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por Walden Bello*
El colapso de la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio el lunes 24 de julio en Ginebra es una de las mejores cosas que le han sucedido al mundo en desarrollo en mucho tiempo.
En las pasadas dos semanas, anticipando la reunión del Consejo General de la OMC a realizarse el 27 y 28 de julio, se montó un enorme esfuerzo con vistas a salvar del colapso a la “Ronda de Doha” de negociaciones mundiales sobre el comercio. El esfuerzo más destacado tuvo lugar en la cumbre del G8 en San Petersburgo, Rusia, donde los líderes de las economías más poderosas del mundo llamaron a terminar exitosamente la ronda, describiéndola como una “oportunidad histórica de generar crecimiento económico, crear potencial para el desarrollo y elevar los niveles de vida en todo el mundo”.
Eso no es más que un mito. La idea de que la Ronda de Doha es una “ronda de desarrollo” no podría estar más lejos de la verdad.
En el mismo origen de las negociaciones de Doha en noviembre de 2001, los gobiernos de los países desarrollados rechazaron la demanda de la mayoría de los países de que las conversaciones se centraran en la dura tarea de implementar los compromisos pasados y evitar la iniciación de una nueva ronda de liberalización del comercio. Desde el comienzo mismo la meta de los países desarrollados fue promover mayor apertura de los mercados en los países en desarrollo a cambio de concesiones mínimas de su parte. Invocar al desarrollo no fue más que una estratagema cínica para que el proceso fuera menos desagradable.
Negociaciones agrícolas sesgadas
El estado de las negociaciones en agricultura hasta esta debacle de hoy es un reflejo de eso. Incluso si Estados Unidos hubiese aceptado los términos del compromiso planteado por el director general de la OMC de reducir su ayuda interna, todavía mantendría subsidios masivos admisibles superiores a US$ 20.000 millones. Aunque la Unión Europea acordara la eliminación progresiva de sus subsidios a la exportación, esto significaría dejar 55.000 millones de euros en otras formas de ayuda a la exportación. A cambio de estas mínimas concesiones, Estados Unidos y la UE y los demás países desarrollados pretendían obtener reducciones radicales de los aranceles para sus exportaciones agrícolas en los mercados de los países en desarrollo.
Es un hecho que Estados Unidos, incluso en una etapa muy avanzada de las negociaciones, se mostró determinado a eliminar cualquier protección para los campesinos de los países en desarrollo. La representante de comercio de Estados Unidos, Susan Schwab atacó las disposiciones sobre “productos especiales” y los “mecanismos de salvaguardia especial” ya institucionalizados en la declaración Ministerial de Hong Kong de diciembre de 2005. Aunque es admisible que estos mecanismos son imperfectos, igualmente son una herramienta que permite que los gobiernos puedan enlentecer el deterioro de la agricultura local al exonerar a algunos productos de las reducciones arancelarias y subir los aranceles a las importaciones subsidiadas.
Si llegasen a concluirse en estos términos sesgados, las negociaciones de la OMC provocarían una reducción drástica de los aranceles agrícolas de los países pobres e impedirían a estos países mantener su seguridad alimentaria. Esta es una receta para la expansión masiva del hambre y amenaza con empobrecer aún más a cientos de millones de pobres en todo el mundo. Las consecuencias para el Sur aparecen quizá mejor resumidas por las declaraciones de un negociador del gobierno filipino en el Comité de Agricultura de la OMC: “nuestros sectores agrícolas que son estratégicos para la seguridad alimentaria y el empleo rural ya han sido desestabilizados porque nuestros pequeños productores están siendo salvajemente aplastados por la injusticia que reina en el comercio internacional. Incluso ahora mientras yo hablo, nuestros productores están siendo aplastados en nuestros propios mercados, [e] incluso hasta los más resistentes y eficientes están sufriendo”.
El fantasma de la desindustrialización
Pero los países desarrollados no sólo quieren reducir drásticamente los aranceles agrícolas de los países en desarrollo. También quieren obtener el mayor acceso posible a los mercados del Sur para sus productos industriales y otros bienes no agrícolas. En las negociaciones del AMNA (Acceso al Mercado de productos No Agrícolas), han exigido que las economías en proceso de industrialización del Sur recorten los aranceles no agrícolas entre un 60 y 70%, a la vez que ofrecen reducir las propias solamente entre un 20 y un 30%.
Esto no sólo viola el principio de “reciprocidad menos que plena” del GATT-OMC, además es de una inequidad absurda. El gobierno sudafricano reflejó las frustraciones de la mayoría del Sur global sobre el proceso de Doha cuando declaró que “los países en desarrollo no acordarán destruir su industria nacional en función de las demandas irracionales y faltas de sentido de los países desarrollados”.
La extinción de la agricultura y la desindustrialización no son el único precio que se les exige a los países en desarrollo para lograr una conclusión exitosa de Doha. Además, en el marco de las negociaciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) en la OMC, se les pide que le otorguen más derechos a las empresas extranjeras para comprar y controlar los servicios públicos de los países en desarrollo, a costa de la garantía de servicios públicos esenciales para los pobres.
La ecuación costo-beneficio
Ya no son sólo los países en desarrollo o la sociedad civil mundial quienes advierten que la liberalización administrada por la OMC será perjudicial para los intereses del mundo en desarrollo. Incluso las agencias pro-liberalización están admitiendo ahora que los beneficios de la Ronda de Doha para los pobres han sido muy inflados. Según un estudio de otoño (del hemisferio norte) de 2005 del Banco Mundial, en un “escenario probable de Doha” de reformas, los países en desarrollo podrían ganar solamente US$
16.000 millones en diez años. Esto no es más que un minúsculo 0,16% del producto bruto interno, o menos de un penique diario per cápita. Se prevé que el millar de millones de personas más pobres aumentaría sus ingresos en sólo US$ 2 por año. Es por esto que resulta tan desgarrador ver como se invoca a “los pobres” para vender el proyecto de expansión masiva de las grandes empresas que promueve el programa de Doha.
Sin embargo, el estudio del Banco Mundial de 2005, aunque menos irrealista que otros estudios anteriores de la agencia, es sumamente insuficiente, ya que no toma en cuenta los muchos costos que impone el régimen de la OMC a los países en desarrollo. No incluye, por ejemplo, el impacto negativo de los monopolios de patentes en manos corporativas en el marco del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio (ADPIC), que obliga a los pobres a pagar precios mucho más altos para acceder a medicinas vitales.
Algunos estiman que estos costos para los países en desarrollo son por lejos mayores que las supuestas ganancias derivadas de la liberalización. Por ejemplo, un estudio reciente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés) prevé que las pérdidas por ingresos arancelarios para los países en desarrollo en el marco de Doha podrían rondar entre US$ 32.000 millones y US$ 63.000 millones por año. Esta pérdida de ingresos de los Estados nacionales -ingresos que solventan la atención de la salud, la educación, el servicio de agua y saneamiento en los países en desarrollo- es entre dos y cuatro veces más grande que los beneficios de US$ 16.000 millones proyectados por el Banco Mundial.
África, la región menos desarrollada, será una de las zonas que sufrirá las peores consecuencias en caso de que esta ronda termine exitosamente. En un resumen de las conclusiones de las investigaciones recientes realizadas por el Carnegie Endowment, la Comisión Europea y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Aileen Kwa de Focus on the Global South señala que “la mayoría de la población del África enfrentará pérdidas tanto en agricultura como en la liberalización de los bienes industriales. Incluso si se abrieran mercados de exportación agrícola para el África, la mayoría de los productores rurales africanos -que practican agricultura de subsistencia- no podrán competir. Además perderán ante la obligación de abrir sus mercados internos en el marco de las negociaciones. Los países más pobres de África serán los más golpeados -muchos son países menos adelantados en África sub-Sahariana y África Oriental”.
Sustraerse del paradigma de la OMC
En suma, no solamente los costos económicos de una potencial conclusión de la Ronda de Doha superan claramente cualquier beneficio que pueda proyectarse para los pobres, sino que la pérdida de espacio político de los países en desarrollo -para crear puestos de trabajos a través de la industrialización, garantizar los servicios públicos y proteger a sus agricultores y su seguridad alimentaria- equivaldría a patear lejos la escalera del desarrollo, para usar la imagen del economista de la Universidad de Cambridge Ha Joon Chang, e impedir así que las naciones en desarrollo puedan hacer uso de las mismas herramientas que antes usaron las desarrolladas para salir por sí mismas de la pobreza.
El libre comercio es tan claramente perjudicial para el desarrollo que en un estudio reciente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se aconseja a los países pobres de Asia hacer lo mismo que hicieron con tanto éxito Japón y Corea del Sur: proteger sus industrias claves con aranceles, antes que exponerlas a la competencia extranjera. Para promover el desarrollo y reducir la pobreza, se debería alentar a los gobiernos a aumentar el gasto público en salud, educación, acceso al agua y otros servicios esenciales, en lugar que presionarlos a malvender esos servicios a las empresas extranjeras que pretenden lucrar con ellos.
El comercio puede ser un vehículo de desarrollo. Lamentablemente, el sistema de la OMC subordina el desarrollo al libre comercio dirigido por las grandes empresas y margina aún más a los países en desarrollo. Es tiempo de abandonar las ilusiones sobre los supuestos efectos beneficiosos de la Ronda de Doha. El colapso de la Ronda Doha será bueno para los pobres. Tras este fracaso de las conversaciones en la OMC, la tarea que debemos abordar es la creación de marcos alternativos y de instituciones diferentes a la OMC y los otros mecanismos del comercio neoliberal, que permitan que el comercio verdaderamente beneficie a los pobres.
