estado es "crear una clase empresarial emergente"
(Lebowitz, 2006, 89-90).

De
acuerdo al mencionado documento, el verdadero foco para transformar
la economía se centra en estimular el capital privado, tanto
nacional como extranjero. Al Estado se le otorga la responsabilidad
de crear una situación más propicia para la inversión
mediante: la promoción de la estabilidad financiera, la
creación de cadenas productivas para procesar los recursos
naturales, la creación de zonas de libre comercio, la creación
de la bolsa de valores "para crear una democratización
creciente del capitalismo gerencial", estabilizar las tasas de
cambio y en general crear un "clima de confianza para la inversión
extranjera en el país" (Ibid.).

En
suma, podemos decir que el concepto de economía expuesto en
este documento se distancia del modelo neoliberal en el sentido de
que rechaza el "culto al mercado del neoliberalismo", descarta la
privatización de la industria petrolera y otras industrias
estatales y otorga un rol protagónico al Estado en la
dirección de la economía. No obstante, no cabe duda de
que no implica un rechazo al capitalismo. En cambio, se trata de una
alternativa al neoliberalismo, y esto queda claro si se considera que
una de las bases teóricas del documento fue el libro del
economista chileno Osvaldo Sunkel El desarrollo desde dentro: Un
enfoque neo-estructuralista para América Latina (Sunkel,
1994). El enfoque ‘cepalino' de este libro es ejemplificado por
la frase que afirma que "el equilibrio entre el Estado y el mercado
planteado por el neo-estructuralismo latinoamericano puede ser
calificado como ‘una estrategia de libre mercado ayudada por el
gobierno'" (Ibid., 394). No es de extrañar que, a la luz
de este discurso y políticas, muchos analistas críticos
del proceso lleguen a la conclusión de que se trata de una
orientación económica básicamente neoliberal13.

Los
mercados financieros y los empresarios venezolanos son de otra
opinión. Se toman más en serio el discurso político
que los enunciados de política económica: sube el
riesgo país y ocurre una masiva fuga de capitales14.
Se produce una severa contracción de la formación de
capital fijo en el sector privado -del 18% durante el primer año
de gobierno-, pero hay aumentos de este índice del 0,9% y
11,9% en 2000 y 2001, respectivamente. La formación de capital
fijo en el sector público exhibe una tendencia similar: baja
un 15% en 1999, mientras que en 2000 y 2001 sube un 1,2% y un 15,1%
respectivamente (BCV, 2006b). El PIB cae un 6% en el año 1999,
pero luego registra aumentos del 3,7% y el 3,4% durante 2000 y 2001
(BCV, 2006c). La tasa de desocupación se eleva de 11,2% en
1998, a 14,9% en 1999, pero disminuye a 13,9% en 2000, y a 13,3% en
2001 (BCV, 2006d). La inflación baja significativamente del
29,9% en 1998, al 20% en 1999, y luego al 13,4% en 2000 y al 12,3% en
2001, su nivel más bajo desde 1985 (BCV, 2006a).

Política
social: equidad, inclusión y participación

Más
allá de las múltiples limitaciones que pueden
atribuirse a la improvisación, a las restricciones
presupuestarias, y a severas fallas en la capacidad de gestión
de las políticas públicas y de coordinación
entre los diferentes niveles de gobierno, durante este periodo
existió en el terreno de las políticas sociales más
coherencia conceptual y doctrinaria que la existente en el terreno
productivo. A partir de la garantía constitucional de los
derechos económicos, sociales y culturales, en todos los
principales documentos en torno a la política social se
rechazan las políticas focalizadas hacia los grupos más
vulnerables, postulando por el contrario la necesidad de políticas
sociales universales tendientes a la equidad social y a la superación
de las desigualdades políticas y exclusiones culturales15.
Se define esta política como basada en la participación16,
como vía de inclusión social y construcción de
ciudadanía17.

El
primer gran programa social del gobierno de Chávez fue el Plan
Bolívar 2000, (1999-2001), programa cívico-militar de
emergencia para la reparación de la infraestructura de los
barrios, escuelas, clínicas y hospitales, atención
médica, reparación y construcción de vivienda,
así como la distribución de comida en áreas
remotas del país. A pesar de que fue un programa que tuvo un
impacto social y político significativo en los sectores
populares hacia los cuales estaba dirigido, presentó severos
problemas y limitaciones, generando por ello grandes controversias
debido a su improvisación, falta de institucionalización
y transparencia, así como acusaciones de corrupción
(Wilpert, 2003).

En
los primeros años de gobierno hubo un importante aumento tanto
del gasto público como del gasto social. El gasto público
como porcentaje del PIB pasó del 23,7% en 1998 al 31,6% en el
año 2001, un aumento del 33,3% (SISOV, 2006a). El gasto social
como porcentaje del gasto público pasó del 34,6% en
1998 al 38,3% en 2001, un aumento del 10,7% (SISOV, 2006b).
Prácticamente todo este incremento se dirigió hacia la
seguridad social y la educación, áreas que han sido
claramente consideradas como prioritarias. No obstante, con la
excepción del servicio de agua potable y saneamiento
suministrado por las empresas hidrológicas regionales,
mayormente adscritas a HIDROVEN, en las demás áreas de
la política social son pocos los avances sistemáticos y
acumulativos en los primeros años de gobierno18.

Primer
momento de inflexión: la Ley Habilitante

El
primer hito en el intento de hacer converger el discurso político
y la propuesta económica se da en el mes de noviembre del año
2001, con la aprobación de la Ley Habilitante (MPD, 2001b)19.
Del conjunto de las 49 leyes aprobadas de acuerdo a la Ley
Habilitante, destacan en primer lugar las leyes que tienen como
aspecto principal el objetivo de la democratización de la
propiedad y de la producción. Son varias las leyes que tienen
por finalidad el financiamiento o la promoción de modalidades
económicas alternativas a las organizaciones de carácter
empresarial.

Destacan
en este sentido la búsqueda de una reorientación de los
instrumentos de financiamiento del sector público para el
financiamiento del desarrollo económico y social20;
el fomento de la pequeña y mediana industria21;
la creación de un sistema de micro-créditos22;
el Fondo Único Social23;
y el fomento de modalidades alternativas de propiedad y de
organización de la producción como las cooperativas24.
Fueron tres las leyes que produjeron más polémica y
reacciones negativas de parte de los sectores empresariales, y en
general de la oposición política: la Ley de Pesca y
Acuacultura, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y la Ley Orgánica
de Hidrocarburos.

La
Ley de Pesca y Acuacultura tuvo como propósito el garantizar
el "aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos
hidrobiológicos, teniendo en cuenta los aspectos biológicos,
tecnológicos, económicos, de seguridad alimentaría,
sociales, culturales, ambientales y comerciales pertinentes".

Le
otorga prioridad a la "demanda del mercado nacional" y a la
protección de "los asentamientos y comunidades de pescadores
artesanales, así como al mejoramiento de la calidad de vida de
los pescadores a pequeña escala" y a la protección de
"los caladeros de pesca de los pescadores artesanales, en las aguas
continentales y los próximos a la línea de costa
marítima". Promueve "la aplicación de prácticas
responsables que aseguren la gestión y el aprovechamiento
eficaz de los recursos acuáticos vivos respetando el
ecosistema, la diversidad biológica y el patrimonio genético
de la nación". Para ello define como "propiedad del Estado
los recursos hidrobiológicos que se encuentran permanente u
ocasionalmente en el territorio nacional y en las áreas bajo
soberanía de la República". Establece restricciones a
la pesca industrial y reserva en "exclusividad a los pescadores
artesanales tradicionales" una amplia gama de actividades de
explotación de los recursos pesqueros (MPD, 2001h).

La
Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (MPD, 2001i):

tiene
por objeto establecer las bases del desarrollo rural integral y
sustentable; entendido éste como el medio fundamental para el
desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario
dentro de una justa distribución de la riqueza y una
planificación estratégica, democrática y
participativa, eliminando el latifundio como sistema contrario a la
justicia, al interés general y a la paz social en el campo,
asegurando la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la
vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y
agroalimentario de la presente y futuras generaciones (artículo
1).

Partiendo
del reconocimiento de la propiedad privada, establece limitaciones
que se fundan tanto en el derecho de los campesinos a la tierra como
en el objetivo constitucional de la seguridad agroalimentaria, y se
establece como meta la eliminación del latifundio.

Se
declara de utilidad pública e interés social, a los
efectos del presente Decreto Ley, la eliminación del
latifundio como contrario al interés social en el campo,
conforme a lo previsto en el artículo 307 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, el
Instituto Nacional de Tierras procederá a la expropiación
de las tierras privadas que fueren necesarias para la ordenación
sustentable de las tierras de vocación agrícola, para
asegurar su potencial agroalimentario, quedando subrogado en todos
los derechos y obligaciones que de conformidad con este Decreto Ley
puedan corresponder a la República (artículo 72).

El
Instituto Nacional de Tierras tiene derecho a rescatar las tierras de
su propiedad que se encuentren ocupadas ilegal o ilícitamente.

[Las
tierras privadas] quedan sujetas al cumplimiento de la función
social de la seguridad agroalimentaria de la Nación. En tal
sentido, deben someter su actividad a las necesidades de producción
de rubros alimentarios de acuerdo con los planes de seguridad
agroalimentaria establecidos por el Ejecutivo Nacional (artículo
2).

Reivindica
esta ley el derecho de los campesinos a la tierra, así como el
valor del conuco como modalidad productiva.

Se
reconoce el conuco como fuente histórica de la biodiversidad
agraria. El Ejecutivo Nacional promoverá, en aquellas áreas
desarrolladas por conuqueros, la investigación y la difusión
de las técnicas ancestrales de cultivo, el control ecológico
de plagas, las técnicas de preservación de suelos y la
conservación de los germoplasmas en general (artículo
19).

A
partir de lo contemplado en el texto constitucional, la Ley Orgánica
de Hidrocarburos precisa un conjunto de normas sobre la principal
industria del país, que definen orientaciones radicalmente
contrarias a la ortodoxia liberalizadora vigente en América
Latina (PDVSA, 2001). De estas orientaciones se destacan, a
continuación, cinco que son de especial importancia. En primer
lugar está la reafirmación de la propiedad de la
República sobre todos los yacimientos de hidrocarburos:

Los
yacimientos de hidrocarburos existentes en el territorio nacional,
cualquiera que sea su naturaleza, incluidos aquellos que se
encuentren bajo el lecho del mar territorial, en la plataforma
continental, en la zona económica exclusiva y dentro de las
fronteras nacionales, pertenecen a la República y son bienes
del dominio público, por lo tanto inalienables e
imprescriptibles (artículo 3).

El
segundo aspecto a destacar se refiere a un asunto que ha sido
extraordinariamente polémico en Venezuela en los últimos
años: el tema de la creciente autonomía que había
asumido PDVSA respecto al Estado, llegando a operar como "un Estado
dentro del Estado", como una empresa que operaba más con
lógica de una transnacional energética, en función
de sus intereses corporativos, que como una empresa pública de
todos los venezolanos. El control público sobre la empresa
queda establecido en los siguientes términos:

Corresponde
al Ministerio de Energía y Minas la formulación,
regulación y seguimiento de las políticas y la
planificación, realización y fiscalización de
las actividades en materia de hidrocarburos, lo cual comprende lo
relativo al desarrollo, conservación, aprovechamiento y
control de dichos recursos; así como al estudio de mercados,
al análisis y fijación de precios de los hidrocarburos
y de sus productos. En tal sentido, el Ministerio de Energía y
Minas es el órgano nacional competente en todo lo relacionado
con la administración de los hidrocarburos y en consecuencia
tiene la facultad de inspeccionar los trabajos y actividades
inherentes a los mismos, así como las de fiscalizar las
operaciones que causen los impuestos, tasas o contribuciones
establecidos en este Decreto Ley y revisar las contabilidades
respectivas (artículo 8).

En
tercer lugar, es de destacar la prioridad que le otorga la ley a la
formación de capital y capacidades nacionales en el área
de hidrocarburos:

El
Ejecutivo Nacional adoptará medidas que propicien la formación
de capital nacional para estimular la creación y consolidación
de empresas operadoras, de servicios, de fabricación y
suministro de bienes de origen nacional para las actividades
previstas en este Decreto Ley. En tal sentido, el Estado, los entes y
las empresas a que se refiere este Decreto Ley, deberán
incorporar en sus procesos de contratación, la participación
de empresas de capital nacional en condiciones tales que se asegure
el uso óptimo y efectivo de bienes, servicios, recursos
humanos y capital de origen venezolano (artículo 18).

En
cuarto lugar está la definición y límites de las
asociaciones que la empresa petrolera estatal puede establecer para
la creación de empresas mixtas:

Las
actividades primarias indicadas en el artículo 9, serán
realizadas por el Estado, ya directamente por el Ejecutivo Nacional o
mediante empresas de su exclusiva propiedad. Igualmente podrá
hacerlo mediante empresas donde tenga control de sus decisiones, por
mantener una participación mayor del cincuenta por ciento
(50%) del capital social, las cuales a los efectos de este Decreto
Ley se denominan empresas mixtas. Las empresas que se dediquen a la
realización de actividades primarias serán empresas
operadoras (artículo 22).

Por
último, e igualmente a contramarcha del sentido común
liberal actual, se establece la regalía como una de las
modalidades básicas de la estructura impositiva de la
industria de hidrocarburos.

De
los volúmenes de hidrocarburos extraídos de cualquier
yacimiento, el Estado tiene derecho a una participación de
treinta por ciento (30%) como regalía (artículo 44)25.

Las
49 leyes aprobadas bajo la Ley Habilitante, y en particular las leyes
de pesca, tierra e hidrocarburos fueron catalogadas por el
empresariado y por la oposición política como un
atentado a la propiedad privada, argumentando muchos que con ello se
confirmaba el carácter estatista o comunista del proyecto
político del gobierno26.
Así empieza una fase de confrontación entre el gobierno
y la oposición que duraría, en su periodo más
álgido, aproximadamente un año y medio.

FASE
2: LA BATALLA POR EL CONTROL DEL ESTADO, DICIEMBRE 2001 - JUNIO
2003

A
raíz de las 49 leyes aprobadas de acuerdo a la Ley
Habilitante, en los últimos meses de 2001, y por primera vez
durante el gobierno de Chávez, distintos sectores de oposición
comenzaron a articular una alianza y acordar una agenda común
(Lander, 2004). La primera confrontación entre esta alianza
opositora y el gobierno ocurre el 10 de diciembre de 2001 cuando
FEDECÁMARAS con el apoyo de la CTV27
llaman a un paro cívico nacional. Aunque el efecto del paro
fue limitado, representa el comienzo de un proceso de ruptura que
desembocaría poco más de cuatro meses más tarde
en el golpe de Estado del 11 de abril. Además, el paro
confirma la consolidación de una coalición de intereses
opuestos al gobierno dispuestos a usar una gama de métodos,
legales y extralegales, para derrocar al gobierno. Esta política
de la oposición venezolana encontró un creciente apoyo
extranjero, particularmente del gobierno de George W. Bush en los
Estados Unidos, cuyas relaciones con el gobierno venezolano se
deterioraban rápidamente28.

La
confrontación política se sigue agudizando al interior
del país, y dentro de este clima de incertidumbre se desata
una creciente fuga de capitales. Esto conduce a una serie de
devaluaciones de la moneda nacional, y en la medida en que Venezuela
importa alrededor de 80% de sus bienes de consumo, la inflación
se convierte en un grave problema: solamente en el primer trimestre
de 2002 la inflación aumenta en un 6,9% (INE, 2006a)29.
Hasta enero de 2002 el gobierno había tratado de defender el
bolívar usando las reservas internacionales, pero cuando la
fuga de capitales se dispara tras el paro de diciembre 2001 el
gobierno se vio forzado a abandonar esta estrategia dada la velocidad
con que se estaban agotando las reservas. Entre noviembre de 2001 y
enero de 2002, las reservas internacionales (incluyendo el FIEM)30
cayeron en $2.661 millones, lo cual hizo descender las mismas a
$16.922 millones (BCV, 2006f). La fuga de capitales, el aumento en la
inflación y la incertidumbre económica general también
fueron acompañados por una disminución de la inversión
y un aumento en la tasa de desempleo (Wilpert, 2002): entre noviembre
de 2001 y enero de 2002 el desempleo aumenta más del 25%, del
12% al 15,8% (INE, 2006b).

La
batalla por el control del Estado: el golpe de Estado de abril de
2002 y el paro/sabotaje empresarial-petrolero de 2002-2003

Hacia
comienzos de abril de 2002 el enfrentamiento entre el gobierno y sus
opositores había llegado a tal nivel que se habla abiertamente
en los medios de comunicación de un inminente golpe de Estado.
La alianza opositora convoca para el 8 y 9 de abril a un paro de 48
horas, que a horas de terminar lo convierte en un paro general
indefinido, anunciando la convocatoria a una marcha en contra del
gobierno para el 11 de abril. Esta marcha se realiza en medio de
actos de violencia y culmina con el golpe de Estado que pone en el
poder al presidente de FEDECÁMARAS y uno de los líderes
principales de la oposición, Pedro Carmona.

Aunque
el nuevo régimen golpista recibe el apoyo de algunos países
extranjeros y organizaciones multilaterales como el FMI31,
poco menos de 48 horas después importantes elementos
constitucionalistas dentro del ejército, apoyados por una
masiva movilización por parte de los sectores populares que
reclaman la vuelta de Chávez, logran restituirlo como
presidente32.

Tras
el fracaso del golpe de abril, Chávez inicia una serie de
contactos y conversaciones con sectores de la oposición (Díaz
Rangel, 2006), y tanto él como quienes lo apoyan bajan el tono
de su discurso, haciendo una serie de concesiones a sus adversarios
(Ellner, 2003b). Por ejemplo, en el ámbito económico se
produce una serie de cambios dentro de la composición del
gabinete económico y entran nuevas personas consideradas más
aceptables a los sectores de oposición33.
Estos cambios, a su vez, llevan a una moderación del discurso
económico del gobierno. El nuevo equipo publica un documento,
Propuesta para el consenso, en donde se propone cambiar el rumbo
tercerista asumido en los planes gubernamentales anteriores (Mujica y
Rincón, 2006). Como alternativa, el documento propone lo que
llama una "opción de Cuarta Vía", basada en un
modelo de sociedad que combina, en su aspecto económico, los
dos mecanismos tradicionales de asignación de recursos, el
Estado y el Mercado, y añade un tercero: la Solidaridad34.

No
obstante estos intentos por parte del gobierno para aplacar a los
grupos opositores, la polarización de la sociedad venezolana
se mantiene, y en diciembre de 2002 se inicia una nueva campaña
para derrocar al gobierno. Una vez más, la alianza opositora
se agrupa alrededor de FEDECÁMARAS y la CTV, y con la
participación significativa de ejecutivos de PDVSA conforma la
Coordinadora Democrática. Ésta convoca a un paro
nacional para el 2 de diciembre, inicialmente por 24 horas, pero que
luego se transforma en un paro nacional indefinido que se prolonga
por 62 días hasta febrero de 2003. El paro se concentra en las
industrias estratégicas de la economía, como la
energía, petroquímica, transporte y distribución
de alimentos.

Significativamente,
los opositores logran detener la casi totalidad de las operaciones de
PDVSA exigiendo la salida del presidente Chávez (Lander,
2004)35.
Como resultado de los cortes al suministro de electricidad y
combustible, empresas en diversos sectores de la economía se
ven forzados a cerrar, afectando de forma significativa el transporte
de personas y bienes y la actividad económica del país
en general. La producción petrolera cae de un promedio diario
de 2.900.000 barriles diarios (b/d) en noviembre de 2001 a lo que
PDVSA ha estimado fue 25.000 b/d en el peor momento del paro
(Ibid.)36.

Gracias
a la organización popular de resistencia al paro y al inmenso
esfuerzo realizado por sectores de profesionales y obreros de la
industria petrolera y de colaboradores externos -civiles y
militares-, el paro fue finalmente derrotado en febrero. Así
fracasa el segundo intento dentro de un año por parte de la
oposición para derrocar al gobierno. No obstante, la
paralización de la industria nacional, especialmente PDVSA,
tiene un impacto catastrófico sobre la economía.

Según
PDVSA, durante el periodo del paro se dejó de exportar
aproximadamente unos 328,75 millones de barriles de crudo y gas, los
que de acuerdo a los precios reales de ventas hubiesen representado
ingresos adicionales para PDVSA del orden de 8.340 millones de
dólares (PDVSA, 2006)37.
Estas pérdidas, sumadas a la continua fuga de capitales38,
contribuyen a una caída del PIB del 6,3% durante el cuarto
trimestre de 200239,
y del 24,4% durante el primer trimestre de 2003. El PIB cae un 26,7%
en el primer trimestre de 2003 en relación con el mismo
periodo del año anterior (BCV, 2006c).

Por
su parte, la caída estrepitosa del PIB conduce a un severo
empeoramiento de los indicadores socio-económicos. Entre
noviembre de 2002 y febrero de 2003 el desempleo aumenta del 15,7% al
20,7%, con lo que sube la población desocupada de un 1.852.736
a 2.406.251 (INE, 2006b). Entre el primer semestre de 2002 y el
primer semestre de 2003 la pobreza aumenta un 30,1%, subiendo en
términos absolutos desde el 41,5% al 54%.

A
su vez, la extrema pobreza aumenta del 16,6% al 25,1% en el mismo
periodo (INE, 2006c). Se registra, igualmente, una caída en
las reservas internacionales, y éstas caen un 12,3% entre
noviembre de 2002 y enero de 2003 (BCV, 2006f). Esta última
caída hace que el gobierno instaure, el 5 de febrero de 2003,
un control de cambio y de precios -a productos de consumo masivo,
médicos, de aseo y servicios- con el fin de atenuar los
efectos negativos sobre la economía nacional.

La
recuperación de PDVSA y la transición hacia la ofensiva
popular

Pese
a los severos costos socio-económicos del paro petrolero para
el país, la recuperación del control efectivo de PDVSA
por parte del ejecutivo es de enorme importancia para su capacidad de
implementar su programa de gobierno. La gerencia alta y media de
PDVSA venía implementando una política petrolera no
sólo diferente, sino radicalmente enfrentada con el proyecto
estratégico del gobierno. Es esto lo que explica que la
industria petrolera jugase un papel protagónico en las
principales confrontaciones entre el gobierno y la oposición
en los años 2002 y 2003.

Para
abril de 2002, la gerencia alta y media de la empresa, la
autodenominada "meritocracia", había colocado a PDVSA al
servicio del golpe de Estado, postura que quedó plasmada en
una de sus consignas de ese momento: "Ni una gota de petróleo
para Cuba". Fue esta misma gerencia la que apostó todo a la
salida de Chávez durante el paro petrolero de 2002-2003. No
sólo perdieron en su apuesta política, sino que se
demostró para su gran asombro que la industria podía
funcionar sin ellos.

Esto
permitió al gobierno tomar la decisión -plenamente
legal- de no reincorporar a la mayor parte de la gerencia alta y
media que había conducido un paro con fines declaradamente
insurrecciónales durante poco más de dos meses40.

Con
el fin del paro, el gobierno se plantea la recuperación del
control efectivo sobre la empresa retomando la operación
interna de todos sus sistemas de control e información. En
1993 la directiva de PDVSA había decidido crear la empresa de
servicios informáticos INTESA con acciones distribuidas en un
40% en manos de PDVSA y un 60% de la Science Applications
International Corporation (SAIC), una empresa con estrechas
relaciones tanto con transnacionales petroleras como con los
organismos de seguridad de los Estados Unidos. Esta empresa terminó
controlando desde sus servidores todos los datos financieros,
presupuestarios, de instalaciones físicas operativas y de
negocios de PDVSA.

De
esa manera, información altamente confidencial, y de
importancia fundamental para la seguridad y defensa de la soberanía
venezolana, había quedado en manos de una empresa
transnacional (MEP, 2006).

Probablemente
les era más fácil a las empresas transnacionales del
petróleo y a las agencias del gobierno de los Estados Unidos
obtener información inmediata y confiable sobre el
funcionamiento de PDVSA que al mismo Estado venezolano, dueño
de ésta. Este control externo sobre todos los principales
sistemas de información había sido uno de los
obstáculos mayores para reiniciar las actividades de la
empresa durante el paro petrolero.

A
mediados del año 2003 se comienza a colocar a PDVSA en
sintonía con los cambios políticos que estaban
ocurriendo en el país. Se recupera tanto el control político
de la empresa como de la política petrolera por parte del
Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Energía
y Petróleo. A partir de este momento, la orientación
estratégica de revertir las orientaciones liberales que la
empresa había impuesto en los años anteriores avanzó
con mayor coherencia y menos obstáculos. El gobierno, después
de una fase defensiva en la cual buscó ante todo sobrevivir y
reactivar la industria petrolera, base de la economía
nacional, adquiere más confianza y pasa a impulsar políticas
de carácter ofensivo orientadas a consolidar su base política
y social, políticas públicas concretas, tangibles, con
capacidad de llegar a incidir sobre las condiciones de vida de la
mayoría de la población. Así comienza la tercera
fase de la gestión del gobierno.

FASE
3: EL COMIENZO DE LA OFENSIVA SOCIAL

Tras
la derrota del paro petrolero y la recuperación del control
político de PDVSA, el gobierno tomó la decisión
de acelerar los cambios económicos y sociales. El valor
estratégico de tener una amplia y estable base de producción
alimentaría dentro del país se hizo evidente durante la
escasez de alimentos producida durante el paro. El paro no sólo
confirmó el grado de dependencia que tiene el país con
respecto a la importación de alimentos, sino igualmente la
gran concentración existente en el procesamiento y en la
distribución de éstos y de otros productos básicos,
quedando al desnudo la extrema vulnerabilidad de la economía
venezolana -y su actual proceso político- a manipulaciones
(precio y acceso) en el comercio internacional y a la voluntad de los
sectores empresariales oligopólicos41.

¿Cómo
responder ante estas condiciones cuando ni el socialismo ni la
estatización de la economía formaban parte del diseño
constitucional ni fueron previstas en el proyecto político
inicial del chavismo? Además del amplio apoyo popular con que
había contado el gobierno y del respaldo de la Fuerza Armada a
la institucionalidad democrática, la capacidad de resistencia
al paro petrolero estuvo posibilitada por las condiciones
excepcionales que le da a la economía venezolana el ingreso
petrolero. Gracias a las reservas internacionales fueron posibles las
importaciones de emergencia (alimentos y combustible), que
contribuyeron a la derrota del paro. El ingreso petrolero en manos
del Estado permitió igualmente el diseño de nuevas
respuestas ante los cambios políticos y económicos de
dicha coyuntura. Como medida no sólo de corto plazo (la
influencia política inmediata de la generación de
empleo), sino como opción que se asume de modo estratégico,
se impulsa un modelo de desarrollo que se define como endógeno42
y basado en la prioridad de la "economía social"43.

A
partir del reconocimiento de la precariedad de las estructuras de la
gestión estatal para impulsar las políticas públicas
-particularmente las nuevas políticas sociales- se
concluye que los tiempos políticos del conflicto venezolano no
permiten esperar a que se promuevan reformas administrativas para
mejorar dicha capacidad de gestión en función de las
nuevas y urgentes exigencias. Por ello, el Ejecutivo opta por la
creación de las misiones, una gama de programas
extraordinarios que, haciendo un bypass parcial de la burocracia
estatal, busca responder a cada uno de los principales problemas
sociales que, luego de haberse identificados como críticos,
requieren respuestas urgentes44.

En
el ámbito de la salud se crea la Misión Barrio Adentro,
un programa que propone llevar atención médica primaria
y familiar a sectores populares en todo el país con la
participación masiva de médicos cubanos. En el ámbito
de la alimentación se crea la Misión Mercal, que tiene
como propósito comercializar productos alimenticios y otros de
primera necesidad para garantizar el suministro de bienes de calidad
y bajo precio a los sectores de menores ingresos en todo el país.
En el proceso de creación de canales alternativos de
producción y comercialización se propone fomentar
cooperativas y pequeñas empresas.

En
el ámbito educativo se crea la Misión Robinson, un
programa cívico-militar que tiene por objetivo lograr la
alfabetización a corto plazo de los dos millones de personas
que, se calcula, no saben leer y escribir en el país. En
etapas posteriores del programa (Misión Robinson II) está
considerado que los recién alfabetizados realicen estudios de
primaria. La Misión Ribas tiene por objetivo incorporar a la
realización de estudios secundarios a personas de cualquier
edad que, habiendo culminado la primaria, no han realizado o
culminado dichos estudios. La Misión Sucre propone la
incorporación amplia de bachilleres a estudios universitarios,
pero se da prioridad a los estudiantes de sectores de clase media
baja y a los más pobres. En el ámbito agrícola,
la Misión Zamora se propone la entrega de tierra a campesinos,
acompañada de capacitación, asistencia técnica,
mercadeo, infraestructura, servicios y financiamiento.

En
contraste con las políticas sociales focalizadas, que
prevalecieron en todo el continente en los últimos lustros,
éstas políticas se orientan al logro de la equidad
social y a la superación de las desigualdades políticas
y de las exclusiones culturales. Para ello, se hace hincapié
en la participación y la construcción de ciudadanía
(Parra y Lacruz, 2003). No se conciben como políticas
compensatorias de los efectos sociales negativos de las políticas
económicas, sino como parte integral de éstas. La meta
anunciada es que las misiones irán logrando una creciente
coordinación para construir el tejido productivo y social de
la nueva Venezuela, así como una nueva institucionalidad
pública.

Es
en este periodo, durante el cual se crean las principales misiones y
en donde empiezan a darse cambios importantes en las condiciones de
vida de la mayoría de la población, cuando se evidencia
también un repunte de la economía venezolana. En el
segundo trimestre de 2003, el PIB había aumentado un 26,8%
respecto al trimestre inmediato anterior, y para el tercer y cuarto
trimestre de 2003 el aumento es del 3,3% y el 7,6% respectivamente.
No obstante estos aumentos, en 2003 el PIB cae un 7,7% respecto a
2002. Es durante los primeros dos trimestres de 2004 que la
recuperación del crecimiento económico cobra fuerza, y
el PIB aumenta un 36,1% y un 12,1% respectivamente en relación
al mismo periodo del año anterior, para llegar a un promedio
del 24,6% en el primer semestre de 2004 (BCV, 2006c).

Después
del fracaso del paro petrolero y antes de que la economía
mostrara síntomas evidentes de recuperación, los
sectores opuestos al gobierno buscaron recomponerse y continuaron en
sus intentos de derrocar al presidente Chávez (Díaz
Rangel, 2006)45.
Esta vez concentraron sus esfuerzos a través de la vía
legal recolectando firmas para solicitar un referendo consultivo
presidencial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 72 de
la nueva Constitución46.
Así, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó para
el 15 de agosto de 2004 -por primera vez en el continente- un
referendo revocatorio del mandado de un presidente. En éste no
estaba en juego sólo la permanencia o no de Chávez en
la Presidencia de la República, sino además la
extraordinaria disyuntiva entre seguir en la dirección
conflictiva del proceso de cambios o revertir las políticas
hacia un modelo económico y político neoliberal y hacia
una realineación geopolítica de Venezuela con los
Estados Unidos. El presidente Chávez fue confirmado en su
mandato con el apoyo del 59,1% de los votantes, con una abstención
del 30,1% (CNE, 2006a), y con estos resultados sumaron siete las
elecciones consecutivas que Chávez y las fuerzas políticas
que lo apoyan habían ganado desde 199847.

Tras
esta última victoria del presidente Chávez, varias
organizaciones sociales exigieron aprovechar la coyuntura política
para profundizar los cambios (la "revolución dentro de la
revolución"), impulsando organizaciones de poder popular
para la participación y contraloría de la gestión
pública, y el que las candidaturas a gobernaciones y alcaldías
"sean sometidas a elecciones primarias en asambleas de ciudadanos
militantes" (Conexión Social, 2004). Aunque esta última
demanda no logró imponerse en las elecciones de autoridades
regionales y municipales regionales realizadas el 31 de octubre,
candidatos gubernamentales ganan la mayoría de los puestos48.
Con estos resultados el gobierno consolida la nueva mayoría
política que se ratificó con el referéndum
presidencial de agosto (Bonilla-Molina y El Troudi, 2006).

El
12 y 13 de noviembre de 2004 se realiza un taller gubernamental de
alto nivel del cual surge un documento basado en la presentación
del presidente Chávez ("El nuevo mapa estratégico
para el país") en el que se identifican diez grandes
objetivos estratégicos (MINCI, 2004)49.
En lo referente al modelo económico (objetivo 7), se
puntualiza que "no se plantea eliminar la propiedad privada",
pero que se acelerará "la construcción del nuevo
modelo productivo" con el fin de "trascender el modelo
capitalista" en el largo plazo ya que este modelo es "inviable"
e "imposible" (Ibid., 30-31).

Este
rechazo al capitalismo como modelo para Venezuela lleva a Chávez
a insistir, por primera vez, en un acto público en Caracas en
diciembre 2004 que es necesario reconquistar el concepto del
socialismo y buscar el camino hacia una nueva forma de socialismo que
supere los errores del pasado, que ha venido en llamarse el
"socialismo de siglo XXI" (Raby, 2006, 176-177)50.
Estas declaraciones, que marcan otro punto de inflexión en el
proceso venezolano, representan el comienzo de una ofensiva política
que también se ve acompañada por la consolidación
de la recuperación económica. En el tercer y cuarto
trimestre de 2004 el PIB aumenta un 7% y un 5,9% respectivamente en
relación al trimestre inmediatamente anterior. El aumento del
PIB para 2004 respecto al año anterior es del 18,3%, lo que
representa el aumento más grande de cualquiera de los países
en el hemisferio occidental.

A
partir de 2005 se ve un mejoramiento en la mayoría de los
indicadores socio-económicos y en donde el gobierno profundiza
sus intentos de crear los mecanismos que faciliten los cambios
estructurales en la economía.

Analizaremos
en más detalle tres áreas, estrechamente entrelazadas,
en las cuales el gobierno centró su accionar: 1) la industria
petrolera; 2) la integración latinoamericana y la búsqueda
de la multipolaridad en el ámbito internacional; 3) la
economía social y el desarrollo endógeno.

PDVSA:
sembrando el petróleo

Desde
el fin del paro petrolero hasta el presente el gobierno ha continuado
jugando un papel importante dentro de la OPEP buscando el incremento
de los precios mundiales de petróleo. Como resultado de éste,
los ingresos del petróleo de Venezuela en base per cápita
han aumentado de 226 dólares en 1998 a 728 en 2005 (Wilpert,
2006a).

Paralelamente
al alza en los precios mundiales del petróleo, el gobierno ha
buscado incrementar su capacidad de negociación respecto a las
empresas multinacionales (MNC) que operan en el sector petrolero.

Significativamente,
en abril de 2006 la Asamblea Nacional aprobó una nueva norma
jurídica que eliminó los convenios operativos a partir
del criterio de que el contenido de éstos es "incompatible
con las reglas establecidas en el régimen de nacionalización
petrolera" (Asamblea Nacional, 2006). Con este instrumento legal,
el Ejecutivo realizó negociaciones con las empresas
participantes en estos contratos para lograr la conformación
de nuevas empresas mixtas con una participación mayoritaria de
PDVSA, de acuerdo con la Ley Orgánica de Hidrocarburos51.
Esto se justificó como el fin de las "concesiones
disfrazadas" de la apertura petrolera y la recuperación de
la soberanía nacional52.

Esta
serie de reorientaciones en la política petrolera
gubernamental, que incluyen los cambios en el marco impositivo
(incremento de regalías e impuestos) y la transformación
de los convenios operativos en empresas mixtas, hicieron posible que
una creciente proporción de los altos ingresos de la empresa
-producto de los elevados precios del petróleo en el mercado
internacional- pasaran a manos del Estado. De acuerdo a un informe
de PDVSA, en el año 2005 los ingresos mundiales de la empresa
alcanzaron el monto de 85.730 millones de dólares. Entre
regalías, impuesto sobre la renta, dividendos y "aportes por
concepto de desarrollo social", la contribución total a la
nación fue de 25.000 millones de dólares (MEP, 2005)53.

El
aumento del gasto público que ha seguido al incremento de los
recursos del Estado ha jugado un papel importante en el alto nivel de
crecimiento económico de los últimos años.

Después
de caer durante los años 2002 y 2003, el gasto público
como porcentaje del PIB se ha recuperado, y en 2005 llegó casi
al mismo nivel de lo que fue en 200154.
Igualmente, el gasto social como porcentaje del gasto público
subió del 38,3% en 2001 al 40,7% en 2005 (SISOV, 2006a;
2006b)55.
El crecimiento del PIB para 2005 respecto a 2004 fue del 10,3%. En el
segundo trimestre de 2006, el PIB aumentó un 10,2% en relación
al mismo periodo del año anterior, acumulando la onceava alza
consecutiva desde el último trimestre de 2003. En el primer
semestre de 2006, el PIB tuvo un incremento del 10,2% respecto al año
anterior (BCV, 2006c).

Otro
cambio fundamental en la reorientación de la política
petrolera es su inserción como parte medular de la política
internacional actual del Estado venezolano. Lo más
significativo en este sentido son las políticas de
diversificación de mercados, la utilización del
petróleo como herramienta de acercamiento geopolítico,
y su uso para el impulso de la integración latinoamericana y
del Caribe.

Con
diferentes grados de éxito, de acuerdo a las respuestas de las
potenciales contrapartes, el gobierno venezolano ha propuesto
múltiples modalidades de cooperación en el área
petrolera. Entre éstas, destacan la creación de
Petrocaribe56
(con la participación de 15 países del Caribe) y las
propuestas de la creación de Petrosur y de Petroamérica
con las otras principales empresas estatales de hidrocarburos del
continente. En esta misma dirección, PDVSA ha comprado o se ha
asociado con refinerías existentes o por construir en
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil.

Fuera
del continente americano, ha sido con China en donde la geopolítica
petrolera y la búsqueda de diversificación de mercados
ha tenido mayor desarrollo. Según anunció el presidente
Chávez, en el año 2006 las exportaciones a China
superaron los 150 mil barriles diarios, esperándose niveles de
300.000 barriles para el año 2007 (El Universal, 2006).

Como
expresión de esta política de diversificación de
mercados, se han establecido igualmente negociaciones con la India y
con Vietnam para el suministro de petróleo. Se ha producido
igualmente una significativa diversificación del origen de las
inversiones extranjeras en el petróleo y el gas. En el caso de
la faja del Orinoco, hay acuerdos de entendimiento para la
cuantificación y certificación de las reservas con
empresas de la India,

Rusia,
China, España, Irán y Brasil (PDVSA, 2005). En los
Planes Estratégicos del Desarrollo del Gas, además de
inversiones de los Estados Unidos, participan empresas de Italia
(ENI) y de Noruega (STATOIL) (PDVSA, 2006b).

Todo
esto hace prever que, si bien se continuará suministrando
petróleo a lo que ha sido históricamente el principal
mercado para las exportaciones venezolanas, los Estados Unidos57,
la mayor parte del incremento de los volúmenes de exportación
previstos para los próximos años se dirigirán a
otros mercados: América Latina y el Caribe, y Asia.

Vale
también mencionar que existen una serie de críticas y
preocupaciones en torno a las implicaciones de la actual política
petrolera del Estado venezolano que provienen no sólo de
fuentes liberales (de los intereses de las transnacionales
energéticas, del gobierno de los Estados Unidos o de la
oposición venezolana, incluyendo a la "meritocracia"
petrolera). Por razones de espacio no es posible analizar en detalle
todas estas criticas, sólo las más importantes. En
primer lugar, está el hecho de que exista una diferencia
sustancial entre la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001
(PDVSA, 2001) y la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos de
1999 (PDVSA, 1999). Mientras que en el caso del petróleo la
participación del capital privado y el capital transnacional
sólo puede darse en asociación con PDVSA, y en
condición de socio minoritario, en el caso del gas la
participación del capital privado, ya sea nacional o
internacional, puede ser del 100% con concesiones de hasta de 30
años, renovables por un periodo similar. Esto probablemente
encuentra su explicación en que PDVSA tiene menos experiencia
en la explotación del gas y que los principales yacimientos se
encuentran mar afuera, lo cual requiere grandes inversiones y
capacidades tecnológicas con las cuales no cuenta la empresa
en la actualidad.

Un
segundo ámbito de crítica se refiere a lo que se ha
señalado como la distancia entre el radicalismo verbal de
defensa de la soberanía y el hecho de que, con el paso de los
convenios operativos a las empresas mixtas, se incorpora más
directamente al capital transnacional a la explotación
petrolera en calidad de socio del Estado. Se ha argumentado que se
está engañando a la población venezolana con una
retórica nacionalista y antiimperialista cuando, en realidad,
se está ampliando la participación del capital
internacional en la explotación de los recursos del país
(Mather, 2006). Con las empresas mixtas, a pesar de que se establece
una participación mayoritaria de PDVSA, de hecho se autoriza
algo que estaba prohibido por la Ley de Nacionalización del
año 1975, ley en la cual se le reservaba al Estado la
explotación de dichos recursos. En defensa de las empresas
mixtas, se argumenta que son muy superiores los beneficios fiscales
de éstas, comparadas con las condiciones en las cuales se
habían negociado los convenios operativos que éstas
reemplazan.

Por
último, y con implicaciones que podrían cuestionar no
sólo la política petrolera, sino aspectos medulares del
proyecto del chavismo en su conjunto, está el significado de
la profundización de la dependencia de la economía
venezolana en la actividad petrolera y los impactos tanto culturales
como ambientales de los megaproyectos de desarrollo que han sido
anunciados por el gobierno. Si bien ha habido una reducción de
las metas de volúmenes de producción que estaban
programados por la "vieja PDVSA", todavía está
previsto un incremento significativo de los volúmenes de
explotación de hidrocarburos, tanto de petróleo como de
gas. De acuerdo a la página web de PDVSA, la empresa "estima
alcanzar una producción de 5 millones 847 mil barriles diarios
para el año 2012" (PDVSA, 2006c), lo cual representa un
incremento del 72% con respecto a los volúmenes de producción
promedio del año 2006. Para lograr este salto en la producción
de hidrocarburos, se programa abrir una gran proporción del
territorio nacional -incluidas grandes extensiones del mar
territorial- a la explotación de petróleo y gas (Red
Alerta Petrolera-Orinoco Oilwatch, 2005). Esto, cuando no sólo
son cada vez más contundentes los señalamientos de
acuerdo a los cuales la actividad humana, en particular el consumo de
combustibles fósiles, representa una seria amenaza a la
continuidad de la vida en el planeta, sino que este cuestionamiento
al modelo de desarrollo/consumo basado en la quema de combustibles
fósiles, y la amenaza que éste representa para el
planeta, aparece de forma insistente en los discursos del propio
presidente Chávez.

Tanto
las orientaciones principales de esta política expansiva como
cada uno de los megaproyectos -licitaciones para explotación
del gas más afuera, las nuevas inversiones en la Faja del
Orinoco o los grandes gasoductos hacia el Sur o hacia Colombia y
América Central- son anunciados ya sea por el propio
presidente o por los voceros del Ministerio de Energía y Minas
y de PDVSA como decisiones tomadas. No hay información pública
sobre los estudios de impacto ambiental que, de acuerdo a la
legislación venezolana, son de carácter obligatorio
para proyectos de esta índole. Menos aún, un debate
amplio, democrático, informado, sobre las implicaciones de
dichos proyectos para el futuro del país y del mundo que se
quiere.

Integración
latinoamericana y multipolaridad

La
ofensiva gubernamental tras el fracaso del paro petrolero también
tuvo implicaciones para el carácter de la inserción
internacional de Venezuela, tanto en el contexto regional como en el
internacional. Aunque desde el comienzo de su gestión el
gobierno habló de la multipolaridad y de su deseo de promover
los procesos de integración latinoamericanos y del Caribe, fue
sólo con la recuperación del control político
del Estado sobre PDVSA cuando se vieron logros substanciales en este
ámbito.

Cuando
Chávez llegó a la Presidencia, en 1999, se encontraba
profundamente aislado en un contexto latinoamericano donde casi todos
los gobiernos podían ser caracterizados como neoliberales y
sumisos a las políticas del gobierno de los Estados Unidos. Si
ese contexto hubiera permanecido inalterable, habrían sido
pocas las posibilidades de éxito de este experimento de
cambio. Sin embargo, mucho ha acontecido en el continente y en el
mundo desde las luchas contra la Organización Mundial del
Comercio (OMC) en Seattle en 199958.

Sin
duda, el principal factor que ha condicionado el comportamiento del
gobierno venezolano en el ámbito internacional es su relación
con el gobierno de los Estados Unidos, especialmente tras la elección
de Bush en 200059.
La mayor autonomía asumida por el gobierno de Chávez,
primero en la política petrolera (en la recuperación de
precios, en la recuperación de la OPEP, etc.), en las
relaciones con los otros países miembros de la OPEP (algunos
de los cuales son calificados por los Estados Unidos como parte del
‘eje del mal'), fueron motivo de confrontaciones iniciales.

Posteriormente
ocupó un lugar central la injerencia directa del gobierno de
los Estados Unidos en los intentos de desestabilización del
gobierno venezolano, su apoyo al golpe de Estado de abril de 2002, el
financiamiento de la oposición, así como la repetición
de los mecanismos utilizados primero en Nicaragua y posteriormente en
las llamadas ‘revoluciones anaranjadas', que fomentaron los
Estados Unidos en Europa del Este.

La
primera victoria significativa de Venezuela en contra de los planes
del gobierno norteamericano para América ocurre en abril 2003
y es en torno a las negociaciones del Área de Libre Comercio
de las Américas (ALCA)60.

En
la reunión del Comité de Negociaciones Comerciales del
ALCA, realizada en abril 2003 en Puebla, el gobierno venezolano hace
una crítica frontal al ALCA y esto fortalece las ya
consolidadas redes de movimientos sociales dentro de la región
opuestas al ALCA61.
Se desarrolla la propuesta del ALBA (Alternativa Bolivariana para las
Américas), como opción de integración de los
pueblos enfrentada a la lógica del ALCA y de los tratados de
libre comercio. En diciembre de 2004, Cuba y Venezuela firman una
declaración (que contiene 12 principios orientadores) y el
primer convenio dentro del marco del ALBA, y en abril de 2006 el
gobierno boliviano de Evo Morales se une al acuerdo (Fox, 2006a)62.
Uno de los 12 principios orientadores del ALBA, el proyecto
comunicacional Televisora del Sur (TELESUR), es creado en julio 2005
por los gobiernos de Argentina, Cuba, Uruguay y Venezuela63.
TELESUR busca responder a un asunto crítico: el monopolio casi
total de los medios de comunicación corporativos
norteamericanos como fuente de información en el continente.
Tras la IV Cumbre de las Américas, realizada en Mar del Plata
en noviembre de 2005, el ALCA parece haber muerto definitivamente.

En
abril de 2006, el gobierno decide retirarse de la Comunidad Andina
(CAN)64
citando la decisión de algunos miembros de la CAN de negociar
acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos. En mayo de 2006,
Venezuela se retira del Grupo de los Tres (G-3), una asociación
comercial formada hacía 11 años con Colombia y México.
Como alternativa a la integración latinoamericana, Venezuela
apuesta hacia MERCOSUR, y en junio de 2006 es admitida como miembro
de pleno derecho, junto a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Además, durante este periodo Venezuela firma una multiplicidad
de acuerdos políticos, económicos y energéticos,
como con los países de CARICOM (Petrocaribe), con países
sudamericanos y con otros países (China, Rusia, etc.).

Pese
al continuado deterioro en las relaciones políticas entre
Venezuela y los Estados Unidos y los intentos por parte de Venezuela
de contrarrestar y de formular alternativas a las iniciativas de
libre comercio para América impulsadas desde Washington, el
balance comercial entre ambos países parecería más
robusto que nunca. Las cifras anuales más recientes publicadas
por la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria
(Venamcham) demuestran que en 2005 el comercio total entre Venezuela
y los Estados Unidos fue de US$40.373 millones, un aumento del 146,4%
desde 1998. El BCV estima que éste, que tradicionalmente ha
representado la mitad del comercio total de Venezuela con el resto
del mundo, será del 48,2% en 2006 (Camel, 2006). Con la
consolidación de los acuerdos comerciales entre Venezuela y
los países ya indicados, lo más probable es que esta
proporción tienda a caer.

La
economía social y el camino hacia un nuevo modelo económico:
el desarrollo endógeno

Tras
el rechazo público del capitalismo y la declaración de
Chávez en favor de un "socialismo del siglo XXI" para
Venezuela, a finales de 2004 y comienzos de 2005 empieza un periodo
en donde se aceleran las iniciativas referentes a la economía
social y al desarrollo endógeno. Estas iniciativas se
construyen sobre la base de una serie de medidas existentes en este
sector.

En
marzo de 2004 se había creado la Misión Vuelvan Caras
con el fin de combatir la pobreza y generar empleo permanente
mediante la capacitación para el trabajo65,
la formación sociocultural66
y la creación de Núcleos de Desarrollo Endógeno
(NUDE)67
en turismo, agricultura, infraestructura, servicios e industria. Pero
más que un simple programa de empleo, la Misión Vuelvan
Caras se plantea ser:

el
instrumento de vanguardia para la transformación social y
económica y la lucha contra la pobreza. Se orienta a promover
la transición hacia el nuevo modelo de desarrollo endógeno,
sustentable y solidario, a partir de la transformación
cultural de las relaciones sociales y de producción y por
medio de la capacitación para el trabajo y la promoción
de la asociación en cooperativas de los sectores pobres y
excluidos, y su plena inclusión en los procesos
socio-productivos locales (MINEP, 2006)68.

En
septiembre de 2004 se había creado el Ministerio para la
Economía Popular (MINEP) para coordinar la transición
de un modelo económico capitalista "a una economía
social y sostenible" (MINEP, 2006)69.
En particular, el MINEP tiene como responsabilidad institucionalizar
la Misión Vuelvan Caras y coordinar el trabajo de las
existentes y nuevas instituciones microfinancieras70.

Además,
el MINEP se encarga de coordinar y crear políticas que
promuevan las microempresas, cooperativas y otras formas de unidades
productivas sostenibles que contribuyan al bien colectivo y que
dignifiquen el trabajo productivo; y de proporcionar asistencia
técnica, infraestructura y créditos para las
cooperativas y las microempresas. El MINEP también intenta
asegurar mercados para la producción de las cooperativas y
ayudar a gestionar contratos con las instituciones y las empresas del
estado a través de cumbres de negocio (Piñeiro
Harnecker, 2005).

Estas
medidas han acelerado el crecimiento del número de
cooperativas registradas en el país, proceso que viene
cobrando fuerza desde 200371.
En 1998 había 877 cooperativas registradas en la
Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP). En 1999, cuando
comenzó el gobierno de Chávez, se inscribieron 33.
Luego, en 2000 se registraron 94; en 2001 subió a 1.154 y en
2002 a 2.280.

En
2003, el número de cooperativas registradas llega a 17.939; en
2004, sube a 36.765 y, en 2005, a 41.485, para llegar a un número
total de cooperativas registradas de 100.627 para 2005 (SUNACOOP,
2006). Hasta junio de 2006, se registraron 30.954 cooperativas más,
resultando en un total de cooperativas registradas de 131.584 para
junio de 2006 (SUNA-COOP, 2006).

De
un monto total de 108.870 cooperativas registradas hasta febrero de
2006, el 81,3% están constituidas por un número de 5 a
10 asociados. Aunque la mayoría de las cooperativas se
encuentran en el área de prestación de servicios
(52,1%) y de producción (31,7%) también operan en
actividades tales como transporte, protección social, consumo,
ahorro y crédito y vivienda (SUNACOOP, 2006).

No
obstante el significativo aumento oficial del número de
cooperativas en el país, muchas de estas cooperativas no han
tenido continuidad y ha habido una alta tasa de mortalidad72.

Respecto
a las relaciones de producción dentro de estas formas
productivas asociativas y su relación con el sector estatal y
privado, el gobierno ha promovido el concepto de cogestión.
Esta práctica, que también ha sido una de las demandas
de la nueva federación sindical creada en abril 2003, la Unión
Nacional de Trabajadores (UNT), se ha impulsado en varias empresas
del Estado, tales como las de distribución de electricidad
CADAFE y CADELA, y la empresa de producción de aluminio
Alcasa. La cogestión también se ha implementado en
algunas pocas empresas expropiadas por el gobierno después de
haber sido abandonadas por sus dueños. Estas empresas han sido
relanzadas con el 51% de la empresa propiedad del Estado y el 49% en
manos de cooperativas de trabajadores. En coordinación con la
UNT, en 2006 el gobierno estaba evaluando otras 700 instalaciones de
producción que no estaban activas y que también podrían
ser expropiadas y entregadas a sus ex trabajadores para hacerlas
funcionar (Wilpert, 2006). El gobierno ha promovido otra modalidad de
cogestión en el sector privado industrial de la economía
mediante la concesión de créditos subsidiados y otros
incentivos bajo el programa Fábrica Adentro. Fábrica
Adentro se creó en mayo de 2005, y hasta diciembre 2006 se
habían sumado 856 empresas al Acuerdo Marco de
Corresponsabilidad para la Transformación Industrial, el cual
forma parte de Fábrica Adentro (MILCO, 2005; Iribarren,
2006)73.

Para
asegurar que las empresas cooperativas, cogestionadas y gestionadas
por el Estado fueran guiadas por una nueva serie de principios, en
julio de 2005 el presidente Chávez propuso la creación
de un nuevo tipo de unidad económica de producción
conocida con el nombre de Empresa de Producción Social
(EPS)74.
En noviembre de 2005, Chávez definió las EPS de la
siguiente manera:

son
aquellas entidades económicas dedicadas a la producción
de bienes o servicios, en las cuales el trabajo tiene significado
propio, no alienado, auténtico; en las cuales no existe
discriminación social en el trabajo y de ningún tipo de
trabajo, no existen privilegios en el trabajo asociados a la posición
jerárquica. Aquellas entidades económicas con igualdad
sustantiva entre sus integrantes, basada en una planificación
participativa y protagónica, y bajo régimen de
propiedad estatal, propiedad colectiva o la combinación de
ambas (MINCI, 2005)75.

Para
concluir, en lo referente a la economía social, el gobierno ha
profundizado en sus intentos de expandir formas asociativas de
propiedad y control, como por ejemplo las cooperativas y la
cogestión. Estas formas productivas asociativas se han
impulsado a través de diversas modalidades de micro y pequeños
créditos otorgados por entes financieros del Estado. A la vez
se le ha dado un extraordinario impulso a las compras y a la
contratación de servicios y obras de todo el sector público
para generar capacidad productiva. Estas iniciativas, que se enmarcan
dentro de la búsqueda del desarrollo endógeno, y a
partir de 2005 del ‘socialismo del siglo XXI', han venido cada
vez más a definir las nuevas estrategias y el carácter
socialista del proceso bolivariano.

BALANCE
GENERAL

Para
explorar el potencial del proceso venezolano como alternativa al
neoliberalismo no basta, evidentemente, con revisar los principales
textos programáticos del proyecto de cambio ni el análisis
del nuevo diseño constitucional. Son amplios los márgenes
de interpretación y acción posible dentro de estos
lineamientos doctrinarios. Es en la propia experiencia y en los
tropiezos de la gestión de gobierno, en los deslindes internos
de las fuerzas del cambio, en las luchas con la oposición y en
la forma como se abordan los obstáculos donde se les va dando
mayor definición y concreción a las políticas y
se van prefigurando propuestas de futuro más precisas.

En
la medida en que se fueron agudizando los enfrentamientos con los
sectores de oposición, se consolidó la polarización
en la sociedad venezolana y se acortaron los tiempos políticos,
y, de este modo, se fueron dando respuestas que apuntan hacia un
quiebre más consistente con el modelo neoliberal.

Dentro
de este contexto, para caracterizar el funcionamiento de la economía
venezolana durante este periodo del gobierno de Hugo Chávez y
explorar la naturaleza de los cambios operados durante este periodo,
es necesario mirarla en dos planos que si bien es cierto no pueden
separase de un todo, son útiles como niveles de análisis
para poder dar cuenta de las tendencias más significativas.

Por
un lado, está lo referido a las políticas
macroeconómicas (la política monetaria y el control de
la inflación, la política fiscal, la política
cambiaria, etc.), donde al inicio del nuevo gobierno se aplicaron
algunas políticas ortodoxas que no rompieron con el marco
neoliberal existente. Sin embargo, a la vez, se inició la
aplicación de políticas de carácter
antineoliberal tales como el rechazo a la privatización de la
industria petrolera y de otras industrias del Estado. El carácter
de la gestión en la etapa inicial del gobierno tiene varias
explicaciones que no son mutualmente excluyentes. Entre ellas
destacan: la debilidad general del plan de gobierno, y en particular
la falta de un coherente plan económico; la prioridad dada al
cambio político-institucional como prerrequisito para la
reforma económica; las batallas ideológicas dentro del
‘chavismo'; la magnitud de la crisis económica que
enfrentaba el país, y especialmente la necesidad de
supervivencia del gobierno.

Estas
políticas fundamentalmente de gestión "normal" de
las finanzas públicas tienen incidencia sobre el aparato
productivo en su conjunto y, por supuesto, tienen consecuencias
políticas las cuales hemos considerado. Esto no se refiere
sólo a las políticas macroeconómicas, sino
además a aquellos factores que usualmente se toman en cuenta
para evaluar el funcionamiento de una economía. Dentro de este
marco se inscriben por ejemplo la política petrolera y la
creación de nuevas empresas públicas. Estos factores
pueden tener indicadores exitosos sin que ello signifique que se está
abriendo un camino para cambiar el modelo económico.

Por
otro lado, están las políticas sociales, el impulso a
la economía social y popular, la política
internacional, las nuevas formas institucionales, etc. que son los
ámbitos en los cuales se dan orientaciones de políticas
públicas significativamente diferentes y en algunos casos
novedosos.

Aun
así, resulta insuficiente medir el comportamiento de la
economía venezolana en base a parámetros que son
utilizados para evaluar economías "normales". La
explicación de esto tiene que ver fundamentalmente con los
excepcionales factores de confrontación política, tanto
dentro como fuera de Venezuela, los que han impactado severamente en
el comportamiento de la economía.

El
actual proceso político venezolano es parte de la lucha
mundial y continental contra la dinámica destructora de la
globalización neoliberal militarizada. Su profundización,
e incluso su supervivencia, se juegan en el interior de este
enfrentamiento global. El curso que tomen los procesos de integración
latinoamericanos, no sólo económica, sino política
y cultural será en este sentido decisivo. Se trata de un
proceso abierto que está generando muchas expectativas.

En
un contexto global post Muro de Berlín, caracterizado por la
ausencia de alternativas claras al modelo capitalista neoliberal
hegemónico, no es de extrañar que en Venezuela no haya
existido inicialmente un proyecto alternativo de país que
rompiera con el esquema imperante. Es sólo a partir de la
última fase descrita en este trabajo, que comienza a mediados
de 2003, que se empieza a perfilar un nuevo modelo económico
que se distingue claramente del proyecto hegemónico
neoliberal76.

*
Edgardo Lander es Profesor de Ciencias Sociales en la Universidad
Central de Venezuela en Caracas, y socio del Transnacional Institute.
Entre sus obras se incluyen ‘Contribución a la crítica
del marxismo realmente existente'; La ciencia y la tecnología
como asuntos políticos'; Neoliberalismo, sociedad civil y
democracia; y ‘La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias
sociales'.

*
Pablo Navarrete es investigador independiente y periodista
especializado en América Latina. Es licenciado en Economía
y master en Globalización y Desarrollo Latinoamericano, en
ambos casos de la Universidad de Londres. Es el editor encargado de
América Latina para la revista británica Red
Peppar,
y es miembro del
consejo directivo del Latin America Bureau en Londres.

Este
artículo fue publicado originalmente por Transnational
Institute, Havens Center y la Fundación Rosa Luxemburgo,
Noviembre 2007. Comunicate a [email protected]
por más información y copias impresas.

Notas

1Dos
ejemplos de estos llamados a atención que tuvieron limitado
impacto son: Pérez Alfonso, 1977; y Equipo Proceso Político,
1978.

2A
diferencia de la experiencia en muchos otros países de
América Latina, durante las últimas décadas el
electorado venezolano ha votado consistentemente a favor de las
ofertas electorales que ofrecían mayor resistencia al
neoliberalismo. Esto fue así en las elecciones de Jaime
Lusinchi (1983), Carlos Andrés Pérez (1988), Rafael
Caldera (1993), y Hugo Chávez (1998).

3Hugo
Chávez narra posteriormente que muchos militares fueron
sensibilizados por esa experiencia represiva, lo que aceleró
el movimiento conspirativo y precipitó los golpes de Estado
que se intentaron en el año 1992 (Blanco Muñoz, 1998,
182-183).

4En
muchos aspectos, estas políticas constituyeron una reversión
de hecho de las normas establecidas por la ley mediante la cual se
nacionalizaron los hidrocarburos venezolanos en los años
setenta del siglo pasado (Congreso de la República de
Venezuela, 1975).

5Por
ejemplo, no estuvo claro en el debate político previo a la
convocatoria de la Asamblea Constituyente cuáles eran los
principales problemas del país que tenían su origen en
la Constitución de 1961, o que requerían una nueva
constitución para ser resueltos.

6Siendo
Venezuela un país petrolero en el que las exportaciones
petroleras representan aproximadamente el 80% totales y cerca de la
mitad del ingreso fiscal, la política petrolera es el punto
de partida necesario para toda evaluación de la política
económica del país.

7Para
enero de 1997 la cesta OPEP se cotizó en $23,45,
desplomándose hasta llegar a $9,72 en diciembre de 1998. Los
precios de la cesta venezolana son ligeramente inferiores a los de
la cesta OPEP, y para el mes de febrero de 1999 (cuando Chávez
asume la presidencia) el precio de la cesta de exportación
venezolana llegó a cotizarse a $7,35 por barril y el promedió
para ese mes es de $8,43 (Lander, 2004).

8Para
una discusión detallada de estas reorientaciones de la
política petrolera venezolana, ver los textos incluidos en
"La reforma petrolera en Venezuela" (Tema central) (Revista
Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 2002; y Mommer,
2003).

9Usamos
el término ortodoxo para hablar de políticas de
carácter esencialmente neoliberales, las cuales son
promovidas por organismos multilaterales como el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional (FMI). Se ha usado frecuentemente el
término Consenso de Washington y más recientemente
Posconsenso de Washington para describir la aplicación de
estas medidas neoliberales en América Latina.

10
El promedio de la inflación en la década anterior
(1989-1998) había sido de 52,5%, llegando a un pico de 103,2%
en el año 1996 (BCV, 2006a).

11
Esta ley contiene las orientaciones básicas de protección
de la inversión extranjera contenidas en la mayor parte de
los tratados internacionales de libre comercio más
recientemente negociados. Establece una definición amplia de
inversión, el derecho al trato nacional (pudiéndose
reservar determinados sectores para el Estado o para el
inversionista venezolano); las inversiones no requerirán
autorización previa, salvo en caso en que la ley expresamente
lo indique; se introduce el concepto de "medidas equivalente a la
expropiación". En caso de expropiación, las
indemnizaciones serán a precios de mercado y éstas
"serán abonadas en moneda convertible y serán
libremente transferibles al exterior". Las controversias entre
inversionista y el Estado venezolano no se abordarán en los
tribunales nacionales, sino por vía diplomática o en
un tribunal arbitral internacional.

12
Banmujer fue creado en marzo de 2001.

13
Ver, por ejemplo, García, 2000 y Vera, 2001. Para otra
perspectiva ver Parker, 2003.

14
Se ha estimado que entre 1999 y 2001 el monto total de la fuga de
capitales llegó a $26,2 billones, 40% del monto de las
exportaciones petroleras en el mismo periodo (Blanco citado en
Parker, 2005, 139).

15
De acuerdo al Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales
(CISOR): "Las acciones de la política social se han
orientado más a la supresión de limitaciones políticas
(falta de poder y de contextos para participar) y culturales
(ausencia de reconocimiento y desvalorización de los estilos
de vida), que a la remoción de obstáculos de
naturaleza económica (pobreza e inequidad). Desde ese punto
de vista, no parece enrumbarse la política social a subsanar
las privaciones de libertad o limitaciones que ocasionan las
injusticias socioeconómicas. Esto es debido a que la pobreza,
desde la perspectiva del actual gobierno, es producto no de las
condiciones de productividad, sino de las relaciones sociales de
dominación y explotación" (Parra y Lacruz, 2003,
80).

16
"Hay una orientación hacia el estímulo de modos de
organización relacionados con la economía social. Así,
las cooperativas se consideran como instrumentos ideales para la
política social, pues: favorecen la organización de
base; fomentan el empleo; eliminan la intermediación entre la
producción y el comercio. Al ser el problema de la exclusión
social causado por una situación de mala distribución
de la riqueza y de una exclusión política, la solución
se encuentra entonces en una mejor participación en la
distribución de bienes y en modos participativos y
democráticos de organización social. Por esto temas
como la economía social, la democratización de la
distribución de las tierras, la reestructuración del
régimen de remuneraciones y el fomento de las organizaciones
de base aparecen como soluciones al problema social. La
participación se convierte en una herramienta para la
transformación de las condiciones de vida" (Ibid., 39).

17
"La política social planteada es una política de
propagación de la ciudadanía, pero entendida como
aquella que haga efectivos todos los derechos humanos; y las
disposiciones constitucionales de 1999 amplían
considerablemente la extensión de estos derechos" (Ibid.,
80).

18
El balance más sistemático y confiable sobre los
resultados de la gestión pública referida a los
derechos económicos, sociales y culturales es el informe que
produce todos los años el Programa Venezolano de Educación
Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
[http://www.derechos.org.ve/].

19
Este conjunto de leyes fue decretado por el Presidente Chávez
de acuerdo a la atribución que le otorgó la Asamblea
Nacional en noviembre de 2000 mediante la "Ley que Autoriza al
Presidente de la República para dictar Decretos con Fuerza de
Ley en las materias que se delegan" (Ley Habilitante 2000).

20
Ley de Transformación del Fondo de Inversiones de Venezuela
en el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela
(MPD, 2001c).

21
Ley Para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y
Mediana Industria (MPD, 2001d).

22
"El presente Decreto Ley tiene como objeto crear, estimular,
promover y desarrollar el Sistema Microfinanciero orientado a
facilitar el acceso a los servicios financieros y no financieros, en
forma rápida y oportuna, a las comunidades populares y
autogestionarias, las empresas familiares, las personas naturales
auto empleadas o desempleadas y cualesquiera otras formas de
asociación comunitaria para el trabajo, que desarrollen o
tengan iniciativas para desarrollar una actividad económica,
a objeto de integrarlas en las dinámicas económicas y
sociales del país" (MPD, 2001e).

23
"Al Fondo Único Social le corresponde concentrar y
coordinar los procesos de captación, administración e
inversión de los recursos para optimizar el desarrollo y
ejecución de políticas, planes y programas destinados
a favorecer y fortalecer el desarrollo social, la salud integral y
la educación. Le compete impulsar la economía popular,
promover el desarrollo de microempresas y cooperativas como formas
de participación popular, en la actividad económica y
en la capacitación laboral de jóvenes y adultos"
(MPD, 2001f).

24
Ley de Reforma Parcial de la Ley Especial de Asociaciones
Cooperativas (MPD, 2001g).

25
La regalía como componente del régimen impositivo
tiene dos diferencias fundamentales en relación a un régimen
basado exclusivamente en el pago de impuestos a la ganancia. En
primer lugar, "La regalía (...) al basarse solamente en los
volúmenes producidos y en el precio mercantil, simplifica la
recaudación y obliga a un mayor esfuerzo por reducir costos,
compartiendo entre propietario e inversionista los riesgos
derivados, por ejemplo, de los precios" (Rodríguez Araque,
2002, 193-194). En segundo lugar, la regalía, a diferencia de
los impuestos a las ganancias correspondientes a actividades
comerciales o industriales, reconoce el hecho fundamental de que con
la explotación de un recurso no renovable como los
hidrocarburos, la nación venezolana, colectivamente, se hace
más pobre ya que está agotando una fuente riqueza que
pertenece a todos, que el petróleo venezolano no es un "don
libre de la naturaleza para las compañías y los
consumidores internacionales" (Mommer, 2003, 176).

26
Resulta interesante que mientras algunos de los críticos más
radicales del gobierno de Chávez lo critican por comunista
(Gómez, 2003), otros lo critican con similar radicalidad
acusándolo de neoliberal (Sonntag, 2003).

27
Mientras que durante los primeros dos años del gobierno de
Chávez la CTV se encontró en la defensiva, ya para
2001 como resultado de un proceso de reforma organizativa su
liderazgo se había consolidado y mostraba una creciente
agresividad respecto al gobierno (Ellner, 2003a, 217-218).

28
Este deterioro se incrementa rápidamente tras la condena
televisada del presidente Chávez a la invasión de
Afganistán por los Estados Unidos en respuesta a los ataques
terroristas ocurridos el 11 de septiembre de 2001 en los Estados
Unidos.

29
La cifra para 2001 era de 12,3%.

30
Fondo de Inversión para la Estabilización
Macroeconómica.

31
El 12 de abril, el día después del golpe, Thomas
Dawson, el director de relaciones exteriores del FMI, le dice a
periodistas "estamos listos para asistir a la nueva administración
de la manera que estimen conveniente" (FMI, 2002).

32
Por falta de espacio no es posible tratar los sucesos de los días
referentes al golpe de Estado de abril de 2002 con más
detalle. Para mas información respecto a los sucesos,
especialmente el rol de de los medios privados de comunicación,
ver el documental irlandés The Revolution Will Not Be
Televised (Bartley y O'Briain, 2003). Respecto el papel de los
Estados Unidos en apoyar al golpe, ver Golinger, 2005; 2006; Lander,
2002.

33
En mayo de 2002 el jefe del equipo económico, Jorge Giordani,
en el Ministerio de Planificación y Desarrollo, es sustituido
por Felipe Pérez; en el Ministerio de Finanzas, el economista
Tobías Nóbrega remplaza a Nelson Merentes; en julio de
2002 Gastón Parra es remplazado como presidente de PDVSA por
Alí Rodríguez, quien -en ese momento- es
considerado un candidato del consenso.

34
Para un análisis detallado sobre este tema y la actuación
de cada uno de los elementos que la componen, incluyendo el
altruismo, ver Pérez, 2002; Wilpert, 2003a.

35
Dada la importancia que la paralización de PDVSA tiene en el
paro y el comportamiento golpista de sectores de la gerencia alta y
media de la empresa durante el paro, comúnmente se usa el
término paro/sabotaje empresarial-petrolero para referirse al
paro. Nosotros usaremos el término paro petrolero desde
ahora.

36
En diciembre, el promedio de producción se redujo a 707.000
b/d; el promedio de enero ha sido estimado en 738.000 b/d; durante
febrero, 1.865.000 b/d; y ya para finales marzo se habían
recuperado los niveles normales, promediando ese mes 2.672.000 b/d
(Lander, 2004).

37
Dado el efecto multiplicador que hubiesen tenido estos ingresos
fiscales, el costo real del paro petrolero para la economía
fue aún mayor.

38
De acuerdo a Lope Mendoza, presidente de Conindustria, durante el
periodo 1999-2002, se produjo una fuga de capitales por un monto
total de 33.179 millones de dólares, superior a la cifra
total de los cuarenta años anteriores (Leon, 2003).

39
El PIB cae un 8,9% en el año 2002 (BCV, 2006c).

40
Un total de 18.756 trabajadores no fueron reincorporados después
de la finalización del paro (PROVEA, 2003, 47).

41
En la consideración de estas vulnerabilidades tampoco puede
ser pasado por alto el uso que durante décadas ha hecho el
gobierno de los Estados Unidos del comercio como arma política,
en especial en el bloqueo a Cuba.

42
Los lineamientos principales de ésta, con raíces en el
desarrollismo cepalino, caracterizada como proyecto de "desarrollo
endógeno", están contenidas en MPC, s. f.

43
De acuerdo con el equipo que trabajó esta propuesta en el
Ministerio de Planificación y Desarrollo, la "economía
social" "es una economía alternativa", donde "priman
las prácticas democráticas y autogestionarias". Está
"motorizada por las formas de trabajo asociado y no asalariado y
la propiedad sobre los medios de producción es colectiva
(salvo en el caso excepcional de las microempresas)". Está
"centrada en el reparto igualitario del excedente", es
"solidaria con el entorno social en que se desarrolla" y está
"aferrada a su propia autonomía frente a los centros
monopólicos del poder económico o político".
Está orientada por los siguientes principios éticos:
"1. La expansión de los valores democráticos y
libertarios hacia todas las prácticas sociales. 2. El
compromiso de hermandad y solidaridad con los entornos comunitarios
y laborales en que nos movemos. 3. El encuentro igualitario con el
otro. 4. La lucha por la plena libertad y dignificación de
nuestras naciones. 5. El profundo amor hacia la tierra y la
naturaleza. 6. El respeto absoluto por los derechos humanos. 7. La
prioridad del interés general sobre los intereses
individuales" (MPD, 2004). Para una discusión más
amplia del sentido de la economía social dentro del proyecto
de cambio en Venezuela, ver Vila Planes (2003).

44
Para octubre de 2003 el presidente Chávez había
anunciado la creación de siete misiones gubernamentales para
combatir la pobreza (Wilpert, 2003b). Para noviembre de 2006
existían 19 diferentes misiones (MRE, 2006). Ver ILDIS, 2006
para una evaluación compresiva de algunas de las principales
misiones gubernamentales.

45
En marzo de 2004 organizaron una serie de vandálicas acciones
en varias ciudades llamadas ‘guarimbas', que incluyeron la
obstrucción del tránsito en varias zonas y la
destrucción de propiedades públicas y privadas
valoradas en centenares de millones de bolívares (Díaz
Rangel, 2006, 184).

46
Después de muchos conflictos sobre la cantidad y la validez
de las firmas presentadas, en abril de 2004 se confirmó que
la oposición había recogido las firmas
correspondientes a más del 20% del registro electoral
nacional.

47
Éstas son: elecciones presidenciales de 1998, referendo sobre
convocatoria a Asamblea Constituyente (1999), elecciones para
Asamblea Constituyente (1999), referendo aprobatorio de la nueva
Constitución (1999), elecciones presidenciales y de
gobernadores (2000), elecciones de alcaldes (2000) y el referendo
revocatorio de 2004.

48
Candidatos gubernamentales ganaron casi trescientas alcaldías,
veinte de las veintidós gobernaciones y la mayoría de
diputados a los Consejos Legislativos Regionales.

49
Éstos son: "1. Avanzar en la conformación de la
nueva estructura social. 2. Articular y optimizar la nueva
estrategia comunicacional. 3. Avanzar aceleradamente en la
construcción del nuevo modelo democrático de
participación popular. 4. Acelerar la creación de la
nueva institucionalidad del aparato del Estado. 5. Activar una nueva
estrategia integral y eficaz contra la corrupción. 6.
Desarrollar la nueva estrategia electoral. 7. Acelerar la
construcción del nuevo modelo productivo, rumbo a la creación
del nuevo sistema económico. 8. Continuar instalando la nueva
estructura territorial. 9. Profundizar y acelerar la conformación
de la nueva estrategia militar nacional. 10. Seguir impulsando el
nuevo sistema multipolar internacional" (MINCI, 2004, 29-30).

50
Chávez famosamente repite este pronunciamiento en el V Foro
Social Mundial en Porto Alegre, Brasil, en enero de 2005. Según
Chávez, este socialismo será diferente del socialismo
del siglo XX, y aunque no precisa cómo, da a entender que no
será un socialismo de Estado, tal como se implementó
en la Unión Soviética y la Europa del Este, o que
actualmente existe en Cuba (Wilpert, 2006).

51
Fueron 26 MNC (incluyendo Chevron) que "migraron" a este
acuerdo, y 2 que no aceptaron y fueron expulsadas del país:
Total de Francia y ENI de Italia.

52
En el mes de agosto del mismo año, el Parlamento acordó
aumentar la tasa del impuesto sobre la renta que se cobra a las
empresas que participan en la explotación del petróleo
pesado de la Faja del Orinoco del 34% al 50% (La Jornada, 2006).

53
Entre los años 2000 y 2005, los ingresos totales de la
empresa se incrementaron en un 61%, y la contribución de la
empresa a la nación dio un salto del 121%. Sin embargo, en
ese mismo lapso, la participación de la nación sólo
pasó del 21% al 29,1% de los ingresos totales de la empresa.

54
En 1998, el gasto público como porcentaje del PIB fue del
23,7%. En 2001 fue del 31,6%. En 2005 fue del 29,5%. Entre 1998 y
2005, el gasto público como porcentaje del PIB ha aumentado
un 25,5%.

55
Durante el gobierno de Chávez, el gasto social como
porcentaje del gasto público ha aumentado un 17,6%, pasando
del 34,6% en 1998 al 40,7% en 2005. Durante este mismo periodo, el
gasto social como porcentaje del PIB ha aumentado un 46,3%, pasando
del 8,2% en 1998 al 12% en 2005. En educación, por ejemplo,
de 1998 a 2005, el gasto público real per cápita se ha
incrementado en un 80%, con un gasto público anual en
educación que supera el 4% del PIB (SISOV, 2006b; Weisbrot et
al, 2006).

56
El acuerdo que llevó a la creación de Petrocaribe se
firmó en septiembre de 2005 e incluye a 13 países del
CARICOM más Cuba y República Dominicana (Lai, 2006).

57
De acuerdo a la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e
Industria, en el año 2005, aproximadamente el 70% del
petróleo venezolano se dirigía al mercado de los
Estados Unidos (Venamcham, 2005).

58
El avance y el fortalecimiento de los movimientos de resistencia a
la globalización neoliberal han tenido claras expresiones en
los Foros Mundiales realizados desde su inicio en Porto Alegre en
2001 hasta los realizados en Bamako, Karachi y Caracas en 2006. Los
movimientos de oposición a las políticas de ajuste
estructural, y en particular a las privatizaciones, han cosechado
importes éxitos en el continente, como es el caso de la
Guerra del Agua en Cochabamba en 2000. Igualmente importante, desde
el punto de vista del contexto geopolítico continental en el
cual opera el gobierno venezolano, han sido las victorias
electorales de candidatos y partidos considerados como
"progresistas" o de izquierda en buena parte de América
del Sur en los últimos años.

59
Los gobiernos de AD y COPEI, desde el principio de la democracia de
Punto Fijo, habían sido gobiernos muy incondicionales de los
Estados Unidos.

60
Durante los primeros años del gobierno de Chávez, como
en muchas áreas, no hubo una visión clara de lo que
ocurría en las negociaciones del ALCA, la OMC o los tratados
de libre comercio en general. Es a partir de la III Cumbre de las
Américas, realizada en Québec en abril de 2001, cuando
el gobierno venezolano reserva su posición sobre la
definición de la democracia como exclusivamente "democracia
representativa" y sobre el cronograma de la negociaciones, que
Venezuela empieza un cuestionamiento sistemático del ALCA
como un proyecto que favorece a las TNC de los Estados Unidos en
detrimento del desarrollo de los países latinoamericanos y de
las condiciones de vida de la mayor parte de la población de
todo el continente.

61
Durante los primeros años del gobierno de Chávez, como
en muchas áreas, no hubo una visión clara de lo que
ocurría en las negociaciones del ALCA, la OMC o los tratados
de libre comercio en general. Es a partir de la III Cumbre de las
Américas, realizada en Québec en abril de 2001, cuando
el gobierno venezolano reserva su posición sobre la
definición de la democracia como exclusivamente "democracia
representativa" y sobre el cronograma de la negociaciones, que
Venezuela empieza un cuestionamiento sistemático del ALCA
como un proyecto que favorece a las TNC de los Estados Unidos en
detrimento del desarrollo de los países latinoamericanos y de
las condiciones de vida de la mayor parte de la población de
todo el continente.

62
Ver Arreaza (2004) para un resumen de información sobre el
ALBA publicado por el Banco de Comercio Exterior (Bancoex) de
Venezuela.

63
El gobierno venezolano es el accionario mayoritario en TELESUR,
proporcionando el 51% del financiamiento.

64
En ese momento, la CAN estaba compuesto por Colombia, Bolivia,
Ecuador, Perú, y Venezuela.

65
Los ‘lanceros' (el nombre dado a participantes en el programa),
en su gran mayoría graduados recientes de las misiones
educativas, reciben una beca gubernamental y entrenamiento en una
variedad de oficios en el área de la producción y de
los servicios, con un énfasis en el trabajo dentro de
cooperativas. Dadas las necesidades inmediatas del país, el
programa empezó centrándose en el desarrollo de la
agricultura. El 50% de las becas del programa se entregaban para la
formación en el sector agrícola y el 30% para la
formación en el sector industrial (poniendo énfasis en
la industria alimentaria y la producción de ropa y de
calzado) (Lebowitz, 2006, 98).

66
Elementos esenciales del aspecto ideológico del programa
incluyen: atacar la división entre los que piensan y los que
hacen, rechazar el trabajo asalariado como tal y promover la
propiedad colectiva.

67
Los NUDE son "áreas o localidades con potencial de
desarrollo endógeno de acuerdo a sus propias características
históricas y culturales" y para conformarlas "se convoca
a los habitantes de las localidades cercanas a la formación
técnico-productiva y socio-política, orientadas al
posterior desarrollo de una actividad cogestionaria o
autogestionaria en el objetivo de desarrollo" (MINEP, 2005,
30-31).

68
Según fuentes oficiales, para el 9 de junio de 2006 había
627.539 lanceros inscritos en la Misión Vuelvan Caras y,
hasta 2005, se habían graduado 264.720 lanceros. Hasta junio
de 2006 había 6.814 cooperativas conformadas por los lanceros
y, para la fecha del 18 de noviembre de 2006, se habían
otorgado 954 millardos de bolívares en créditos y
existían 130 NUDE en funcionamiento (MRE, 2006).

69
Con la creación del MINEP, se reemplazó el Ministerio
de Economía Social, que fue creado en 2002.

70
La mayoría de estas nuevas instituciones financieras, como
Banmujer y el Fondo de Desarrollo Microfinanciero (Fondemi), fueron
creadas en 2001 como resultado de las Leyes Habilitantes y, junto
con las instituciones financieras que ya existían, han sido
el "bastión del modelo de economía social"
(Fergusson, s. f.).

71
Mientras que la constitución de 1999 exige que el Estado
promueva y proteja las cooperativas (artículos 118 y 308),
sólo tras la aprobación de la Ley Especial de
Asociaciones Cooperativas, en agosto de 2001 (MPD, 2001g), es que se
vio un aumento significativo en el número de cooperativas en
Venezuela.

72
Oscar Bastidas, Coordinador General del Centro de Estudios de la
Participación, la Autogestión y el Cooperativismo
(CEPAC) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), ha hablado de
un "cementerio" de cooperativas (Fox, 2006b). A partir del 15 de
agosto de 2006, el MINEP, el SUNACOOP y el Instituto Nacional de
Estadísticas (INCE) realizaron el primer censo cooperativo
con el objetivo de actualizar y optimizar el sistema de información
del registro nacional de cooperativas. En noviembre de 2006, el
director de SUNACOOP, Carlos Molina, dijo que representantes de
37.552 cooperativas (21,7% de las 172.899 cooperativas registradas
hasta septiembre de 2006) se acercaron al censo. Los resultados
finales del censo estarán listos a principios de 2007. Las
cooperativas que no se censaron saldrán del registro de la
SUNACOOP porque se supone que no están activas (Contreras
Altuve, 2006).

73
El gobierno "propone a los empresarios, empresarias, trabajadores
y trabajadoras, un Acuerdo Marco para garantizar la soberanía
económica, democratizar las relaciones de producción y
lograr la inclusión productiva de los ciudadanos y
ciudadanas" (MILCO, 2006).

74
La concepción de las EPS está en gran medida
influenciada por el libro Mas allá de Capital del filosofo
húngaro István Mészáros (Lebowitz,
2006).

75
Para ser calificadas de EPS y obtener trato preferencial para
obtener créditos de bajo interés y contratos
estatales, las empresas deben cumplir una serie de requisitos tales
como "privilegiar los valores de la solidaridad, cooperación,
complementariedad, reciprocidad, equidad y sustentabilidad, antes
que el valor de la rentabilidad" (Wilpert, 2006). La propuesta de
las EPS está expuesta en forma más sistemática
en el libro Empresas de Producción Social: Instrumento para
el socialismo del siglo XXI (El Troudi y Mondero, 2006).

76
En las elecciones presidenciales realizadas el 3 de diciembre de
2006, Chávez fue reelecto como presidente de Venezuela hasta
2013, obteniendo el 62,8% del voto, en comparación con el
36,9% para el candidato de consenso de la oposición Manuel
Rosales (CNE, 2006b). A pocas semanas de su reelección, el
presidente Chávez llama a la creación de un "partido
unido socialista de Venezuela" con el propósito de lo que
llama construir el socialismo "desde abajo" vía este
nuevo partido. El 5 de enero de 2007, Chávez anuncia una
serie de medidas que incluyen una reforma constitucional y la
renacionalización de algunas industrias estratégicas
del país, tales como la electricidad y las
telecomunicaciones. Aquí, Chávez caracteriza el
periodo 1999-2006 de su presidencia como la "fase de transición"
y dice que se ha entrado a una nueva era, lo que denomina el
Proyecto Nacional Simón Bolívar de 2007-2021 (Wilpert,
2007). El 10 de enero, durante su discurso de juramento, Chávez
plantea la necesidad de impulsar "cinco motores" de "la nueva
etapa del proyecto de construcción nacional Simón
Bolívar", según la cual él asegura que se
consolidara la etapa de la "Venezuela socialista". Estos motores
son: una Ley Habilitante mediante la
cual se reformarán un
conjunto de leyes; una reforma constitucional que incluye la
propuesta para la reelección presidencial indefinida; una
jornada nacional para la educación popular, una nueva
geometría del poder basada en un cambio de lo
político-territorial con el fin de crear un sistema de
ciudades y territorios federales; y finalmente el quinto motor seria
la "explosión del Poder Comunal" que implicaría
"que los consejos comunales deberán trascender el ámbito
local, para formar federaciones y confederaciones que estudien las
necesidades del territorio y participar en la nueva ordenación
territorial socialista". A partir de este momento, se anuncia una
nueva etapa en la construcción de lo que se ha llamado el
socialismo del siglo XXI.

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