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"AQUI ESTAMOS Y NO NOS VAMOS!": LA LUCHA POR LOS DERECHOS DE LOS INMIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS
por William I. Robinson*
Los inmigrantes latinos han iniciado una lucha frontal y acérrima contra la represión, la explotación y el racismo que enfrentan diariamente en Estados Unidos, a través de una serie de huelgas y manifestaciones sin precedente. Las movilizaciones comenzaron cuando medio millón de inmigrantes y simpatizantes con su causa tomaron las calles de Chicago el 10 de marzo. Fue la protesta singular más grande en la historia de esta ciudad. A la manifestación de Chicago le siguieron nuevas huelgas y protestas en otras ciudades, grandes y pequeñas, en todo el país.
El 25 de marzo fueron millones los que se manifestaron en el "día nacional de acción". Entre uno y dos millones de personas participaron en la manifestación de la ciudad de Los Angeles -la manifestación singular de protesta pública más grande en la historia de esta ciudad- y millones más lo hicieron en las distintas manifestaciones en Chicago, Nueva York, Atlanta, Washington DC, Phoenix, Dallas, Houston, Tucson, Denver y decenas de ciudades más. Nuevamente el 10 de abril, millones de personas fueron convocadas en otro día de protesta. Además, cientos de miles de estudiantes de secundaria de Los Angeles y todo el país realizaron acciones de solidaridad en apoyo de sus familias y comunidades, enfrentando la represión policial y sanciones legales. El mensaje es claro y evidente en las consignas de los manifestantes "¡aquí estamos y no nos vamos!".
Estas protestas no tienen precedente en la historia de Estados Unidos. El elemento que disparó esta crisis fue la aprobación a mediados de marzo en el Parlamento del proyecto de ley conocido como el HR4437. Si llegara a aprobarse, esta ley draconiana presentada por el Representante republicano James Sensenbrenner y que ha sido ampliamente apoyada por los grupos de presión contrarios a la inmigración, criminalizará a los inmigrantes indocumentados, ya que convierte en delito estar en territorio estadounidense sin documentación. También estipula la construcción de las primeras 700 millas de un muro militarizado en la frontera entre México y Estados Unidos, y duplica el tamaño de la "Border Patrol", la Patrulla fronteriza estadounidense. Además, se crean sanciones penales para cualquiera que ayude de algún modo a los inmigrantes indocumentados, incluyendo a iglesias, grupos humanitarios y agencias de servicio social.
Tras su aprobación en la Cámara de Representantes, el proyecto de ley HR4437 se estancó en el Senado. El Senador demócrata Ted Kennedy y el republicano John McCain co-auspiciaron un proyecto de ley "conciliatorio" en el cual se elimina la cláusula de criminalización prevista en el HR4437 y se establece un plan limitado de amnistía para algunos indocumentados. En el marco de este plan, quienes pudieran comprobar que han residido en Estados Unidos por un lapso de al menos 5 años podrían tramitar la residencia y posteriormente la ciudadanía.
A quienes hubieran residido en Estados Unidos por un período de entre dos y cinco años, se les exigiría que retornen a sus países y luego podrían tramitar a través de las respectivas embajadas estadounidenses un permiso de "trabajador invitado". Quienes no pudieran demostrar su presencia en territorio estadounidense por un período de dos años serían deportados. Incluso en el marco de esta ley "conciliatoria" se podrían producir deportaciones masivas y la intensificación del control sobre el conjunto de los inmigrantes. No obstante, la misma finalmente fue descartada debido a la oposición de los Republicanos, y a fines de abril el proceso legislativo quedó en punto muerto. Es probable que cualquier acción legislativa posterior se posponga hasta la realización de las elecciones para el Congreso en noviembre de 2006.
Pero la ola de protestas va mucho más allá del HR4437. Representa el despertar de la bronca y el repudio acumulados ante la profundización de la explotación, la escalada represiva contra los inmigrantes y el racismo.
Los inmigrantes han sido víctimas de todos los abusos imaginables en los últimos años. Ya en dos oportunidades se les ha negado en California el derecho a obtener licencias de conducir. Esto significa que deben depender de un transporte público insuficiente o inexistente o arriesgarse a manejar en forma ilegal; mayor importancia tiene incluso, que la licencia de conducir es a menudo la única forma de documentación legal para realizar transacciones tan esenciales como el cobro de cheques o tomar en alquiler un apartamento. Los 3.000 kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos están cada vez más militarizados y miles de inmigrantes han muerto al cruzar la frontera. Los grupos que odian a los inmigrantes están en auge. Hoy, un discurso público desembozadamente racista, que hace unos años habría sido considerado extremo, se ha transformado en una corriente de opinión aceptable y es posible escucharlo en los medios masivos de comunicación.
Pero todavía más amenazante es que la organización paramilitar Minutemen, una versión moderna del Ku-Klux-Klan pero contra los latinos, haya ampliado su radio de acción, extendiéndose hacia otras partes del país desde su lugar de origen a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos en Arizona y California. Minutemen reclama que es necesario "asegurar la frontera" para suplir la falta de control por parte del estado. Este discurso, además de ser racista es neo-fascista. Algunos de sus integrantes han sido filmados con camisetas impresas con la consigna "¿mataste a un mexicano hoy?", mientras otros organizan "safaris humanos" con fines de lucro en el desierto. Los clubes de los Minutemen son auspiciados por organizadores de derecha, hacendados ricos, empresarios y políticos. Pero su base social se encuentra entre los sectores de la clase trabajadora blanca antes privilegiados, que fueron desplazados por la reestructura económica, la flexibilización laboral y la fuga mundial de capitales. Estos sectores toman ahora como chivo expiatorio a los inmigrantes -con el aplauso oficial-, a quienes culpan de su actual inseguridad y movilidad descendente.
Los inmigrantes y quienes los apoyan están organizados a través de redes en expansión, que incluyen iglesias, clubes de inmigrantes, grupos de derechos humanos, asociaciones de comunidades, medios de comunicación en castellano y medios progresistas, sindicatos y organizaciones que luchan por la justicia social. Las movilizaciones de los inmigrantes han provocado pavor entre los grupos dominantes. En abril, se reveló que KBR — una subsidiaria de Halliburton, la empresa del vice Presidente Dick Cheney, que tiene estrechos lazos con el pentágono y es una de las mayores contratistas de la guerra de Irak– ganó un contrato de US$ 385 millones de dólares para construir centros de detención a gran escala para inmigrantes, en caso que surja una "emergencia inmigratoria".
El tema de la inmigración coloca a los grupos dominantes ante una contradicción. El capital necesita la mano de obra barata y cumplidora que prestan los inmigrantes latinos (y de otros orígenes). Los inmigrantes latinos han engrosado masivamente los escalones más bajos de la plantilla laboral estadounidense. Proporcionan casi toda la mano de obra agrícola y buena parte de la mano de obra de hoteles, restaurantes, la construcción, el mantenimiento de edificios y el personal doméstico, el cuidado de niños, la jardinería, los servicios de entrega a domicilio, el empaque de carne vacuna y pollo, la venta minorista, y así podríamos seguir. Sin embargo, los grupos dominantes temen que una ola creciente de inmigrantes latinos conlleve una pérdida del control cultural y político, transformándose en una fuente de contra-hegemonía e inestabilidad, tal como sucediera en Paris con la mano de obra inmigrante durante el levantamiento contra la marginación y el racismo en esa capital europea el año pasado.
Los empleadores no quieren eliminar la inmigración latina. Por el contrario, quieren sostener esta vasta fuente de mano de obra explotable que subsiste en condiciones precarias, que no goza de los derechos civiles, políticos o laborales que sí tienen los ciudadanos estadounidenses, y que es desechable a través de la deportación. Es la condición de deportable la que desean preservar, ya que esa condición les asegura la capacidad de super-explotar con impunidad, y de descartar la mano de obra sin consecuencias en caso de que ésta se vuelva difícil de manejar o resulte innecesaria.
La administración Bush se opone al proyecto de ley HR4437, no porque esté a favor de los derechos de los inmigrantes sino porque debe jugar a buscar un equilibrio, a través de una fórmula que le permita ofrecer mano de obra estable y barata a los empleadores y al mismo tiempo un mayor control del Estado sobre los inmigrantes. La propuesta de Bush es la creación de un programa de "trabajadores invitados" que descarte la legalización de los inmigrantes indocumentados, los obligue a retornar a sus países de origen y a solicitar visas temporales de trabajo, y la aplicación de nuevas medidas de seguridad fronteriza más duras. Existe una larga historia de estos programas de "trabajadores invitados" que se remonta al Programa Bracero que trajo a Estados Unidos a millones de trabajadores mexicanos durante la escasez de mano de obra en la Segunda Guerra Mundial. Estos trabajadores fueron luego deportados, una vez que lo trabajadores nativos estuvieron nuevamente disponibles.
El movimiento por los derechos de los inmigrantes exige plenos derechos para todos los inmigrantes, incluida una amnistía, protecciones para los trabajadores, medidas de reunificación familiar, el establecimiento de un trámite que permita obtener la ciudadanía o la residencia permanente y no un programa de "trabajadores invitados" temporarios, y que se termine con todos los ataques contra los inmigrantes y se ponga fin a la criminalización de las comunidades de inmigrantes.
Uno de los mayores desafíos que enfrenta el movimiento es el de las relaciones entre la comunidad latina y la comunidad negra. Históricamente los afroamericanos engrosaron los escalones más bajos del sistema de castas estadounidense. Pero en sus luchas por los derechos civiles y humanos en las décadas de 1960 y 1970, los afroamericanos se organizaron, se politizaron y se radicalizaron. Los trabajadores negros se transformaron en líderes de la militancia sindical. Este proceso los transformó en mano de obra indeseable para el capital, en razón de su "indisciplina" e "incumplimiento".
A partir de la década de 1980, los empleadores comenzaron a deshacerse de los trabajadores negros y a contratar masivamente a inmigrantes latinos, coincidiendo con el período de desindustrialización y reestructura. Los negros pasaron de ser super-explotados a ser marginados, siendo víctimas del desempleo, los recortes de los servicios sociales, la encarcelación en masa, y una situación de represión creciente. Paralelamente, la mano de obra latina pasó a ser el nuevo sector super-explotado. Hace 15 años atrás nadie veía una sola cara latina en lugares como Iowa o Tennese, ahora es posible ver mexicanos, centroamericanos y otros trabajadores latinos en cualquier parte. Si bien es cierto que algunos afroamericanos han dirigido erróneamente su rabia por su marginación contra los inmigrantes latinos, la comunidad negra tiene un motivo de queja legitimo, ya que existe racismo contra los negros entre muchos latinos, que a menudo no tienen sensibilidad ante la lucha histórica y la experiencia contemporánea de los negros contra el racismo, y son reticentes a verlos como sus aliados naturales.
El aumento de la inmigración latina a Estados Unidos es parte del auge de la migración transnacional en todo el mundo, provocado por las fuerzas de la globalización capitalista. El corolario del surgimiento de una economía mundial integrada es el surgimiento de un mercado laboral verdaderamente mundial -aunque altamente segmentado. Hoy, el excedente de mano de obra en cualquier parte del mundo es reclutado y re-desplegado al lugar del mundo donde el capital transnacional lo necesite, a través de numerosos mecanismos. Se estima que la mano de obra inmigrante en el mundo entero supera los 200 millones de personas, según datos de las Naciones Unidas. Unos 30 millones se encuentran en Estados Unidos, y entre ellos, al menos 20 millones proceden de Latinoamérica. De estos 20 millones, unos 11 millones son indocumentados.
Los grupos de presión anti-ínmigrantes argumentan que estos inmigrantes "son un sifón que vacía la economía estadounidense". Sin embargo, la Red Nacional de Solidaridad con el Inmigrante (National Inmigrant Solidarity Network) señala que los inmigrantes contribuyen con US$ 7.000 millones a la seguridad social por año. Ganan US$ 240.000 millones, reportan US$ 90.000 millones y solamente se les reembolsan US$ 5.000 millones por devolución de impuestos. También contribuyen a la economía estadounidense con otros US$ 25.000 millones en atención de salud y servicios sociales. Pero ésta es una línea argumental limitada, ya que el gran tema es la cifra incalculable en millones de millones de dólares que generan los trabajadores inmigrantes en ganancias e ingresos para el capital, de la cual solamente una proporción insignificante vuelve a los inmigrantes en forma de salario.
Si la necesidad del capital de contar con mano de obra barata, maleable y deportable en los centros de la economía mundial es el principal factor de atracción para inducir la inmigración latina a Estados Unidos, el principal factor de expulsión y emigración es la devastación que han dejado dos décadas de neoliberalismo en Latinoamérica. La globalización capitalista -ajuste estructural, acuerdos de libre comercio, privatizaciones, la contracción del empleo público y los créditos, el desmembramiento de las tierras comunales, y otras medidas de este tipo, conjuntamente con la crisis política que generaron estas medidas- ha hecho implosión en miles de comunidades en toda Latinoamérica y ha desatado una ola de migración desde el campo a las ciudades y también hacia otros países, que solamente puede encontrar una analogía en el desarraigo y la migración masiva que tiene lugar en general al comienzo de las guerras.
La migración latina transnacional ha llevado a un crecimiento enorme en el monto total de remesas de dinero que realizan los trabajadores de origen latino a sus redes familiares extendidas en Latinoamérica. Los trabajadores latinoamericanos en el exterior enviaron a sus hogares unos US$ 57.000 millones en 2005, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estas remesas fueron la fuente principal de divisas extranjeras para la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica y Nicaragua, y la segunda fuente más importante para Belice, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Surinam, según el Banco. Los US$ 20.000 millones enviados en 2005 por unos 10 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos fueron superiores a los gastos de los turistas en ese país y solamente fueron superados por las exportaciones de petróleo y de las maquiladoras.
Estas remesas de dinero permiten a millones de familias latinoamericanas sobrevivir mediante la compra de productos sea importados en el mercado mundial o producidos a nivel local o por el capital transnacional. Fueron la base para la supervivencia de las familias en tiempos de crisis y ajuste, en particular para los sectores más pobres -actuando como redes de seguridad en sustitución de los gobiernos y los empleos fijos en el aporte de una seguridad económica. La emigración y estas remesas también sirven al objetivo político de la pacificación. La emigración latinoamericana a Estados Unidos se expandió drásticamente a partir de la década de 1980, y al hacerlo ayudó a disipar las tensiones sociales y a debilitar la oposición política y sindical a los regímenes e instituciones dominantes. Las remesas de dinero ayudan a compensar los desequilibrios macroeconómicos, y en algunos casos, a evitar un colapso económico, y al hacerlo respaldan el desarrollo de las condiciones políticas que permitan crear un ambiente favorable al capital internacional.
Por eso, toda la economía política del capitalismo mundial globalizado en el Hemisferio Occidental está directamente asociada al debate sobre los inmigrantes en Estados Unidos -la misma economía política que actualmente está siendo agudamente cuestionada en toda Latinoamérica por una ola de luchas populares de masas y un giro hacia la izquierda. La lucha por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos está, por este motivo, íntimamente ligada con la lucha más amplia de los latinoamericanos -y los habitantes del mundo entero- por la justicia social.
* Profesor de Sociología, Estudios Internacionales y Mundiales, y Estudios Latinoamericanos e Ibéricos, Universidad de California – Santa Bárbara
